Casi el 99% de la población española y la práctica totalidad del territorio han estado expuestos este año a unos niveles insalubres de contaminación por ozono troposférico, según un informe publicado este martes por Ecologistas en Acción.
Así se desprende del informe, que analiza los datos de 490 estaciones oficiales de medición sobre este contaminante de origen difuso repartidas por toda España, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022, según escribe EFE.
Las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la repercusión sanitaria de la contaminación atmosférica señalan que en 2019 murieron en España 30.000 personas: 23.300 por partículas PM2,5; 6.250 por dióxido de Nitrógeno (NO2) y 1.820 por ozono troposférico (O3).
En concreto, el coordinador del informe, Miguel Ángel Ceballos, ha señalado que el aire contaminado por ozono ha afectado en 2022 a 46,8 millones de personas, el 98,7% de la población española, así como a 503.000 kilómetros cuadrados, el 99,7% del territorio.
Ceballos ha explicado que este contaminante "es bastante peculiar", ya que no sale de los tubos de escape ni de las chimeneas industriales, sino que "se forma en la superficie por la reacción química entre los contaminantes precursores y la radiación solar".
Se trata de un elemento "típicamente estival" que tiende a acumularse a cierta distancia de donde está el tráfico rodado y los contaminantes industriales que lo provocan, es decir, "en las áreas rurales de la periferia urbana", donde "se han detectado niveles más altos que en las zonas con más tráfico”.
El informe señala que los territorios más afectados por el ozono en 2022 se han repartido entre la Comunidad de Madrid y el interior de Cataluña, agrupando las únicas zonas en las que la media de las estaciones de medición ubicadas en cada una habría superado el objetivo legal para la protección de la salud.
Por sus características particulares, el ozono afecta con más intensidad a las áreas suburbanas y rurales a sotavento de las aglomeraciones de Madrid, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Murcia, Valencia, Valladolid o Palma, y a diferentes zonas rurales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.
Según las recomendaciones de la OMS, que establecen como límite seguro los 100 microgramos de ozono por metro cúbico durante tres días al año, los únicos territorios españoles que no han estado expuestos a niveles peligrosos de este contaminante son "el norte de Tenerife y Gran Canaria, Logroño y Pontevedra".
La otra referencia para medir este contaminante es el límite legal, que "es más laxo y no protege la salud", fijado en 120 microgramos de ozono por metro cúbico, un límite que, además, "puede sobrepasarse legalmente 25 días al año".
Por ello, en función del estándar considerado a la hora de realizar las mediciones, "la población afectada varía considerablemente".
De hecho, Ceballos ha anunciado que este miércoles la Comisión Europea hará pública una revisión a la baja de los límites legales de este contaminante -el que afecta a más territorio y a más personas en España-, para alinear los máximos legales con las recomendaciones de la OMS y consolidar unos límites que aseguren la salud de los ciudadanos.
En general, 2022 ha tenido unos niveles de ozono troposférico elevados debido al verano más caluroso desde 1961”, que ha venido marcado por tres olas de calor muy intensas y prolongadas, que han potenciado la formación de este contaminante, ha señalado Ceballos.
Según el coordinador del informe, el factor que explica este aumento del ozono troposférico es el incremento de las temperaturas, ya que "los picos de ozono más destacados se han producido durante estas olas de calor espoleadas por el cambio climático".
Ceballos se ha referido al ozono troposférico como "un problema de salud pública de primer orden, con una mortalidad similar a los accidentes de tráfico y un gasto sanitario anual de 5.000 millones de euros en España por atender a las personas afectadas".
Para proteger la salud de las personas, las administraciones están obligadas a informar de los niveles de contaminación por ozono", aunque dicha información "sea compleja y difícil de interpretar por la ciudadanía".
Es por este motivo que los ecologistas perciben un "déficit de información sobre este contaminante", ya que las alertas "no llegan al grueso de la población en riesgo", como demuestra una encuesta realizada este año, en la que el 60% de los participantes considera que no está bien informado de la calidad del aire que respira.
Para revertir esta situación, desde Ecologistas en Acción piden que "simplemente se cumpla lo previsto en la legislación" en la forma de planes de mejora de calidad del aire, que se traduzcan en medidas concretas para reducir las emisiones del transporte y de la industria para que este problema no se cronifique en el tiempo.
