El Gobierno ha modificado el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), un punto de la compleja norma que entró en vigor en marzo de 2018 que buscaba reducir la posibilidad de prácticas irregulares como el fraccionamiento de los contratos para poder adjudicarlos 'a dedo'.
Hasta ahora, el expediente de contratación debía justificar que "no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación", es decir, demostrar que no se está fraccionando de forma fraudulenta. Y se añadía el requisito de justificar que "el contratista no ha suscrito más contratos menores que, individual o conjuntamente superen" los márgenes por los que el contrato se considera menor; 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios y 40.000, cuando se trate de contratos de obras.
Aunque el articulado mantiene la prohibición de fraccionar los contratos, se elimina el veto a adjudicarlos a un mismo empresario. El Ejecutivo ha introducido el cambio 'por la puerta de atrás', a través de una disposición final en el Real Decreto-ley 3/2020, de medidas urgentes por el que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico diversas directivas de la Unión Europea en contratación pública, seguros privados, planes y fondos de pensiones. El Gobierno esgrime "razones de seguridad jurídica" para modificar este punto de la LCSP a fin de "solucionar los graves problemas técnicos" que representaba la redacción del texto.
El apartado ha suscitado desde su entrada en vigor una inmensa disparidad interpretativa por los órganos de contratación y de las Juntas Consultivas de las diferentes administraciones públicas. De hecho, ya intentó suprimirlo a través del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no consiguió sacar adelante en la Cámara Baja.
Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Vozpópuli agregan que con la nueva redacción "se consigue no restringir la concurrencia, así como que no se vea mermada la necesaria agilidad que la figura de los contratos menores debe aportar a las Administraciones Públicas y, en especial, a los pequeños Ayuntamientos".
Diversas interpretaciones
La que los expertos en derecho administrativo tachaban de 'poco afortunada' redacción por parte del legislador, no dejaba claro durante cuánto tiempo regía la limitación de adjudicación a un mismo empresario o si los importes de los contratos menores de obras eran acumulables a los de servicios. Esto dio pie una notable diversidad interpretativa por parte de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, las Juntas Consultivas Autonómicas y las Entidades Locales.
Finalmente, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) se decantó por el año natural. Varios expertos consultados no saben precisar el alcance que puede tener la medida, aunque se muestran convencidos de que volverá a dar lugar a otra disparidad de interpretaciones de los órganos consultivos y de los más de 16.000 órganos de contratación que hay en España.
Fragmentación de contratos
Según una reciente investigación del portal Civio, numerosos órganos de contratación se han saltado el texto vigente hasta ahora. Los datos recopilados por esta fundación reflejan más de 6.500 adjudicaciones que sumaron varios contratos menores con un mismo contratista por valor superior a los límites de 15.000 o 40.000 euros en los primeros siete meses de 2019.
El Tribunal de Cuentas viene detectando prácticas de fragmentación de los contratos de las administraciones públicas para transformarlos en 'menores'. Uno de sus últimos informes revela que el Ayuntamiento de Barcelona gobernado por Ada Colau adjudicó durante el año 2016 más de una decena de contratos públicos a los que restó un céntimo de euro para no superar el umbral a partir del cual la tramitación de los mismos hubieran requerido un mayor control administrativo. Por entonces, el límite para suministros y servicios estaba en 18.000 euros. A 51 contratos de servicios y a otros 9 de suministros les restó un euro para dejarlos en 17.999 euros. También firmó cuatro de obras por 49.999 euros.
En lo referente al cambio normativo implementado ahora por el Gobierno, una misma empresa lograse once contratos del consistorio de la Ciudad Condal por un importe global de 190.377,6 euros sin publicidad ni competencia. El fraccionamiento temporal de la prestación "permitió eludir la aplicación del procedimiento abierto de adjudicación", lo que hubiera sido preceptivo "atendiendo al valor estimado del conjunto de la actividad", según dice el órgano fiscalizador estatal.
