Durante la última semana, los denominados triajes clínicos - el método que utilizan los médicos para decidir a qué pacientes priorizan cuando los recursos son escasos- se han convertido en uno de los focos de la discusión política, sobre todo los relacionados con las personas más mayores residentes en las residencias de ancianos, muchas de las cuales no llegaron a ser trasladadas a los hospitales para recibir tratamiento contra la covid-19 en el pico de la pandemia ante la escasez de recursos.
La noticia de que algunos ancianos nunca llegaron a los hospitales o que tuvieron que ser desentubados de los respiradores para que se pudieran usar con pacientes con más posibilidades de sobrevivir ha generado bastante indignación entre la opinión pública. Como consecuencia, numerosas sociedades médicas han salido a defender su actuación durante la pandemia y a denunciar que gran parte de estas situaciones fueron consecuencia de decisiones políticas fuera de su control.
Este viernes, un total de 10 sociedades médicas emitieron un comunicado en el que desmienten que la edad fuera el único criterio a la hora de establecer prioridades de asistencia a los enfermos y defienden que han hecho su labor lo mejor que han podido con los recursos disponibles, sobre todo en aquellas regiones más afectadas por el virus, donde la pandemia "supuso un alto nivel de presión asistencial".
"Los sanitarios han desempañado su labor de forma encomiable, entregada y ejemplar, pese a no disponer, en ocasiones, de todos los recursos óptimos o que hubiesen sido los ideales o deseados para proteger al máximo nivel posible la salud de los pacientes y la suya propia", reza el documento.
En ese sentido, defienden que los profesionales médicos se han visto obligados durante esta pandemia a tomar "decisiones clínicas de elevadísima complejidad, valoran el el balance riesgo beneficio a la hora de asignar cualquier terapia o recurso sanitario a un paciente". Además, defienden que en todo momento se han tomado esas decisiones en función de criterios médicos "ajustados a la evidencia científica disponible" y en base a múltiples aspectos más allá de la edad, como su estado de salud y sus posibilidades de supervivencia a largo plazo.
"El objetivo no ha sido otro que velar por la salud de los pacientes y salvar vidas en un contexto complejo de crisis sanitaria, nunca antes vivido en la historia reciente, tanto en España como en el resto de países del mundo", alegan
En particular, el documento lo firman algunas de las sociedades médicas más importantes de España: la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).
También la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) y la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR).
Y pesar de que son más de 10 sociedades, no son las únicas organizaciones médicas que se han pronunciado al respecto. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el mayor sindicato médico de España, también ha defendido públicamente que los médicos se han limitado a atender a los enfermos lo mejor que han podido con los medios que tenían a su alcance.
"La responsabilidad es de quien dictó la orden"
En ese sentido, van más allá que las sociedades médicas y denuncian que acusar a los médicos y cargarles con toda la responsabilidad de la situación no es justo: "es de justicia descargar de cualquier culpa al sanitario sobre estas instrucciones, en el caso de que sean ciertas", apuntan, en referencia a las informaciones sobre que el servicio madrileño de salud recibió instrucciones de no trasladar a enfermos desde las residencias de mayores.
"El profesional de la sanidad se limita a seguir las instrucciones de sus superiores y no tiene responsabilidades sobre decisiones que superan sus competencias, como la de decidir a qué tipo de paciente se le ingresa en un hospital y a cuál no", alegan.
Así, han advertido de que, "si estas instrucciones existieron, la responsabilidad es de quien las dictó, es decir, de los representantes políticos". No obstante, desde CSIF entienden que si la decisión que adoptaron los responsables políticos, como indican algunas informaciones, fue la de descartar los ingresos hospitalarios de pacientes de mayor edad, el gran error que se cometió durante esta crisis fue no medicalizar las residencias de mayores.
Y considera que "los tribunales serán los encargados de determinar las responsabilidades políticas por esta mala gestión, tanto por decisiones de triaje cuestionables dictadas por los poderes políticos, como por una alarmante carencia de medios de prevención que provocó una alta tasa de contagios entre los profesionales de la sanidad".
