La exabogada y exauditora de Podemos, Mónica Carmona, ha remitido al juez del caso Neurona un escrito en el que explica las supuestas irregularidades que estaba investigando cuando fue cesada a finales de 2019. En uno de los puntos de su documentación, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Carmona señala que el secretario general Pablo Iglesias cobró las costas procesales de un juicio ganado por su partido y cuyos honorarios (de abogado y procurador) había pagado la formación. La abogada empezó una investigación pero fue cesada. Y en el escrito denuncia la "opacidad" del sistema de finanzas interno.
Carmona explica al juez Juan José Escalonilla que detectó que “Iglesias había resultado beneficiario de la condena de costas en un procedimiento civil ante el Juzgado de Primera Instancia n.7 de Pamplona”. Fue un caso en el que el partido político Unión del Pueblo Navarro tuvo que pagar 7.730 euros por un caso de ofensa al derecho al honor.
La demanda de UPN fue desestimada y el juez condenó al partido a satisfacer las costas procesales ocasionadas a Iglesias. Estas costas le fueron abonadas mediante mandamiento de pago expedido a nombre de su procurador en 2018. La abogada de Iglesias fue Marta Flor, la misma letrada que le ha defendido en el caso Dina y que presumió tener una relación especial con el fiscal Stampa.
"Evitar responsabilidad penal"
Carmona explica en su escrito que lo ocurrido en la demanda de UPN generó sospechas en el equipo encargado de vigilar el cumplimiento normativo de Podemos. “La primera duda que se planteó fue la licitud de que el señor Iglesias cobrara las costas procesales –que incluían los honorarios de abogado y de procurador- cuando él no había satisfecho dichos honorarios sino que habían corrido a cargo del partido”, reza la denuncia de Carmona.
La abogada avisó al partido de que quería aclarar si Iglesias finalmente donó ese importe a la formación morada. O por lo menos que constara a nivel fiscal. “Planteé la necesidad de resolver la duda y determinar la forma de conceptualizar tributariamente el cobre de dicho importe, ante la campaña del IRPF”, explica la abogada.
Activó entonces su investigación para evitar responsabilidades penales para los líderes del partido. Tanto para Iglesias como para Irene Montero. Así lo explica cuando habla en su denuncia de “estudio de la legalidad del tratamiento contable y fiscal de las costas procesales cobradas por el partido y por algunos de sus miembros que habían sido defendidos por abogados asalariados de Podemos. Se trataba de evitar cualquier tipo de responsabilidad fiscal o penal”. Una investigación que, sin embargo, no pudo llevar a cabo porque a finales de 2019 fue cesada.
"Cuenta separada"
La abogada revela, por otro lado, que en un determinado momento el partido debatió sobre crear una cuenta paralela para este tipo de gestiones. “El responsable de finanzas propuso crear una 'cuenta separada' para destinar los importes percibidos por el partido en materia de costas a sufragar las costas procesales que tuviera que abonar tanto el partido como el señor Pablo Iglesias o la señora Irene Montero si fuesen condenados en alguno de los juicios civiles particulares en los que intervenían”.
Pero existían “discrepancias” internas. “Existían dudas sobre su correcto tratamiento contable y fiscal” con respecto al “destino real” de las costas procesales a favor de Podemos, revela la abogada. El debate en el partido involucró también al abogado José Manuel Calvente, quien según el relato de Carmona realizó un “estudio fiscal” sobre el tema para aclarar cómo declarar las costas procesales sin infringir la ley. “Me alertó de que debía hacer un seguimiento de estos hechos ante las posibles infracciones tributarias en que podría incurrir el partido o sus miembros”, afirma Carmona.
La abogada concluye su escrito recordando que no pudo acabar su investigación porque fue despedida. “No pude hacer nada debido a la opacidad del responsable de finanzas, que no me informó sobre el destino final de los fondos cobrados en concepto de costas, ni por el partido ni por el señor Iglesias, y finalmente fui cesada sin tener respuesta ni conocimiento del destino de las costas procesales del señor Iglesias, con el consiguiente riesgo de infracción tributaria o financiación irregular”.
Patrimonialización del partido
Podemos despidió tanto a Carmona como a Calvente a finales de 2019, generando un enorme caos en el partido morado porque su cese se sumó a otras purgas políticas de dirigentes que habían hablado de “patrimonialización” del partido por parte de la cúpula. En el mismo informe, Carmona explica por ejemplo que estaba investigando si Montero se aprovechaba de los cargos intermedios del partido para que le ayudasen en el cuidado de sus hijos.
Carmona da el nombre de María Teresa Arévalo, actual jefa de gabinete adjunta de la ministra y que antes ejercía de asesora de Podemos, como adelantó El Confidencial. Este diario ya desveló a finales de 2019 que Iglesias y Montero se estaban aprovechando de sus asesores para tareas domésticas, el cuidado de los niños y otras actividades personales. En el caso de una exescolta, la trabajadora demandó a Montero y la denuncia se zanjó con un acuerdo extrajudicial. Aunque varios sectores de Podemos sospechan que el dinero para la indemnización salió de las arcas del partido.
