La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene vetada su entrada en territorio español ya que es una de las 25 personas del régimen de Nicolás Maduro a las que la Unión Europea ha sancionado en tres tandas en los últimos años con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viajar al espacio Schengen.
La dirigente chavista fue incluida en junio de 2018 en la segunda tanda de 11 sancionados por parte de la UE junto a otras personas próximas al mandatario venezolano, caso del entonces vicepresidente Tareck el Aissami y el ministro de Educación, Elías Jaua. "Las personas incluidas en la lista son responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela", señaló la UE en un comunicado cuando se sancionó a Delcy Rodríguez.
Las primeras sanciones se produjeron en enero de hace dos años, a iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy, con siete afectados que formaban el círculo más próximo al sucesor de Hugo Chávez, entre ellos su número dos, Diosdado Cabello. El régimen de Maduro reaccionó con virulencia al ordenar la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva. España respondió con la misma medida que afectada al representante venezolano, Rafael Isea.
Tras ello, en abril de 2018 se calmaron las aguas y Madrid y Caracas restablecieron plenas relaciones diplomáticas con el retorno de ambos embajadores. Luego llegaron las sanciones de junio de hace dos años que afectaron a Delcy Rodríguez.
Sanciones por el 'caso Acosta'
El pasado mes de septiembre entraron los últimos siete venezolanos en la lista de sancionados. El castigo afectó a miembros de las Fuerzas de Seguridad del país sudamericano tras las "torturas" y otras "violaciones" de los Derechos Humanos que se produjeron en la muerte del militar opositor Rafael Acosta. Cuatro de ellos tenían, a ojos de la UE, una relación directa con la violenta muerte del oficial.
"La UE decidió aplicar medidas específicas adicionales contra siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia implicados en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos", indicó en el comunicado del 'caso Acosta' la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
Tanto la segunda tanda como la tercera tanda de sancionados contaron con el apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es más, el entonces ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, fue el que solicitó la adopción de estas medidas durante una reunión con sus homólogos europeos tras conocerse el informe de la la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El informe de la expresidenta chilena confirmó "de manera clara y detallada el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas", señaló en su momento el Consejo de la UE.
