Comienza la cuenta atrás para el arranque del juicio en el Tribunal Supremo contra los doce dirigentes independentistas en prisión preventiva por su implicación en el proceso separatista de Cataluña. Pero no serán los únicos que pasarán por la sala donde el secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, ejercerá la única acusación popular junto al vicesecretario jurídico del partido Pedro Fernández.
Un marco irrepetible para ganar aún más visibilidad como partido frente al desafío del separatismo al Estado. De las tres acusaciones presentes en la sala (Abogacía del Estado, Fiscalía), Vox siempre ha sido la más dura con los procesados durante la instrucción del proceso. De hecho, solicitan penas mucho más altas para los acusados que las del Ministerio Público.
En cualquier caso, dicen afrontar el juicio con "serenidad y responsabilidad" para no dar pie a los independentistas a criticar la politización de la vista oral. Su voluntad es no dar el más mínimo argumento a las defensas para que puedan cuestionar el rigor jurídico del juicio. "Espero y confío en que su teatro les deje en evidencia ante la opinión pública nacional e internacional", exponía el propio Ortega-Smith este viernes en Es Radio, donde recalcaba que se volcarán en que "el juicio sea un juicio" y no se convierta en "un circo mediático o político" como -a su entender- pretenden las defensas de los separatistas.
Para Vox es el mayor escaparate antes de las próximas elecciones locales, autonómicas y europeas, máxime tras las últimas maniobras del Gobierno de Pedro Sánchez para intentar atraer los votos del PDeCAT y ERC a los Presupuestos de 2019. Aunque el partido de Santiago Abascal, que sigue comiendo terreno al PP, tendrá la oportunidad de interrogar como testigos a los miembros del Gobierno con el que se produjo el auge del desafío secesionista; el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y la posterior proclamación fallida de la república catalana.
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, pasarán por la Sala como testigos. Y ahí es donde Vox tiene la sartén por el mango. En base a todas las pruebas acumuladas y las propias declaraciones, los dirigentes del partido de Abascal pueden poner contra las cuerdas su actuación desde La Moncloa.
"Intervenciones ajustadas a derecho. Vamos a hablar de hechos, pruebas, delitos y de penas. Otra cuestión es que fuera somos un partido político y fuera sacaremos nuestra conclusión política. Y no hay que tener la menor duda de que la Sala no va a permitir el menor desliz de tipo político. Por nuestra parte no lo va a haber pero las defensas de los golpistas van a intentar convertirlo en un juicio político. Vamos a protestar ante la Sala de que no hay derecho de que se presenten en la Sala con un símbolo que representa que los que están ahí son presos políticos. No hay que permitir la más mínima escenificación. Tenemos muy claro que nuestra actuación es penal. Dentro soy un abogado. Y cuando salgo fuera, soy el secretario general de un partido y puedo hacer valoraciones políticas. Dentro de la sala nadie podrá decir que hemos usado el procedimiento para cuestiones políticas"
Cuando comenzamos las primeras querellas de 2017
Hemos instado el procedimiento durante un año en soledad. Llevamos más de cuarenta registros, los pinchazos telefónicos,
Si no hubiera habido acusación popular de Vox, no habría habido procedimiento.
En cualquier caso, Vox lleva trabajando en este proceso desde 2017,
conscientes de que los dos años que llevamos trabajando en el mismo desde enero de 2017 Nos han permitido acopiar pruebas contundentes y que creemos que son suficientes para lograr las importantes condenas que estamos solicitando de cerca de 72 años para los dirigentes golpistas.
Tiene que protegerse a las instituciones y tenemos que demostrar que el Supremo que el Poder Judicial tiene el respaldo de los españoles.
Afrontamos el juicio, que no va a durar menos de dos meses y medio o tres meses; hablamos de varios centenares de testigos, miles de folios, miles de conversaciones telefónicas grabadas. Va a haber muchísimas pruebas. Pero aunque va a ser un juicio duro y en el que esperamos que no haya sorpresas respecto a la Abogacía del Estado que ya ha dado un giro con el cambio del Gobierno; creo que la Fiscalía se va a mantener firme; y esta acusación popular de Vox es la acusación del pueblo español. No estamos defendiendo ningún interés partidista, sino la ley y el orden y el estado de derecho.
Ante 600 medios van a intentar escenificar ese teatro de que esto es un juicio político donde se persiguen ideas, donde en España no existen garantías constitucionales y procesales. Y nosotros creemos que no se va a tolerar esa muestra de presión mediática, de querer arrinconar contra las cuerdas a los magistrados como si esto fuera un juicio de excepción. Vamos a demostrarles que hay Estado de Derecho y que el Alto Tribunal se respeta. Y espero y confío que su teatro les deje en evidencia ante la opinión pública nacional e internacional.
Y cuando algunos se empeñan en intentar ocultar que hubo violencia, intentan que desviemos la intención de lo realmente importante. Esta acusación popular se va a dedicar desde el día uno del juicio a repetirlo. Nos encontramos ante un delito de rebelión, que es el más grave de los delitos del Código Penal contra la Constitución.
Creo que va a quedar en evidencia que hay hechos más que consumados. Se declaró pero no consiguieron su objetivo. Es un delito de actividad.
Un juicio que se televisará en directo y a través de la web del propio tribunal
La exposición mediática que le proporciona el ser la única acusación popular en la causa es innegable y le ha proporcionado una visibilidad y un altavoz únicos ante la opinión pública con la lucha contra el independentismo catalán como bandera. Tanto es así que es el número dos de Vox, Javier Ortega, quien encabeza la estrategia procesal junto al abogado Pedro Fernández.
- Javier Ortega: Secretario general de VOX. Exmilitar que formó parte del cuerpo de élite de operaciones especiales, es un férreo defensor de la españolidad de Gibraltar. Es la cara visible del partido en su estrategia de querellas contra multitud de cargos públicos.
- Pedro Fernández: Vicesecretario jurídico de VOX. Es la mano derecha de Ortega en los tribunales.
con testigos como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el presidente del Parlament, Roger Torrent.
Además de Rajoy, Santamaría y Torrent, el tribunal ha acordado citar a más de 400 testigos, entre ellos al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro; al expresident Artur Mas, al lehendakari Íñigo Urkullu y a dos cargos del Govern de Quim Torra: el vicepresident Pere Aragonés y el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró.
Otros políticos que desfilarán por la Sala de Plenos del Supremo, donde se celebrará el juicio, son la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; su antecesor, Xavier Trías; los diputados de ERC Joan Tardá y Gabriel Rufián; la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal; el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Milló; y la expresidenta del Parlament Nuria de Gispert.
También lo harán el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, su entonces superior Pere Soler, ambos acusados de rebelión en la Audiencia Nacional por la vertiente policial del "procés"; el número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, considerado organizador del referéndum; y el exdiputado Lluís Llach, que estuvo en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017.
