La industria farmacéutica considera que ya hace suficiente ejercicio de transparencia, sobre todo en lo que respecta a los precios de los medicamentos financiados. Según ha manifestado el presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, dotar de mayor transparencia al proceso de financiación de los medicamentos públicos sólo lograría que estos aumentasen su precio.
"No tiene sentido hacer públicos los precios de los medicamentos, ya que puede afectar a las prácticas de otros compradores, sobre todo fuera de España, y sería negativo para los compradores públicos", ha alegado el presidente de la patronal de los laboratorios durante el XVI Seminario de Industria Farmacéutica & Medios de Comunicación.
A su modo de ver, el hacer públicos estos datos para la ciudadanía podría afectar al poder de negociación de las farmacéuticas y del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social durante el proceso de determinar qué precios pagará el Gobierno por los nuevos medicamentos. Del mismo modo, provocaría que las empresas españolas perdiesen competitividad frente a compañías farmacéuticas extranjeras mucho más potentes.
El caso Novartis
Las declaraciones de Sellés se han producido después de que se hiciera público hace unas semanas que la multinacional farmacéutica Novartis estaba intentando frenar a través de los tribunales que una asociación conociera el precio de financiación de su tratamiento Kymriah, una de las conocidas como inmunoterapias celulares (CAR-T) contra la leucemia.
Así lo denunció a través de un comunicado la asociación No es Sano, responsable de enviar una petición al Ministerio de Sanidad para conocer el precio y los criterios -tanto terapéuticos como económicos- que justificaban la aprobación de dicha terapia. Según aseguran desde la asociación, en enero de 2019 recibieron la respuesta del Gobierno, donde incluía el precio de financiación del tratamiento. Alcanza la friolera de 320.000 euros.
No obstante, desde la organización denuncian que a la hora de desglosar los criterios, el Gobierno ofreció una "información genérica e incompleta que no respondía a nuestra solicitud". Según explican, es por ello que optaron por acudir al Consejo General de la Transparencia, organismo independiente encargado de velar por la transparencia de la actividad pública. Dicho organismo falló en favor de No Es Sano e instó al Ejecutivo a facilitar esta información.
Una vez se dio a conocer este fallo, la farmacéutica Novartis decidió llevar el caso ante la Justicia para paralizar el proceso. Según informaron en su momento fuentes de la compañía a Vozpópuli, Novartis decidió recurrir la resolución de Transparencia porque no había sido informada del procedimiento y por tanto “no tuvo ocasión de ser escuchada para poder defender sus legítimos intereses".
¿Tiene sentido publicarlos?
Durante su intervención, Sellés ha mostrado su disconformidad con este tipo de iniciativas por parte de ciertas asociaciones. “¿Cuál es el fin de darle una mayor transparencia? ¿El fin es de que las personas y la población tengamos la garantía de que es el precio adecuado, cuando esta garantía son las propias autoridades?”, ha cuestionado.
A su modo de ver, los únicos que tienen que conocer el precio son las autoridades sanitarias y los fabricantes de medicamentos, que ya funcionan como garantía.
Desde la industria, especialmente a través de sus patronales, siempre están haciendo alarde del enorme nivel de compromiso con la transparencia que tienen sus empresas, poniendo como ejemplo la publicación de las transferencias de valor que hacen anualmente.
Bajo este compromiso, los grandes laboratorios publican -desglosados- todos los pagos hechos a médicos, asociaciones de pacientes y particulares cada año. En España, durante 2018, las farmacéuticas se gastaron un total de 597 millones de euros en financiar viajes, organizar congresos, donaciones y aportaciones a médicos particulares.
No obstante, para defender la opacidad que rodea al precio que pagan las comunidades autónomas y los hospitales públicos por medicamentos como Kymriah, la industria alega que es necesaria por motivos comerciales.
El debate sigue abierto
La realidad es que la legislación española establece que la intervención pública en los precios de los medicamentos “no puede afectar al núcleo esencial de la libertad de la empresa”. Por otro lado, son múltiples los textos legislativos que señalan que esa información es “confidencial”.
Farmaindustria viene a alegar que los secretos comerciales, así como la capacidad de negociación que le proporciona que los precios negociados con Sanidad sigan siendo secretos, son una garantía de las libertades de las empresas farmacéuticas.
De hecho, durante una ponencia especializada en el tema ofrecida por la directora del Departamento Jurídico de la patronal farmacéutica, se han puesto de relieve varios antecedentes europeos similares al caso de Novartis en España.
Las dos sentencias propuestas, una italiana y otra irlandesa, van más allá. Ambos jueces alegan que el hecho de que estos precios sigan siendo confidenciales no sólo dota de margen de negociación a las farmacéuticas, sino también a las autoridades sanitarias.
No obstante, también reconocen que el hacer público los precios que pagan las autoridades sanitarias por ciertos medicamentos responde al interés público, ya que “son cantidades considerables de dinero público”. Por tanto, el debate sobre si es más importante defender este interés público y dar a conocer el precio de los medicamentos innovadores que paga Sanidad o proteger los secretos comerciales continúa abierto.
