El anuncio del Gobierno de que intervendría los laboratorios privados para, entre otras cosas, impedir el abuso de precios en las pruebas diagnósticas del coronavirus, se ha quedado en el aire. Primero, porque serán las comunidades autónomas las competentes en la materia. Segundo, porque algunos laboratorios señalan que no les ha afectado. Es más, hay quien se jacta de tener más trabajo que nunca, sobre todo haciendo pruebas en residencias de mayores. "Que la gente deje de agobiarse. Hay pruebas para hacerse", afirman desde Arquimea Group, una empresa madrileña que, en colaboración con compañías biotecnológicas y centros de diagnóstico molecular, presume de ser capaz de hacer 10.000 pruebas al día.
El pasado 14 de abril, el Ministerio de Sanidad impulsaba una orden ministerial (la Orden SND/344/2020, de 13 de abril) por la que ponía a disposición de las comunidades autónomas los laboratorios públicos y privados de diagnóstico clínico. Según la normativa, publicada ese mismo día en el BOE, todos estos centros, servicios y establecimientos sanitarios que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, así como su personal, estarán al servicio de las CCAA.
La orden establece que las pruebas solo se pueden realizar bajo prescripción facultativa y la obligación de que las entidades públicas o privadas que adquieran material para hacer pruebas diagnósticas “deberán ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubicados y/o presten sus servicios, con indicación expresa del tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso”.
Desconcierto en el sector
Una semana después, y tras el inicial desconcierto en el sector, algunas empresas siguen trabajando ajenas a la normativa. No les afecta en absoluto. Al menos es lo que señala a Vozpópuli Diego Fernández, presidente de Arquimea Group, un grupo tecnológico español ubicado en la madrileña localidad de Leganés (Madrid) que, mediante un consorcio de empresas, que han denominado 'Alianza Test Covid-19', asegura tener capacidad para hacer al día 10.000 PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa, la prueba que se considera más fiable).
Es más, Fernández se remite a la pasada semana, cuando se publicó la orden ministerial, como su primera semana de actividad. "Hicimos 2.000 pruebas y, en esos días, firmamos acuerdos con la sanidad privada para hacer pruebas en sus hospitales. Hasta entonces no estábamos listos porque hemos tenido que comprar robots y equipar laboratorios pequeñitos por todo el país. El mensaje es: que nadie se agobie. Que esto está encarrilado y hay pruebas para hacer", señala.
110 euros por prueba
Entre sus principales clientes, señala, las residencias de mayores. Ya trabajan en estos centros en comunidades como Cantabria, Andalucía o Madrid, afirma. Su prueba cuesta 110 euros. Cubre el coste de materiales, maquinaria o salarios de los casi 100 profesionales que trabajan en los laboratorios realizando la extracción, siempre según Fernández. Pruebas que, hasta justo antes de la orden ministerial, algunos centros ofertaban a un precio de 150 euros.
Lo que, según David Fernández, diferencia al consorcio que ha montado es, uno, que ellos nunca hicieron pruebas a particulares y, dos, que en su caso se focalizan a centros donde, siempre, ese tipo de test, se hacen por prescripción facultativa. Arquimea, declara su presidente "ha invertido hasta la fecha 5 millones de euros en la compra de maquinaria y fungible para poder abordar el servicio de test PCR".
Ajenos a la orden ministerial
En cualquier caso, desde Arquimea Group, dicen vivir ajenos a la normativa del Gobierno. Vozpópuli ha preguntado al Ministerio de Sanidad si, efectivamente, tras la orden ministerial de la pasada semana, los laboratorios privados pueden seguir actuando por su cuenta.
Desde Sanidad responden que "la orden establece que las pruebas diagnósticas para la detección de la Covid-19 deberán ser prescritas por un facultativo de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por la autoridad sanitaria competente, las comunidades autónomas".
En función de las necesidades concretas, añaden, las comunidades articularán esas instrucciones para ver cómo los laboratorios privados se ponen a su disposición. "Lo que se lee entre líneas es que el gobierno se desentiende y le pasa la pelota a las comunidades", traduce el presidente de Arquimea Group.
Un comercializador de pruebas
Desde la Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio Clínico (ANLAC), matizan a este digital que Arquimea funcionaría como comercializador, consistiendo la alianza en un grupo de laboratorios (mayoritariamente dedicados a la biomedicina y a la genética) que proporcionarían los test y procesarían las muestras. Entre estos laboratorios están Atrys, Imegen, LabGenetics y Life Length y centros de investigación como BioAssays, CIC bioGUNE, Epidisease y WORLDPATHOL.
No se trata, por tanto, de laboratorios de análisis generalistas como los que integran ANLAC, precisan desde esta entidad. Añaden que la Orden aprobada la semana pasada se aplica a todos los laboratorios de análisis clínicos, independientemente de su ubicación y especialidad.
Las CCAA pueden dictar instrucciones para su aplicación, tal y como ya han hecho Aragón, Asturias y Castilla y León, aunque la Orden es por sí misma aplicable, "pese a que en algunos aspectos es sumamente genérica". declaran desde ANLAC. Estas instrucciones están dirigidas a desarrollar la norma y facilitar su efectividad, pero "en modo alguno pueden eximir a los laboratorios del cumplimiento de la norma".
Es decir, todos los laboratorios tienen que informar de las pruebas realizadas y de los resultados obtenidos, así como de los kits y medios de diagnóstico de que disponen o adquieren. Igualmente, tienen prohibido realizar las pruebas si no cuentan con la correspondiente prescripción médica. "Por ello, todos los laboratorios que están trabajando en esta actividad se deben ajustar a esta normativa, nos guste más o menos", apostillan.
Un laboratorio no es "requisable"
"La orden recuerda a las comunidades autónoma que los laboratorios privados están a su disposición. Ya era así. Les dice que si les cobramos mucho les pueden obligar a hacer un precio justo y las comunidades ya tenían esa facultad. El negocio de un laboratorio no es requisable. Puedes requisar unos kits de diagnóstico rápido, pero no puedes requisar al personal que trabaja durante horas haciendo PCR. Al principio todo el mundo estaba muy preocupado, pero al día siguiente entendimos que significaba la orden ministerial y, todo lo contrario", asevera David Fernández.
Madrid sacará en breve una orden para articular la actuación de los laboratorios privados, señalan desde la Consejería
La alianza que encabeza la empresa de David Fernández asegura que tienen acuerdos con empresas nacionales y multinacionales de la UE y de EEUU que nos aseguran de manera fiable la cadena de suministro y que pueden procesar muestras en toda España.
Este digital también se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, una de las regiones donde la empresa dice estar realizando pruebas en las residencias. Desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero señalan que están a punto de sacar una orden para articular "este asunto" en relación a la actuación de los laboratorios privados. ¿Cuándo? "En breve", responden.
Hoteles y empresas como clientes
El consorcio de empresas que encabeza el grupo de Leganés apuesta por "hacer test masivos a todo el mundo, también a los asintomáticos, en la línea de otros países como Alemania. Se trata de generar zonas libres de Covid-19 y poder recuperar la normalidad. Las empresas nos están llamando para hacer pruebas a sus empleados y que puedan volver a trabajar, también los hoteles, para abrir hoteles seguros o la sanidad privada", relata Diego Fernández.
Grupos hospitalarios privados como HM o Quirónsalud ya se han puesto en contacto con ellos, asegura. Según ha podido saber Vozpópuli, HM, el grupo que dirige Juan Abarca, no tiene noticias sobre esta empresa.
Fernández también asegura haberse puesto en contacto, a comienzos de abril, con el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas para ofrecer su producto. Dice que no obtuvo respuesta. Este digital ha preguntado al departamento que dirige Salvador Illa si es así y si conoce de algo a esta empresa. No han respondido a la pregunta.
