Al decimosegundo día de juicio compareció la letrada judicial que tuvo que escapar por un tejado tras el registro en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, días antes del referéndum. Se trata del primer testigo directo de relevancia para dar cuenta de uno de los escenarios clave para la acusación por rebelión. Ocultando su rostro de la señal de televisión, presente en todas las sesiones, la funcionaria ha relatado el “miedo, ansiedad y estrés” que pasó. Lo ha explicado a través de un pormenorizado testimonio que choca frontalmente con el clima supuestamente cívico, pacífico, incluso festivo que alegaron los acusados.
Gritos amenazantes procedentes de la multitud (“no saldrán”) concentrada desde las primeras horas, tumultos, avalanchas, lanzamiento de objetos, fotografías a la comitiva judicial, descontrol, presuntos mediadores que entraban y salían… ese es el marco de tensión narrado por esta secretaria judicial. Cada frase que pronunciaba iba mermando poco a poco la versión dibujada principalmente por los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Ambos activistas -para los que la Fiscalía pide 17 años de cárcel por rebelión- jugaron un papel protagonista en aquella concentración, que empezó a primera hora de la mañana y no se disolvió hasta la madrugada. La secretaria les ha aludido en varias ocasiones y les ha otorgado un papel de mediadores entre la gente y las autoridades policiales. Sin embargo, ha restado valor al presunto pasillo de seguridad que los Jordis pusieron en todo momento como ejemplo de buena voluntad para permitir la salida de la comitiva judicial.
Un pasillo "inasumible"
Durante su interrogatorio en los primeros días de juicio llegaron incluso a exhibir en la sala imágenes de ese cordón formado por los propios voluntarios de la ANC. Pero la letrada este miércoles ha recordado cómo la Guardia Civil le dijo que esa opción propuesta por Sànchez era “inasumible”. También que el líder de la ANC confesó que no era capaz de hacer que la gente se retirase. En otro momento del relato ha narrado que un tumulto había deshecho ese cordón formado por manifestantes.
La elección del término tumulto entronca con la descripción del delito de sedición -”quienes se alcen pública y tumultuariamente”- que defiende la Abogacía del Estado y contempla penas más bajas que la rebelión. Los servicios jurídicos del Estado piden para ambos ocho años de prisión por sedición.Tras horas sin poder salir ni comunicar telefónicamente con el exterior, la testigo ha dicho que se planteó salir por el pasillo, pero en ese momento hubo una avalancha contra el cristal de entrada, luego un lanzamiento de una botella y cambió de opinión. Solicitó un helicóptero para poder salir, pero se rieron de ella, según su versión.
Nada más llegar al edificio apreció que unos desconocidos le hacían fotografías a la delegación que llegó en coches de la Guardia Civil. Una vez dentro, vio que un joven pasaba por la cara una bandera a una agente de la Guardia Civil, le gritaba y luego le escupía. A las pocas horas ya había miles de personas concentradas profiriendo gritos en favor del referéndum. La testigo es la letrada del Juzgado de Instrucción número 13 y ese día acudió a la Consejería de Economía para realizar un registro relacionado con la investigación en torno a la preparación de la consulta ilegal.
La voz de Forcadell
Desde el exterior llegaba en todo momento el sonido de la concentración hasta que alguien estableció un sistema de megafonía. A partir de ahí pudo empezar a distinguir frases sueltas. Los agentes no la dejaban asomarse a las ventanas por el riesgo a que les fotografiasen. En un momento del día les pareció escuchar una voz desde la megafonía que le resultaba familiar. Tanto que la identificó como la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sentada también en el banquillo de los acusados. Siempre según su versión, un agente que sí se asomó a la ventana le confirmó que era ella la que se estaba dirigiendo a los concentrados.
Otra de las aludidas ha sido la intendente de los Mossos d’Esquadra Teresa Laplana a la que ha descrito con un traje de color azul oscuro. Ha recordado que una vez comenzó a aglutinarse la gente alrededor del edificio, la Guardia Civil le pidió que llamase a refuerzos de Mossos d’Esquadra, pero ha destacado que la intendente consideró que no era necesario. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para Laplana una pena de cuatro años de prisión por un delito de sedición. Se le acusa de no haber prestado ayuda a los guardias civiles que registraban las dependencias del Govern. Será juzgada en Madrid, después de que la Audiencia rechazara enviar la causa a los tribunales catalanes.
Con ella se sentarán en el banquillo el major de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero, el exsecretario general de Interior César Puig y el exdirector de la policía autonómica Pere Soler. A los tres últimos se les acusa de un delito de rebelión por no impedir ni el asedio a la Conselleria de Economía ni el referéndum del 1-O; sus penas alcanzan los 11 años de prisión.
Precisamente Trapero no ha salido esta vez del todo mal parado del relato de la letrada. Apenas le ha citado al narrar su salida por el tejado. Lo hizo siguiendo las indicaciones de unos agentes de los Mossos enviados por el propio Trapero ya por la noche. Eso sí, para eso fue necesaria la llamada previa al juez titular del Juzgado, Juan Antonio Ramírez-Sunyer, ya fallecido, a quien le pidió que le sacase de allí una vez agotadas sin éxito todas las posibilidades que le plantearon.
