El constante aumento de casos de coronavirus está provocando situaciones muy estresantes para los sanitarios y para los rastreadores sobre los que recae la detección de positivos y el seguimiento de contactos. Algunos ya se están encontrando con un repunte de pacientes que se niegan a hacerse la PCR, pese a haber estado en contacto con positivos, alegando que no pueden permitirse guardar una cuarentena, por ejemplo, por motivos laborales. Además, en los últimos días se suceden los casos de personas que, a la espera de los resultados de esa prueba o, incluso, sabiendo que están infectados, se saltan el obligatorio aislamiento. Las sanciones, varían en función de cada comunidad.
En Madrid, con una Atención Primaria saturada recuerda Marisa Fernández Ruiz, responsable de Atención Primaria de CC.OO. Sanidad, se están empezando a dar casos de pacientes que se muestran reticentes a hacerse la prueba PCR cuando los médicos se lo indican. Una situación que, apuntan desde otras fuentes, ya empieza a ser usual a la vuelta de vacaciones por parte de personas que sospechan haber estado en contacto con un positivo.
"Ya, pero es que vengo de vacaciones y me echan", es alguna de las excusas que escuchó Fernández Ruiz en el centro de salud Federica Montseny, de Vallecas, uno de los barrios de Madrid con mayor tasa de contagios. "O estar intentando localizar a alguien, no localizarlo y cuando la localizas, siendo una persona positiva, te dice que está haciendo la compra. Y cuando le dices que no puede estar en contacto con otra gente, no saben qué deben hacer ni qué decir", añade.
Escaso margen de maniobra
¿Qué margen de maniobra tienen los sanitarios ante situaciones como esta? Escaso. Más allá de su poder de convicción para que el paciente se haga la prueba, guarde la cuarentena o se mantenga confinado. "No somos policías. Solo podemos dejarlo en el historial y comunicarlo a Salud Pública. Hay dos problemas, no se han dado unas directrices claras de lo que es un contacto estrecho -el que es "estrecho de verdad", precisa y debe permanecer dos semanas en cuarentena- y, por otro lado, existe poca coordinación entre Primaria y Salud Pública".
Fernández Ruiz relata un caso de la misma mañana del jueves vivido en su centro de salud. Desde el centro, tras tres cuartos de hora llamando a diferentes teléfonos, localizaron a una persona sospechosa de ser positiva que, finalmente, estaba trabajando. "Hay más casos de los que nos estamos enterando", afirma la delegada sindical.
Madrid amplia sus PCR masivas a otros barrios
Precisamente este miércoles la Comunidad de Madrid anunciaba que ampliará a otras zonas de la región la intervención de realización de la prueba PCR a población de 15 a 49 años, con objeto de detectar precozmente la infección de covid-19 en población asintomática en aquellos lugares donde se registra mayor incidencia de casos positivos.
La actuación se incluye en la Estrategia COVID-19 y prosiguió hoy jueves
en el distrito de Puente de Vallecas; continuará el viernes en el municipio de Alcobendas y, el sábado, en Móstoles. La Dirección General de Salud Pública ha previsto citar diariamente para la prueba a 1.500 personas mediante el envío de mensajes SMS.
Apelan a la responsabilidad individual
"Nosotros estamos pillados. Hemos estado mirando incluso la legislación para ver cómo actuar. Pero no podemos hacer mucho más. Puedes explicarle a la madre de un adolescente que debe hacerse la prueba y que es su responsabilidad que su hijo la haga. Pero no puedes llamar a la policía", señala Fernández Ruiz sobre algunos casos con los que se encuentran en el día a día. Desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) suscriben lo expuesto por la delegada de CCOO. "Sólo se puede notificar a Salud Pública", comentan.
"El sanitario no tiene poder de coerción. Salud Pública sí puede acceder a la historia clínica, porque eso se ha modificado, localizar a la persona y, dentro de las facultades que tiene como autoridad sanitaria, si es un caso grave, incluso mandar a la policía. Pero esos elementos de coerción siempre tiene que tener dimensión de autoridad sanitaria", indican a este digital otras fuentes sanitarias.
Las comunidades modifican su régimen sancionador
Las mismas fuentes explican que existe una "proliferación de normativa" y que lo que están haciendo las comunidades autónomas es modificar su régimen sancionador en materia de salud pública a través de los llamados decretos-leyes autonómicos. En Extremadura, por ejemplo, a finales del pasado mes de julio, la Asamblea convalidó el decreto por el que se modifica la Ley de Salud Pública. El incumplimiento de las medidas contra el coronavirus recoge multas de hasta 600.000 euros. Lo mismo sucede en Cataluña o Andalucía.
Una persona se puede negar a hacerse una prueba, añaden las fuentes antes citadas, "y nadie le puede obligar, pero la autoridad sanitaria sí podría hacerlo si es un contacto estrecho o está dentro de los supuestos de los que hay que hacer seguimiento de acuerdo a los protocolos autonómicos". Como imponer el confinamiento. Por ejemplo, en el decreto ley de Extremadura, incumplir el deber de cautela es una falta grave, lo mismo que el de aislamiento y, si pone en riesgo a los demás, se considera falta más grave.
En los últimos días se han sucedido los casos de personas que, sin esperar el resultado de las pruebas PCR que se les habían hecho, decidieron saltarse la cuarentena y continuar con su vida normal. Como el de una madrileña que emprendió el Camino de Santiago con otras 17 personas pese a presentar síntomas o el de un hombre asintomático que, en Canarias, se saltó la cuarentena para acudir a una fiesta.
