El 2020 corre peligro de convertirse en algo paradójico para Pablo Iglesias. El líder de Podemos y ahora vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado el objetivo histórico de sentarse en el Consejo de Ministros, pero su luna de miel está siendo arruinada por cuatro complejos juicios que amenazan con limitar su peso específico en el Ejecutivo, e incluso con acabar en una imputación.
El caso más conocido es el de su ex asesora, Dina Bousselham, que tras unos vaivenes de declaraciones contradictorias ha empujado a los investigadores a sospechar de Iglesias, a pesar de que el juicio esté dirigido a investigar las actuaciones del excomisario José Manuel Villarejo. Podemos convirtió el supuesto robo del móvil de Bousselham en tema de campaña electoral: logró salvar los muebles en las elecciones de 2019 y tener los números suficientes para entrar en el Gobierno en 2020.
Pero en marzo de este año, Bousselham declaró que fue Iglesias quien le devolvió la tarjeta de su móvil y que lo hizo en un estado inservible. Y a partir de esa declaración, el juez Manuel García Castellón sospecha que Iglesias y Podemos maniobraron para generar una denuncia falsa y que destruyeron pruebas, lo que puede llevar al vicepresidente del Gobierno a ser investigado oficialmente por la Justicia.
Malversación en las campañas electorales
El segundo agujero legal en el que Podemos e Iglesias pueden caer es la denuncia de malversación presentada por el exabogado de la formación ante la Guardia Civil, José Manuel Calvente. El abogado y otra trabajadora del partido apuntan a un posible caso de desvío de fondos, financiación irregular de las campañas electorales, cajas B e irregularidades en la licitación de las obras de la nueva sede, que, de confirmarse, constituirían un problema enorme para Podemos.
En este complejo caso cobra relevancia una consultora, Neurona, vinculada a Juan Carlos Monedero y cuya actividad desveló en varias exclusivas Vozpópuli. Un juez madrileño quiere aclarar cómo Podemos pagó los servicios de esta empresa y aclarar si realmente se ejecutaron los trabajos encargados, tal y como determinan los papeles del partido morado. La sospecha principal es que esta consultora, que trabaja con gobiernos de América Latina, haya podido desviar fondos del exterior en los microcréditos con los que se financia Podemos.
En diciembre de 2019, después del cese de Calvente, Iglesias retó a llevar a los tribunales el asunto para aclarar todas las responsabilidades. Pues ahora el juez ha decidido abrir diligencias contra Podemos y el día 29 de julio Calvente declarará ante él. El 15 de septiembre será el turno de Mónica Carmona y de Gloria Elizo, ex responsable de los abogados de Podemos y ahora miembro de la mesa del Congreso.
Acoso sexual y primarias
Este caso llega después de que a finales de 2019 el partido morado alegara un supuesto acoso sexual contra el exabogado que denunciaba graves irregularidades internas. La denuncia de acoso, un clásico en la formación morada para alejar a personas consideradas incómodas, ha sufrido un grave revés a lo largo de esta semana. La Fiscalía sostiene que en la denuncia no se aprecian pruebas sustanciales para mantener la acusación. Lo más probable es que acabe archivado.
El cuarto escollo para Iglesias viene de La Rioja. En esta Comunidad Autónoma un grupo de críticos ha denunciado un sistema de pucherazo y amaño en las primarias. Desde 2019 hasta las últimas del pasado junio, se han detectado casos sospechosos como ordenadores con votos repetidos, un utilizo irregular del censo y hasta audios (también destapados por Vozpópuli) en los que una edil de Podemos explica cómo hacer para recopilar códigos de los afiliados y presuntamente votar en su nombre en las primarias.
Se trata de un verdadero terremoto para el partido. El caso ya ha llegado a los tribunales y podría convertirse en una primera investigación judicial contra las votaciones internas de Podemos. Los denunciantes de momento se han amotinado declarando a Sara Carreño (la segunda más votada, después de la candidata respaldada por la dirección nacional) como lideresa interina a la espera de repetir la votación.
En definitiva, en el primer semestre tras su llegada al Gobierno, Iglesias intenta navegar como puede en el medio de un archipiélago de problemas judiciales. En el partido morado sostienen que la cúpula está preocupada por muchos de esos asuntos, y que incluso detecta por parte del PSOE cierta “inacción”, que asusta. El temor de los morados es que Sánchez esté preparando el terreno para alejar a Iglesias de la primera línea del Gobierno. No se trataría de una salida, pero si de “arrinconarle”. Con la siguiente apertura de una guerra de sucesión interna para su relevo.
