La Generalitat se echó atrás a última hora con la campaña publicitaria para fomentar la inscripción en el registro de catalanes residentes en el Exterior que impulsó la Consellería dirigida por Raül Romeva. Cuando ya estaba adjudicado el proyecto a una empresa de publicidad y los primeros anuncios en los medios, un cargo del Departamento de la Presidencia ordenó que no se pagasen los servicios contratados. Alegó para ello, al menos internamente, la investigación abierta por la Fiscalía en relación al referéndum ilegal del 1-O.
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Así lo relató un trabajador de la Generalitat el pasado 11 de abril ante el juez titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga la organización de la consulta. Ya en ocasiones anteriores otros testigos han declarado en este mismo Juzgado que el Gobierno autonómico de Puigdemont no llegó a pagar los trabajos para los que les contrataron. Un trabajador de Unipost relató que cuando le entregaron el material del referéndum ni siquiera le dieron un albarán.
En busca de la malversación
Operaciones como estas son las que siguen de cerca los investigadores para determinar el delito de malversación por el que se acusa a varios de los líderes del procés, incluido al huido Puigdemont. Desde el Gobierno de Mariano Rajoy defienden que la consulta no se pagó con dinero público, lo que contradice la creencia de los jueces y la Guardia Civil. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantiene abierta una pieza secreta sólo centrada en la malversación. Fuentes de la investigación indican que la Guardia Civil ya le ha remitido los primeros informes desde que decidió abrir esa pieza separada a finales del pasado marzo.
En este caso es Jaume Mestre, responsable de Difusión Institucional, dependiente del Departamento de Presidencia, a cuya declaración ha tenido acceso íntegramente Vozpópuli. Según dijo, se contactó con tres empresas y se acabó escogiendo a Studios Dada al presentar la oferta “más buena” para la Administración. En un primer momento, el testigo cifró el precio en 9.000 euros, pero después dijo no estar seguro.
La publicidad sobre el registro de catalanes en el Extranjero encargada por la Generalitat llegó a publicarse, por ejemplo, el 23 de marzo de 2017 en el periódico La Vanguardia. Su diseño generó la rápida de reacción de partidos de la oposición como el el PSC, que presentó varias iniciativas en el Parlament solicitando información sobre el modo en el que se había encargado estos trabajos ya que, a su juicio, suponía una propaganda encubierta del referéndum.
En este caso concreto, además de la invitación a inscribirse en el registro, se apreciaba el contorno de Cataluña desprendida del resto del territorio que la rodea y una pregunta “Sí o no?”. Los socialistas, entre otros, consideraron que se hacía alusión directa la pregunta del referéndum y por ello pidieron conocer las instrucciones que se habían dado a la empresa de publicidad.
El testigo indicó al juez que la persona que estuvo al frente de los trabajos era la jefa de prensa de Exteriores Ana Molas. Ella fue la que le entregó el briefing con el objetivo a comunicar y el público objetivo, es decir, las instrucciones que luego se entregaron a la empresa de publicidad. En el proceso se hicieron después "cinco o seis modificaciones", también a petición de Ana Molas. “Nos decía: 'hay estos cambios que hacer'. Y se los pasábamos a agencia”, narró.
“El objetivo era el registro de los catalanes, tenían unas ventajas, se les daba tarjeta sanitaria, carnet joven”, relató el testigo. Preguntado por la Fiscalía acerca de si “una de las razones por las que se hacía este registro era para poder decidir sobre el futuro de Cataluña”, el testigo contestó afirmativamente: “Sí, me parece que era uno de los puntos”.
“¿Hicieron algún pago a Studios Dada con el presupuesto que le habían dado?”, preguntó la representante del Ministerio Público. “Nada, porque el director general (de Difusión, Ignasi Genovés) vino un día y dijo: ‘no se puede pagar esto’”, contestó el testigo, quien añadió que lo que recordaba es que les dijeron que la razón era porque “Fiscalía estaba investigando”. “Pero no sé más”, zanjó antes de asegurar que la empresa de publicidad tampoco reclamó nunca el dinero acordado.
En otro momento de su interrogatorio, se refirió a otra empresa de publicidad de Barcelona llamada NothingAD que también participó en la campaña promocional del registro. Según dijo, tampoco se le pagó nada a esta compañía. “Por el mismo motivo que Dada”, afirmó.
