Hecho por Pedro Sánchez el "gesto" que el PDCat y ERC le pedían: sumarse a la opinión de que los sucesos de hace un año no pueden considerarse un delito de rebelión, el independentismo y algún sector del PSOE entienden que no va dirigido solo a la Abogacía del Estado bajo su mando.
"En 1994, me lo recordaba la vicepresidenta -Carmen Calvo-, el señor Federico Trillo hizo una propuesta de modificación, una enmienda, en la que decía que el delito de rebelión, que es inherente a supuesto de golpe de Estado se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares", dijo el presidente del Congreso en respuesta al portavoz del PNV, Aitor Esteban, el miércoles en el Congreso.
Esas palabras del presidente del Gobierno -y otras de Calvo, en entrevista en Onda Cero al día siguiente- son, en realidad, un mensaje a la Fiscal General, María José Segarra, para que se moje a favor de rebajar el delito de rebelión por el de sedición, penado con menos años.
Segarra no solo tendría que forzar un giro de 180 grados a los cuatro fiscales de la Sala, sino que probablemente se enfrente a una 'rebelión' en el Consejo Fiscal
Una sutil forma de presión porque, aunque la Abogacía del Estado mostrara en escrito del 6 de agosto su apoyo a las conclusiones del sumario por rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos -lo recordaba este jueves el magistrado instructor, Pablo Llarena, en su auto firme de apertura de juicio oral-, que la Abogacía cambie ahora resulta un problema menor.
Más problema es para el Ministerio Público, que necesita escenificar un giro de 180 grados interpretativo, en principio, solo apoyado por Segarra. Tendría que convencer no solo la opinión de los cuatro fiscales del Tribunal Supremo adscritos a este proceso, firmes partidarios de mantener la acusación de rebelión sino, previsiblemente, la del Consejo Fiscal en el mismo sentido. Y la sombra de la politización volvería a planear sobre la institución.
Los independentistas saludan que Pedro Sánchez y el Gobierno se 'mojen' descartando el delito de rebelión y piden a la Fiscalía que tome nota
Desde hace días, sectores próximos al partido gobernante en la judicatura y en las asociaciones judiciales, como el que fuera presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, están abonando la tesis de que "no hubo rebelión" ni en el 1-O ni en los días inmediatamente anteriores y posteriores porque no hubo violencia "armada".
"El presidente del Gobierno dijo lo que hace tiempo que decimos. Que no hay delito de rebelión. Bienvenida esa reflexión del presidente", señalaba este jueves el diputado del PDCat Carles Campuzano.
Y aunque Joan Tardá insistió en que "nuestra posición es que tienen que estar en la calle. El Estado español tendrá que pedir perdón por encarcelar a ciudadanos que no han cometido ningún delito", lo cierto es que, en privado, desde ERC se lanzan al Gobierno mensajes de conciliación: valoran el "gesto" de Sánchez.
Todo lo contrario que el PP y Ciudadanos, que no han perdido ocasión de dejar claro que este es "el precio" que paga Sánchez por que los independentistas apoyen su proyecto de presupuestos generales del Estado:
Sánchez no se conforma con prometer indultos a los políticos separatistas, ahora también hace de abogado defensor de Junqueras y cía. El #PactoDeLaCárcel: Unos meses más ocupando la Moncloa a cambio de impunidad y humillación al pueblo español. pic.twitter.com/bnjWMEDoXg
— Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 25, 2018
.@sanchezcastejon sugiere que el 1-O escapa del delito de rebelión. ¿Es el precio para seguir en la Moncloa?¿Es un pago más al independentismo y evidencia de la negociación de su testaferro @Pablo_Iglesias_ en Lledoners?
— Ignacio Cosidó (@Ignacos) October 25, 2018
