“Yo lo ordené”. La frase, inequívoca, la pronunció el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ante el Tribunal Supremo. Lo hizo apenas unas horas después de que su jefe, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se desvinculara del dispositivo policial que acabó con los enfrentamientos que dieron la vuelta al mundo el 1-O.
Su número dos se arrogó así la responsabilidad de haber dado la orden de que que la Policía y la Guardia Civil pasasen a la acción ese día en lugar de aguardar a que los Mossos solicitasen ayuda. Este jueves, los interrogatorios a los mandos policiales en el juicio del 'procés' permiten reconstruir el cruce de informaciones y circunstancias que fraguaron aquella decisión.
El detonante fue una llamada de teléfono a las 7.15 de la mañana desde el número 43 de la Vía Laietana, sede de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Cataluña. La hizo su entonces responsable, el comisario principal ya jubilado Sebastián Trapote. Desde primeras horas de ese domingo crítico le empezaron a llegar de sus subordinados noticias desde la calle. Confirmaban sus sospechas: los Mossos no iban a colaborar en la tarea de impedir el referéndum.
La llamada
Al otro lado de la línea telefónica y a poco más de un kilómetro y medio, en la sede de la Delegación de Gobierno en Cataluña, estaba el coronel Diego Pérez de los Cobos, nombrado por la Justicia como coordinador único de los tres cuerpos policiales para dar respuesta al desafío. El de Pérez de los Cobos era uno de los testimonios más esperados en el Tribunal Supremo.
En su declaración admitió que sus sospechas de que los Mossos les iban a traicionar llevaba ya tiempo larvándose y, en previsión, activaron una serie medidas. En concreto, lo que dijo el coronel es que habían “dispuesto una serie de sensores” para tratar de detectarlo lo antes posible.
Trapote ha explicado este jueves qué eran esos sensores: una red de agentes de la Brigada de Información de la Policía desplegados por diferentes colegios. Vestidos de paisano para no llamar la atención, detectaron que de madrugada los colegios ya empezaron a ocuparse. Algunos lo estuvieron todo el fin de semana.
También comprobaron que la única respuesta a eso por parte de los Mossos, iniciada a las 6 de la mañana, eran apenas de una pareja de agentes de seguridad ciudadana -no antidisturbios- en cada uno de los más de 2.300 centros de votación como si fuesen unas elecciones normales.
Desconfianza mutua
Esos trabajos a pie de campo ponen de relieve la desconfianza mutua que existía en esos momentos entre los cuerpos policiales. Posteriormente, los informes de la Policía también relatan cómo, en dirección contraria, los Mossos también controlaron los movimientos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Este escenario alrededor de los colegios es lo que le transmitió Trapote a Pérez de los Cobos en esa llamada de teléfono: “Lo que hago es a primera hora de la mañana, 7.15, llamó al coordinador y le informo de los datos que yo poseo, le comento la situación, se lo explico y me dice que tiene que hablar con el secretario de Estado (José Antonio Nieto) y me dice que teníamos dos planes el A y el B, centrado en sustituirlos (a los Mossos) y hacer nosotros la intervención. Y en ese momento ponemos en marcha el plan B”.
Si bien la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no forma parte del procedimiento (las denuncias a los agentes se instruyen en un Juzgado de Barcelona), aquella actuación en decenas de colegios ha sido tachada como un error del Estado que tardará en cicatrizar en una parte de la sociedad catalana. En contra, hay quienes la defienden como el ejemplo de que el Estado de Derecho no se quedó de brazos cruzados ante el incumplimiento del mandato judicial que había ordenado impedir el referéndum.
