Un puñetazo en la cara, un tabique nasal fracturado. Una mujer, que paseaba con sus hijos en el parque de la Ciudadela de Barcelona, fue agredida por un individuo al grito de "extranjera de mierda" y "vuélvete a tu país". Sus dos hijos depositaban en las papeleras algunos lazos amarillos. Los medios informativos regionales hablan de que "no hubo intención política en el ataque" y hasta apuntan a que los niños ensuciaban el parterre del recinto, donde tiene su sede el Parlamento catalán. Este extremo ha sido desmentido tajantemente por la atacada, que tuvo que ser atendida en un centro hospitalario.
Ciudadanos ha convocado una concentración ante el edificio de la Cámara. El esposo de la agredida milita en el partido naranja. Inés Arrimadas anunció la protesta para este próximo miércoles. El Partido Popular se ha sumado a la condena y ha reclamado a Pedro Sánchez que no 'mire hacia otro lado' cuando se producen estos ataques. Desde Escocia, Carles Puigdemont le recordaba al presidente del Gobierno que los conflictos empiezan cuando no se permite el derecho a la autodeterminación.
El pleno de la república
El verano toca a su fin en un clima de enorme tensión en Cataluña, que recuerda a episodios vividos hace un año, cuando los separatistas dieron el último empujón al 'procés' que derivó en la proclamación de independencia. Este próximo día 7 se cumple el primer aniversario de la celebración del agitado pleno parlamentario que aprobó la consulta y las leyes de desconexión. Algunas organizaciones democráticas pretenden salir a la calle para denunciar aquellos episodios y, sobre todo, condenar los actuales.
La Asociación por la Tolerancia, histórica entidad que combate desde hace décadas el nacionalismo, ha convocado una concentración para este próximo jueves, día 6, vísperas del mencionado pleno, para concentrarse frente al cuartel general de los Mossos. El objetivo es denunciar la pasividad policial frente a la ocupación de los espacios públicos por parte de los secesionistas así como señalar las agresiones de que vienen siendo objeto aquellos que osan retirar los lazos colgados en calles, plazas y edificios públicos.
Se trata de una iniciativa autoinculpatoria, un 'Yo me acuso' colectivo en el que los asistentes asumirán su condición de luchadores contra la "opresión amarilla", así como contra las disposiciones dictadas por la Generalitat, que sanciona con multas de entre 600 y 30.000 euros a quienes osen retirar estas señales. La convocatoria de la Tolerancia anima a "todos aquellos que, sin haber llegado a retirar esa simbología partidista, haya pensado hacerlo en alguna ocasión", a que se concentren en la comisaría general de la policía autonómica de Barcelona, provistos de su DNI y, si es el caso, de los elementos que han retirado de las calles.
Hay una serie de grupos, integrado principalmente por gente joven, que, embozados y de noche, recorren algunas villas y pueblos catalanes dedicados a este operativo de limpiar de amarillo Cataluña. En algunas ocasiones se han producido enfrentamientos sin mayores consecuencias. "Se han conseguido objetivos como frenar la afrenta que suponía llenar con cruces amarillas las playas catalanas", señala el miembro de uno de esos grupos.
Ataques a los demócratas
Ahora el objetivo son los Mossos, los encargados de retener, identificar y multar, si es el caso, a quienes no están dispuestos a encontrarse junto a su trabajo, a su casa o en el camino que transitan todos los días con este símbolo de 'opresión separatista'. Vendrán más iniciativas, habrá más manifestaciones, señalan. El otoño se presenta muy caliente en la comunidad. Los separatistas ya ultiman los preparativos de la Diada del once de septiembre y, muy en especial, el aniversario del referéndum del 1-O.
La ofensiva contra el juez Llarena, el acoso a la Corona y la persecución a los demócratas que rechazan los lazos son ahora mismo objeto de persecución preferente por el secesionismo. Las formaciones constitucionalistas, con Ciudadanos y el PP a la cabeza, miran a Moncloa y le reclaman a Sánchez una reacción en defensa de los demócratas. "No puede cruzarse de brazos, es una actitud que sólo favorece a los violentos", señalan en fuentes de los populares.
