Crece la tensión por la luz verde del Gobierno para la contratación de 10.000 facultativos sin especialidad o extracomunitarios para hacer frente a la crisis del coronavirus. Sociedades médicas y sindicatos han mostrado un rechazo frontal a la medida. Especialmente duro se ha mostrado el Foro de la Atención Primaria que critica que "descapitalizar de médicos a países con un mayor nivel de pobreza, menor esperanza de vida y más patología derivada de déficits en salud pública y escasez de profesionales sanitarios" es una "línea roja" que no se debería cruzar.
El Consejo de Ministros aprobaba el pasado martes el Real Decreto-ley 29/2020 sobre medidas urgentes en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud que faculta a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para "la contratación excepcional" de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria.
La profesión médica ha mostrado su más absoluto rechazo desde diferentes foros. También los sindicatos. El texto recoge la posibilidad de que se pueda contratar a los profesionales que, tengan el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente pero carezcan del título de especialista reconocido en España, para realizar funciones propias de una especialidad.
Según la nueva normativa -publicada en el Boletín Oficial del Estado, BOE, el 30 de septiembre y con entrada en vigor prevista desde el 1 de octubre- se podrá contratar, a quienes hayan realizado las pruebas selectivas de formación sanitaria especializada en la convocatoria 2019/2020, que han superado la puntuación mínima pero no han conseguido una plaza.
Actividad asistencial durante 12 meses
Según ha explicado el Ministerio de Sanidad, el número de facultativos que podrían ser contratados por parte de las comunidades autónomas gracias a la normativa ascienden a los 10.000. Sanidad autoriza a la contratación de ese personal para realizar "actividad asistencial" por un periodo de hasta 12 meses, prorrogable por sucesivos períodos de tres meses.
En concreto, en el caso de los médicos serían 4.557 los profesionales que realizaron el examen MIR y que no tienen plaza; así como otras titulaciones que optaban a perfiles facultativos: Psicología con 2.802 profesionales, Farmacia con 917 profesionales, Biología con 557, Química con 161 y Física con 93, desglosa el Ministerio.
En la misma bolsa, el departamento que dirige Salvador Illa calcula que el número de profesionales no comunitarios que se pueden contratar con la nueva medida asciende a 234, de los que 153 se encuentran pendientes de realización de prácticas profesionales, 81 pendientes de realización de formación complementaria y 282 pendientes de la superación de una prueba teórico práctica.
Falta de previsión del Gobierno
Precisamente, días antes de que estallara la tormenta política en Madrid a costa de las restricciones impuestas por el Gobierno a la comunidad, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad, Antonio Zapatero, pedía al Gobierno central poder contratar a médicos extracomunitarios para reforzar la Atención Primaria de la región, colapsada desde hace años y ahora, ahogada, por la atención a enfermos de coronavirus.
Este jueves el Foro de Médicos de Atención Primaria - del que forman parte la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); la Organización Médico Colegial de España (OMC); la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) o la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG); mostraban su "más enérgica queja" frente el planteamiento de medidas propuestas en la normativa.
Los médicos de Atención Primaria dicen que la normativa es "una respuesta apresurada a una falta de previsión" denunciada desde hace años por el colectivo"
El texto, dicen, abre las puertas a la contratación de 10.000 profesionales extracomunitarios o sin especialidad para integrarlos en Atención Primaria, así como el traslado de especialistas hospitalarios a este ámbito asistencial. "Más allá de la denuncia sobre la falta de conocimiento auténtico acerca de la realidad de los médicos que trabajamos en Atención Primaria", se quejan.
Las sociedades científicas aseguran que se trata de "una respuesta apresurada a una falta de previsión" denunciada desde hace años por el colectivo. "Debemos asumir que no hay médicos con formación MIR suficiente y, al mismo tiempo, numerosos médicos jóvenes se han marchado al extranjero por la insoportable precariedad y los bajos salarios que se les ofrecen en nuestro país". Critican que la "administración ha hecho poco" para evitar la fuga de profesionales.
La especialización parece inútil
Creen que con la contratación, para realizar funciones de especialista, de profesionales que cuentan con el grado, licenciatura o diplomatura, pero carecen del título de especialista, se traslada la idea "de que la especialización de nuestros médicos es un instrumento inútil cuando es precisamente ésta la que impulsa su reconocimiento internacional".
"No cualquier médico puede realizar la actividad de un médico de familia o pediatra, ni cualquier médico puede ser contratado en el hospital como cardiólogo, neumólogo o cirujano", señalan los facultativos
Las sociedades van más allá y piensan que contratar a médicos sin especialidad "supone un riesgo de salud pública". Y critican: "No todo vale. No cualquier médico puede realizar la actividad de un médico de familia o pediatra de Atención Primaria, del mismo modo que no cualquier médico puede ser contratado en el hospital como cardiólogo, neumólogo o cirujano".
Cruzar una línea roja
Pero hay un aspecto en el que se muestran especialmente duros y es que piensan que la contratación de médicos extracomunitarios supone "un conflicto respecto a la equidad internacional que como cuidadores debemos constatar: descapitalizar de médicos a países con un mayor nivel de pobreza, menor esperanza de vida y más patología derivada de déficits en salud pública y escasez de profesionales sanitarios, es otra línea roja que no deberíamos cruzar".
En la misma línea el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha mostrado su total oposición a la nueva normativa que pretende "acelerar los trámites para abrir una vía de ejercicio a los médicos extracomunitarios mediante el reconocimiento de efectos profesionales, lo que supondrá facilitar el ejercicio a quienes no tengan el título de especialista". El organismo ha anunciado "que se mostrará especialmente vigilante para garantizar que estos profesionales reúnen las condiciones idóneas".
La corporación ha reclamado una rectificación por parte de la Administración. Y recuerda: hay "muchas vías" para cubrir este tipo de situaciones como puede ser la contratación de los 7.100 graduados en Medicina en las facultades españolas que se encuentran en disposición de realizar aquellas tareas encomendadas que no sean estrictamente competencia de especialistas.
Movilidad de los profesionales
El Real Decreto-Ley establece también la prestación excepcional y transitoria de servicios del personal médico y de enfermería estatutario, laboral y funcionario. En la práctica significa que, por la presión de pacientes covid, las comunidades autónomas podrán destinar el personal de área de cualquier especialidad, dentro de su centro hospitalario, a unidades asistenciales de otra especialidad distinta de la suya.
Pero, además, cada comunidad podrá acordar que el personal de enfermería y médico que preste servicios en hospitales pase a hacerlo en los centros de Atención Primaria de su área de influencia. Una medida que para el sindicato médico Amyts (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid) "supone en la práctica dotar a las autoridades sanitarias de vía libre para, lejos de mejorar la calidad de los contratos y hacer atractivos dichos puestos tanto a nivel de Madrid como de España a los profesionales, ‘militarizar’ (movilidad forzosa entre niveles asistenciales, categorías y especialidades) y precarizar aún más las condiciones de los facultativos".
Esta misma semana, el Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) aprobaba la convocatoria de una huelga general de médicos en todo el territorio nacional tras conocer el contenido de una normativa que, en su opinión, "desmantela la profesión médica".
