La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería, SATSE han dado un golpe sobre la mesa para denunciar los “graves problemas” de la sanidad penitenciaria en España. No descartan, incluso, llegar a la huelga para revertir una situación que viene de lejos por el retraso de 17 años en la transferencia de las competencias a las Comunidades Autónomas. En España, unos 220 médicos y 500 enfermeras atienden a una población que puede llegar a los 70.000 internos.
Enfermeras que suplen a los médicos ante la falta de facultativos; centros penitenciarios donde, en fines de semana o festivos, los propios internos deben administrarse su medicación; especialistas que acuden a las prisiones, con contratos puntuales, para paliar necesidades que sus compañeros no pueden cubrir; otras prisiones donde directamente no hay profesionales sanitarios...
Los sindicatos sanitarios dibujan un penoso escenario si se habla de la sanidad en las prisiones. “Es un problema que afecta a los profesionales sanitarios y a las personas que están privadas de libertad, que tienen derecho a tener la misma sanidad que el resto de la población y no una de segundo o tercer grado. No es justa la diferencia en el trato. Es discriminatoria", afirmó en rueda de prensa Gabriel del Pozo, secretario general de CESM.
"Oyen, pero no escuchan"
Los sindicatos consideran que se trata de un problema de "desidia". Hace apenas unos días, las dos organizaciones registraban diferentes peticiones de reunión tanto a los Ministerios de Interior, de quien depende la sanidad penitenciaria; de Sanidad como al de Política Territorial y Función Pública. También han acudido al Defensor del Pueblo. “Nos oyen, pero no nos escuchan”, se quejan en relación a la falta de respuestas por parte de la administración." En las cartas denunciaban las especiales condiciones de peligrosidad y penosidad que sufren las médicos y enfermeras que trabajan en las prisiones, así como el creciente déficit de profesionales sanitarios. Una situación que, remarcan, viene de lejos. No se está cumpliendo la ley, aseguran, en alusión a los 17 años de retraso en el traspaso de las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas. Solo Cataluña y Euskadi, tienen asumida esa competencia.
Tanto SATSE como CESM inisisten en que trata de un problema ante el que las administraciones miran hacia otro lado. Aluden, a la sensibilidad de Unidas Podemos, ahora en el Gobierno, que señalan, siempre ha mostrado "una mayor receptividad" ante la “penosa” situación sanitaria que atraviesan los centros penitenciarios y que, recuerdan, viene de lejos.
No se cumple la ley
No se está cumpliendo la ley, aseguran ambos sindicatos, en alusión a los 17 años de retraso en el traspaso de las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas. Solo Cataluña y Euskadi, tienen asumida esa competencia.
Pedro Antonio Martínez Sánchez, médico del Centro Penitenciario de Ocaña II (Toledo), recordó que en los últimos años han mantenido diferentes reuniones tanto con el Ministerio del Interior como con el de Sanidad. La última, el pasado junio con Fernando Grande-Marlaska, el titular de Interior. Expusieron todas sus reivindicaciones, pero la situación, lejos de mejorar, ha empeorado, apuntó.
El 90% de los médicos de prisiones tiene más de 50 años y el 30 por ciento podría jubilarse ya. Quedan por cubrir 220 plazas.
Actualmente, hay 220 médicos en las prisiones españolas (66 centros penitenciarios; 11 centros reinserción y dos psiquiátricos) para una población de entre 50.000 (la fija) y 70.000 reclusos (la que va rotando). El 90 por ciento de los facultativos tiene más de 50 años y el 30 por ciento podría jubilarse ya. Quedan por cubrir otras 220 plazas.
Medicina de casa de socorro
El trabajo de los médicos en estos centros es especialmente dificultoso porque, a la carencia de medios humanos, dijo Martínez Sánchez, se suma que la población reclusa tiene patologías muy concretas: drogadicción, problemas de salud mental o dolencias infectocontagiosas... Muchas veces, incluso, todas a la vez. “Necesitan cuidados muy intensivos y actualmente solo podemos prestarles una medicina de urgencias. Hacemos una medicina de casa de socorro”, apostilló. El médico se quejó también del aislamiento informático que padecen: “Estamos aislados, como si viviéramos en un gueto. No tenemos acceso a las historias clínicas de los pacientes que salen o entran".
¿Qué hace la administración?, se pregunta el facultativo. Poner “soluciones chapuza”, contesta. Cita ejemplos: en la prisión de Pamplona, no hay actualmente médico. “Se les ha ocurrido la idea (indica en relación a Instituciones Penitenciarias) de contratar a un compañero un día a la semana durante tres horas”, detalla.
El representante de CESM-Prisiones indicó que existen motivos para buscar soluciones: razones legales (traspaso de competencias), éticas, de salud pública y, también, económicas. Y precisó: la falta de facultativos supone un coste para las arcas sanitarias ya que muchos internos deben derivarse a los hospitales, por ejemplo para realizarse una prueba o ver a un especialista, con los costes que acarrea en materia de desplazamiento (son custodiados pos por la Guardia Civil).
Una enfermera por 100 pacientes
En enfermería penitenciaria, las cosas no van mejor, señaló el presidente de SATSE, Manuel Cascos. Hay una enfermera por cada cien reclusos. Faltan también auxiliares de enfermería y farmacéuticos, agregó. Y criticó que “como cada prisión es un reino de taifas, existe una desigualdad de recursos”.
En Aranjuez (Madrid) hay solo tres enfermeras cuando tiene asignadas once plazas, especificó la enfermera Lourdes Piñel, de Ocaña I, en Toledo.
Hasta el 50 por ciento del personal de enfermería está de baja por incapacidad temporal. Profesionales que no se sustituyen, denunció. Lo que provoca situaciones en centros como el de Aranjuez (Madrid) donde hay solo tres enfermeras cuando tiene asignadas once plazas, especificó la enfermera Lourdes Piñel, del Centro Penitenciario de Ocaña I, también Toledo. Se hace lo indispensable. Es una situación que sería insólita en cualquier otro centro sanitario del país”, puntualizó. Prisiones como la de Morón de la Frontera (Sevilla) o Algeciras (Cádiz) donde viven situaciones de absoluto colapso. Desde CESM y SATSE se habla de “voluntad política”, pero se advierte que también hacen falta recursos para que las Comunidades Autónomas, a las que critican por su “falta de sensibilidad”, acepten que se transfieran las competencias.
