La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, ha advertido este sábado que el no cumplir las medidas de aislamiento domiciliario impuestas por el coronavirus puede conllevar una sanción económica de hasta 600.000 euros.
Marrodán ha hecho esta afirmación durante una conferencia de prensa en la que ha comparecido junto a la consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba. Ambas han aludido a la situación de la epidemia de coronavirus en La Rioja y, de forma específica a lo que sucede en Haro, donde se concentran 31 de los 39 casos positivos que hay en la comunidad autónoma, "todos con un foco identificado y concreto".
Por esta situación se han adoptado diferentes medidas, como el acceso controlado al centro de salud de Haro y "reforzar el control del aislamiento domiciliario" de los afectados, en colaboración con las fuerzas de seguridad, en concreto con patrullas de la Policía Local de Haro y de la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha sido solicitada para comunicar de forma individual y escrita a todos los afectados la obligación de guardar la cuarentena domiciliaria, apercibiéndoles de las posibles medidas administrativas o penales de su incumplimiento. Un paso previo y gradual a otras posibles medidas caso de incumplimiento como pudiera ser el ingreso hospitalario obligatorio.
"Garantizar el correcto aislamiento"
Alba ha explicado que tras mantener una reunión con los alcaldes se determinó desplegar a las fuerzas de seguridad "para garantizar el correcto aislamiento domiciliario" y ha justificado que "por un principio de precaución es necesario tomar todas las medidas excepcionales que sean necesarias para impedir la transmisión si hay ciudadanos que no sigan las recomendaciones".
La delegada del Gobierno en La Rioja, ha incidido en que las fuerzas de seguridad "se han desplegado para asegurar el cumplimiento de las medidas y el único objetivo es que los afectados sigan las indicaciones". No ha aclarado si se han producido situaciones en las que se haya intentado eludir el aislamiento, pero ha admitido que "dada la situación, hay que transmitir que el deber de cumplir con las indicaciones, de obedecer".
No ha aclarado si se han producido situaciones en las que se haya intentado eludir el aislamiento
"Es un deber de los ciudadanos, está recogido en la Ley, vamos a mostrarnos firmes y en los casos en los que se no se cumpla de manera voluntaria se tomarán medidas para que sea forzoso, con los mecanismos jurídicos y legales a nuestro alcance", ha dicho Marrodán.
De hecho, ha precisado que el incumplimiento de las medidas de aislamiento puede llevar sanciones administrativas y multas de 3.000 a 600.000 euros, siempre con "un criterio de proporcionalidad y atendiendo a situaciones de forma individual", para apoyar "con la contundencia necesaria las indicaciones de autoridad sanitaria".
Ha considerado que "hasta ahora" la actuación de las fuerzas policiales "ha sido supervisar que se cumplían las orientaciones", pero ha incidido en que "no es una cuestión voluntaria". "Si se toman medidas excepcionales es para asegurarnos del cumplimiento, porque entendemos que la situación es excepcional por número y por las circunstancias", ha agregado. El despliegue de las fuerzas de seguridad no supone que el barrio "esté cerrado", ha subrayado Marrodán, que ha apuntado que "se va a mantener el tiempo que sea necesario".
