Madrid se sitúa a la cola en servicios sociales en comparación con el resto de comunidades autónomas. Le siguen Valencia, Murcia, Canarias y Andalucía, por ese orden. Así lo pone de manifiesto el Índice DEC 2018 elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales y que ha sido presentado este lunes en el Ateneo de Madrid y que lleva siete ediciones.
Entre las causas que llevan a la región a ocupar el último puesto de su clasificación, los autores destacan que es una de las pocas comunidades que no dispone de un marco legislativo que reconozca derechos subjetivos en materia de servicios sociales. Además, el informe señala que Madrid "ha dado un paso atrás" al retirar la delegación de competencias en materia de Dependencia a las entidades locales.
Mientras que la media estatal del gasto por habitante al año llega a los 381,25 euros, en Madrid es de 338,28 euros, es decir, casi un 10% inferior al promedio del país. En el caso de Canarias el gasto es de 372,48 euros; el de Andalucía de 344,14 euros; en Valencia gastan 303,85 euros y en Murcia solo 297,12 euros.
En el otro extremo, País Vasco, Navarra y Castilla y León, comunidades mejor situadas en la clasificación, emplean 703,72, 575,63 y 433,22 euros por habitante al año, respectivamente. Es decir, la diferencia entre el gasto del sistema de servicios sociales vasco y el murciano es de más de 400 euros.
La red de servicios sociales básicos o de atención primaria de sus ayuntamientos y comarcas también ha influido en la mala nota para Madrid según los autores del estudio. Si la media estatal es de un profesional por cada 2.348 habitantes -lo que además situaría a España a la cola de Europa-, en la citada comunidad habría un trabajador del sector por cada 8.354 ciudadanos.
Reclaman 1.300 millones anuales
El informe advierte de que gastar más no es necesariamente hacerlo mejor: Extremadura y Asturias presentan índices de cobertura bajos para un esfuerzo económico muy elevado y, según el informe, esas comunidades han desarrollado sus servicios sociales dando la espalda al nivel local y solapando o dejando en sombra muchas coberturas.
El gasto presupuestado en servicios sociales por todas las administraciones en 2018 fue 18.871 (el 1,57% del PIB, en 2010 era el 1,68%); el 25,1% procede de ayuntamientos, el 61,4% de CCAA y un 13,5% de la Administración Central.
"España debería llegar al menos al 2% del PIB para los servicios sociales, en muchos países de la UE y de la OCDE solo la atención a la dependencia está por encima de ese 2% del PIB", ha detallado Luis Barriga, responsable de análisis económico.
Los directores de los servicios sociales reclaman 1.300 millones de euros anuales para igualar el esfuerzo realizado en 2010, antes del tijeretazo y una norma estatal que suponga una garantía de las prestaciones básicas comunes, además de una garantía de rentas básicas "para millones de trabajadores que no llegan a final de mes".
