Las enfermedades víricas, como lo es la covid-19, son algunas de las patologías sobre las que menos se investigaban antes del inicio de la pandemia, con apenas un 4% de los ensayos clínicos realizados en España destinados a su estudio. Es una de las principales conclusiones del informe 'La investigación clínica en España: un perfil de los ensayos clínicos a través de su registro', publicado este miércoles por la Fundación Salud por Derecho.
De acuerdo con el documento, que se ha basado en un análisis de los datos del Registro Español de Estudios Clínicos, la base de datos donde se contabilizan todos los ensayos clínicos que se ponen en marcha en nuestro país, las enfermedades víricas son las que menos atención reciben a nivel de análisis clínico.
De esta manera, el 35% de los ensayos se destinan al estudio del cáncer, una de las patologías que más atención recibe no sólo en España, sino por parte de la industria farmacéutica a nivel internacional. Le siguen muy por detrás las enfermedades del sistema nervioso -en especial el Alzhéimer- con un 8% de los ensayos clínicos destinados a su investigación. Luego van las patologías del sistema inmunitario, con un 6%; las enfermedades cardiovasculares con un 5% y por último, las víricas, con un 4%.
La industria farmacéutica es la que elige qué enfermedades investigar
En el informe, sus autores ponen de relieve la necesidad de "reequilibrar la agenda de investigación y revisar sus prioridades para asegurar que los avances llegan a todas las enfermedades, no solo a las que generan más beneficios económicos".Y es que el cáncer es una de las enfermedades más rentables, ya que cuenta con una prevalencia muy alta entre la población.
Otro de los puntos clave del informe es la falta de inversión pública en los ensayos clínicos. El 79% de estos estudios están financiados por compañías farmacéuticas, de tal manera que son estas compañías las que eligen qué patologías investigar. Es por ello que en el documento sus autores recomiendan aumentar los recursos "destinados a promover ensayos clínicos independientes" sin la "influencia de los intereses comerciales de la industria farmacéutica".
Después de los ensayos financiados por las 'farmas', les siguen muy de lejos las universidades, fundaciones o centros de investigación públicos, que realizan un 15% de los estudios restante. Luego hay al menos un 6% de los ensayos que son de financiación mixta.
Falta de transparencia
Otro de los puntos que critican en el informe es la "evidente falta de transparencia" en el ámbito de los ensayos clínicos, ya que, según denuncian, al menos una cuarta parte de los estudios que ya han finalizado no han publicado aún sus resultados.
Por otro lado, muchos de estos estudios no aportan información esencial, como su fecha de finalización. De acuerdo con el informe de la fundación al menos 70% de los ensayos que han concluido no existe la fecha de finalización a nivel global, lo que impide saber si cumplen con la normativa sobre transparencia. Lo mismo ocurre con el dato del número de personas que participan en los hospitales españoles en ensayos clínicos o con el principio activo que se está probando en cada uno de ellos. Sobre este último, el análisis destaca que la cifra falta en un 20% de los casos.
Es por ello que desde Salud por Derecho exigen a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad responsable de la gestión de los ensayos clínicos que ponga en marcha un sistema de control para hacer obligatoria la publicación de los resultados y datos de los ensayos clínicos.
Más allá del análisis del Registro Español de Estudios Clínicos, el estudio propone recomendaciones en materia de transparencia que permitan conocer información relevante como los costes y las condiciones económicas de los acuerdos que se establecen con los hospitales para la realización de los ensayos. En ese sentido, recuerda que debería conocerse la aportación que realizan los hospitales públicos a través de financiación directa, horas de trabajo del personal sanitario, servicios o infraestructuras: "una inversión que a día de hoy no se cuantifica, a pesar de tratarse de recursos públicos", sostienen.
