El transcurrir de las sesiones del juicio del procés está permitiendo detectar la estrategia de los líderes independentistas ante el Tribunal Supremo. Ésta pasa por reconocer que sí, que hicieron caso omiso a las advertencias reiteradas del Tribunal Constitucional, pero que eso no va más allá de un delito de desobediencia, castigado solo con penas de multa e inhabilitación. Paralelamente, la mayoría de los acusados que han declarado hasta ahora han coincidido en restar validez real tanto al referéndum del 1-O como a la declaración de independencia que le sucedió.
A la hora de reconocer esa desobediencia, unos y otros han alegado diferentes motivos. Este miércoles, el exconseller de Territorialidad Josep Rull optó por justificarse en la ausencia de “legitimidad moral” de un Tribunal Constitucional “instrumentalizado” por el Estado. Admitió que fue avisado hasta en seis ocasiones del riesgo de incurrir en delitos, pero que priorizaron el mandato de los ciudadanos. Llegó a ampararse en la doctrina del Tribunal Supremo de Canadá.
Después de Rull, la exresponsable de Asuntos Sociales Dolors Bassa fue la única en distanciarse de esa estrategia al decir que sí acataron las resoluciones, si bien en otro momento dijo que no era siquiera consciente de estar cometiendo un delito. Se escudó en que el Congreso de los Diputados, a instancias del PSOE, despenalizó en 2005 la convocatoria de consultas populares que dos años antes se había incluido en el Código Penal. Esta es una salida a la que han acudido todos los acusados hasta ahora.
La exconsellera de Gobernación Meritxell Borrás -visiblemente nerviosa- repitió casi las mismas palabras que su compañero Rull para acabar admitiendo que también firmó la convocatoria del referéndum, si bien incluyó un matiz: ha dicho que para un Decreto la firma necesaria es la del presidente. "Mi firma no era necesaria, pero la firma de todos era un símbolo de que íbamos a responder de ese compromiso (...) Era más por dar esta imagen de compromiso que no en la voluntad de gastar dinero público", añadió.
Evitar la rebelión, la sedición y la malversación
El plan pasa por centrar el debate en la desobediencia y rechazar la violencia. La estrategia se enfoca en esta dirección porque es en la violencia en la que se sustenta la acusación por rebelión, también cualquier indicio de alzamiento tumultuario propio de la sedición. Se desestima también el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1-O -pese a las facturas e indicios que obran en poder de la investigación-, ya que en caso contrario podrían ser condenados por malversación.
Hasta ahora, las preguntas de la Fiscalía en torno a la violencia son escasas y previsibles. Los acusados se han limitado a despejar la cuestión defendiendo el carácter cívico de las movilizaciones independentistas. Es en el campo de la malversación en la que los acusados se están viendo obligados a ofrecer explicaciones más inverosímiles al responsabilizar de la logística del referéndum a la ciudadanía.
Rull manifestó que estaba convencido de que la consulta saldría adelante por “la fuerza de la esperanza”. En la misma línea se mostró Bassa, lo que provocó la pregunta de la Abogacía del Estado: ¿Si el 1-O había sido suspendido y ustedes no hicieron nada, cómo estaba tan segura de que se celebraría? La pregunta se quedó sin respuesta.
Desmontando las expectativas del 1-O
Además, al menos los acusados del PDeCAT, están reforzando su estrategia desmontando las expectativas que en su día generaron con la celebración del referéndum y la declaración de la República independiente.
Unos y otros están ahora reduciendo aquellos acontecimientos a una mera “declaración de voluntad política” sin consecuencias prácticas ya que, dicen, no habían dispuesto las estructuras necesarias para materializar la independencia prometida. La más gráfica fue Bassa: "El referéndum nunca fue previsto como un acto concluyente para la DUI".
El delito de desobediencia, recogido en el artículo 410 del Código Penal, contempla una pena de hasta doce meses de multa y dos años de inhabilitación. Muy lejos de las penas que la Fiscalía solicita por rebelión (hasta 25 años en el caso de Oriol Junqueras) o la sedición (hasta 12 años). La petición de condenas de la acusación popular que ejerce VOX ascienden hasta los 74 años al incluir también organización criminal.
Son doce acusados, nueve de ellos llevan un año y cuatro meses en prisión provisional. Los tres restantes -Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila- son los únicos que están acusados por desobediencia, pero tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado piden para ellos siete años de prisión al acusarles de malversación.
