La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcárce, ha citado a declarar como imputado al médico que presuntamente falsificó un certificado oficial sobre la salud del empresario Juan Miguel Villar Mir, y que un abogado del máximo accionista de OHL utilizó para impedir que este acudiera el 7 de enero a declarar como imputado a la Audiencia Nacional, según han confirmado fuentes jurídicas a Vozpópuli.
Por eso, el facultativo tendrá que declarar el próximo miércoles 19 de septiembre en el Juzgado de los tribunales de Plaza de Castilla (Madrid), y será interrogado en calidad de investigado sobre el supuesto falseamiento de un informe médico oficial que permitió a Villar Mir posponer su declaración ante el juez que investiga los casos 'Lezo' y 'Púnica', Manuel García-Castellón.
El caso se remonta a la decisión del juez que investiga en la Audiencia Nacional la causa 'Lezo' de ordenar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que grabaran las conversaciones que mantenía Villar Mir. Y entre esas llamadas interceptadas por orden judicial, una decisión que tuvo el amparo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los agentes grabaron una en la que se apuntaba al posible falseamiento de un informe médico.
Un ataque gripal
En la grabación, cuyo contenido fue adelantado por la Cadena Ser, Villar Mir decía, de forma textual: "Le he preguntado al abogado qué conviene decir y él me dice que una cosa muy sencilla y que claro que tiene que estar mi nombre, y mi edad. Tiene que decir que padezco un fuerte ataque gripal o la expresión médica que tú creas oportuna y que estoy sujeto a medicación y debo guardar reposo", dijo Villar Mir al médico.
La UCO advirtió entonces al juez y a la Fiscalía Anticorrupción de los hechos, que fueron remitidos a los juzgados de Plaza de Castilla, recayendo finalmente la causa en el Juzgado número 5 de Madrid, cuya titular acordó inicialmente archivar la causa.
Fuentes jurídicas aseguran que la magistrada Valcarce archivó la causa porque la denuncia presentada desde la Audiencia Nacional no incluía ni el nombre del facultativo presuntamente implicado en la falsificación ni las grabaciones.
Ante esta decisión de cerrar la causa, la Fiscalía Anticorrupción remitió toda la documentación a la juez Valcarce, que primero reabrió la causa, para posteriormente acordar la primera de las citaciones.
Derecho de defensa
La grabación de las conversaciones de Villar Mir, en las que también se incluyeron las mantenidas con sus abogados, puso en pie de guerra a los letrados del dueño de OHL, que denunciaron una presunta violación del derecho de defensa y confidencialidad de las comunicaciones mantenidas con su cliente.
El abogado de Villar Mir reclamó el acceso a las transcripciones de las conversaciones y las grabaciones, su eliminación de la causa y la nulidad de todas las pruebas obtenidas a partir de esas conversaciones.
