El Gobierno socialista ha vetado una proposición de ley de Ciudadanos que exige la publicación on line de todos los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales. Es el primer veto del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, que hizo un casus belli contra los vetos de Mariano Rajoy durante su etapa en la oposición. Y se conoce precisamente en plena crisis por el máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón.
La Mesa del Congreso decidirá este martes sobre el veto a la proposición de ley de mejora de la autonomía y la rendición de cuentas de las universidades españolas que presentó Ciudadanos en junio. La Constitución permite al Ejecutivo impedir la tramitación de leyes que, en su opinión, afecten a los gastos o ingresos de los Presupuestos Generales del Estado. Según ha sabido Vozpópuli, el Gobierno que las medidas propuestas en la iniciativa "supondrían un incremento de los créditos presupuestarios de aproximadamente 5 millones de euros".
El texto de Ciudadanos propone modificar diversos artículos de la ley orgánica de de Universidades para mejorar su autonomía y rendición de cuentas. Asimismo, insta al Ejecutivo a crear una Agencia Independiente de la Alta Inspección Educativa del Estado. Entre otras muchas medidas, Ciudadanos establecía la obligatoriedad de la publicación de los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis
doctorales, para reforzar la lucha contra la deshonestidad académica.
La reforma iba a encaminada a evitar que se repitieran casos como el de Cristina Cifuentes y Pablo Casado. El veto fue comunicado hace unos días a Ciudadanos. Pero se ha conocido cuando la ministra Montón se ha visto envuelta en un caso similar. Según eldiario.es, Montón obtuvo un título de máster de estudios interdisciplinares de género de forma supuestamente irregular. El curso también se impartía en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Una de las primeras medidas de Sánchez nada más ganar la moción de censura fue levantar más de medio centenar de vetos de Rajoy a proposiciones legislativas de la oposición. El líder del PSOE dijo que su Gobierno no vetaba. El anterior Ejecutivo del PP utilizó habitualmente esta prerrogativa constitucional, que permite oponerse a la tramitación parlamentaria de las iniciativas que considera pueden afectar a los gastos o ingresos presupuestarios. El Tribunal Constitución resolvió que ese veto sólo podía aplicarse a un ejercicio presupuestario en curso tras resolver a favor del Congreso un conflicto de competencia planteado por Rajoy.
