El posible relevo de María José Segarra como Fiscal General del Estado ha formado parte de las conversaciones que están manteniendo el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Segarra fue nombrada por el Gobierno socialista en junio del 2018. Y durante su mandato ha mantenido la línea que marcó José Manuel Maza, fallecido en noviembre del 2017, en el caso contra los líderes del proceso separatista catalán.
El PSOE sigue presionando a ERC para que facilite la investidura de Sánchez lo antes posible. Según ha sabido Vozpópuli, uno de los argumentos que ha puesto encima de la mesa es un cambio en la Fiscalía General del Estado. Ese cambio tendría como objetivo una actitud más laxa.
El Gobierno se está cuidando mucho de no prometer un trato de favor a presos como Oriol Junqueras en el diálogo con ERC. Pero sí ha abierto la puerta al cambio en la Fiscalía, que puede ser determinante después del fallo del Tribunal de Luxemburgo sobre la inmunidad de Junqueras como europalamentario. En ese sentido, el PSOE está apremiando a ERC para que facilite la investidura de Sánchez lo antes posible. El Gobierno sólo puede hacer el nombramiento en plenitud de funciones.
Nombrada tras la moción de censura
Segarra fue nombrada por el Gobierno socialista días después de ganar la moción de censura. Sustituyó en el cargo a Julián Sánchez Melgar, que se hizo cargo de la Fiscalía General del Estado tras la repentina muerte de Maza. Segarra era hasta entonces la fiscal jefe de Sevilla, cargo al que accedió en 2004 durante la etapa de Cándido Conde-Pumpido al frente de la Fiscalía General del Estado.
El choque entre Segarra y el Gobierno se escenificó antes del juicio a los líderes separatistas. La Abogacía General del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia y que representa los intereses del Gobierno, dejó sola a la Fiscalía y rebajó su escrito de acusación a los delitos de sedición y malversación.
La Fiscalía, sin embargo, mantuvo la rebelión. El Tribunal descartó la rebelión en la sentencia a los dirigentes independentistas. Y Junqueras fue condenado por sedición.
El choque entre Segarra y el Gobierno se escenificó antes del juicio a los líderes separatistas. La Abogacía General del Estado dejó sola a la Fiscalía y rebajó su acusación a los delitos de sedición y malversación
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a favor de Junqueras puede abrir un nuevo frente entre el Gobierno y la Fiscalía en los próximos días. El fallo ha estimado que el ex vicepresidente de la Generalitat gozaba de inmunidad parlamentaria tras ser electo eurodiputado el 26 de mayo.
Excarcelación de Junqueras
La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a la excarcelación Junqueras. El Ministerio Público afirma que "Oriol Junqueras no está actualmente sujeto a medida cautelar alguna" porque ya está condenado. Y solicita la "ejecución inmediata" de la pena de inhabilitación como eurodiputado y que se comunique su decisión "a la mayor brevedad posible al Parlamento Europeo.
El Gobierno en funciones, sin embargo, ha pedido un tiempo para estudiar el fallo del Tribunal. Y ha dicho que la Abogacía del Estado se pronunciará en los próximos días. ERC ha dicho que ese posicionamiento puede ser clave para la investidura.
"La Abogacía del Estado está estudiando con el debido detenimiento la sentencia y presentará su escrito en los próximos días", dijo el Ejecutivo en un comunicado.
No es el único choque entre el Poder Ejecutivo y Fiscalía en los últimos meses. En plena campaña electoral, Sánchez insinuó que el Gobierno controlaba al Ministerio Público para traer a Carles Puigdemont a España. La afirmación obligó a la Fiscalía a salir en defensa de su independencia. Y Sánchez acabó pidiendo perdón. El presidente achacó el error al cansancio acumulado de la campaña.
