Los agentes de la UDEF que investigan el 'caso Pujol' consideran que Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán, utilizó la formación política que presidía su padre para justificar el cobro de comisiones a empresarios, según consta en un informe de enero de 2018, en el que los policías analizan los vínculos entre los casos Pujol, 3% y Palau de la Música.
En julio de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido fundado en 1974 en el monasterio de Montserrat por el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, dio paso a una nueva organización: el Partit Demòcrata Català (PDCat), que entonces tenía a Carles Puigdemont en la presidencia de la Generalitat.
Durante el periodo en que transcurren inicialmente los hechos, indica la policía, el máximo dirigente de CDC era Jordi Pujol Soley, el "progenitor" de Jordi Pujol Ferrusola: "Siendo como es conocida esta relación uno de los aspectos que se consideran troncales en esta investigación", destacan los agentes.
Sus ingresos
Pero el informe considera que la vinculación con su padre establece "un vínculo sustancial, porque es un nexo directo de Jordi Pujol Ferrusola con la 'empresa' que se configura como el sitio principal para su desempeño laboral, y por ende de donde provienen sus ingresos, el partido político CDC", especifica el documento policial remitido al juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Pujol'.
En concreto, los agentes dan cuenta al magistrado del 'modus operandi' del clan Pujol y de varios empresarios que financiaban la formación conservadora, una actividad que permitía que el primogénito de los Pujol continuara con su actividad empresarial de cobro de comisiones.
"El ejercicio de su influencia en las instituciones democráticas de Cataluña a través de un partido político, CDC, del que su padre era máximo dirigente, y a través del cual habría gestado todas sus argüidas 'dinamizaciones' empresariales, favoreciendo a terceros que en consecuencia le remuneraban de diversas formas", concluyen los agentes de la UDEF.
Activos de Andorra
En este sentido, la actuación presuntamente delictiva detectada por la Policía comienza con Jordi Pujol Ferrusola, que con sus activos financieros en Andorra otorga la financiación a una serie de empresas prestadoras de servicios a CDC.
"La observación de la realidad financiera depara que el verdadero prestatario de los capitales habría sido la formación política, ocultando su personalidad jurídica detrás de las sociedades Altraforma, Hispart y Winner Graph", indica la Policía, que pone de manifiesto el presunto engaño de los Pujol para financiar CDC.
Los representantes de Altraforma e Hispart, que aparecen suscribiendo en España las pólizas de préstamo de Pujol Ferrusola, Miquel Jiménez Salinas Lerín y Juan Manuel Parra González, tal y como se desprende de los hechos probados en el 'caso Palau' reconocen que sus empresas, las mencionadas Altraforma e Hispart, se instrumentalizaron al objeto de financiar ilícitamente a CDC.
Caso del 3%
Los agentes también detectan vínculos de la presunta financiación ilegal de CDC con el caso del 3%, que también investiga el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional. El nexo de unión está en el empresario Joan Albert Arqués, que fue detenido por la Guardia Civil en caso del 3%, por haber pagado comisiones a través de sociedades instrumentales para obtención de obra pública, mediante la aceptación de facturas falsas emitidas por terceros, que habrían servido para financiar al partido CDC.
"Por tanto", explican los agentes, "se observa un paralelismo obvio e inmediato entre los hechos que se le atribuyen a Joan Albert Arqués en ese procedimiento, con los que ahora estamos viendo que ocurrían unos años antes, con idéntica utilización de sociedades interpuestas para canalizar esos pagos, que realizaban las compañías del grupo a través de Hispart en este caso".
Los agentes de la UDEF otorgan, en este sentido, gran importancia al hecho de que el tesorero de CDC en aquellos momentos, el fallecido Caries Torrent apareciera directamente en las operaciones financieras: "Es un dato notorio, que conjugado con el papel que judicialmente se ha atribuido a Carles Torrent en el 'caso Palau', por su relación con varias empresas entre las que estaban las mencionadas, supone una tremenda fuerza indiciaria para construir los elementos probatorios de los tipos penales", continúa el atestado policial.
"Una sandez"
Pero el informe policial hace también una valoración de las explicaciones realizadas por Pujol Ferrusola, del aval realizado a las empresas proveedoras de CDC: "La explicación facilitada por Pujol Ferrusola en Andorra, sin ofrecer como es habitual ningún dato objetivo que la respalde, es sencillamente no verídica, ya que recurre a un presunto testaferro: Antoni Zorzano: "Utilizado, como sabemos, en el encauzamiento de operativas consideradas ilícitas, para concebir una cobertura", asegura el informe.
Incluso, los agentes van más allá, y aseguran que el hecho de que el investigado haya alegado que como los avales no se ejecutaron no tienen importancia material real, "se nos antoja una sandez desde el punto de
vista económico, puesto que el aval concebido como tal sí se ejecutó desde una perspectiva estricta al cumplir las funciones para las que nace: la constitución de una garantía íntegra a un riesgo de un tercero", concluyen los agentes en el documento remitido al juez De la Mata.
