Una de las medidas más polémicas dentro del sector sanitario en nuestro país han sido las subastas de medicamentos. Fueron impuestas en Andalucía durante el Gobierno de Susana Díaz, y ahora están siendo retiradas por el Ejecutivo popular en la región. Este año, han vuelto a ocupar cientos de titulares a raíz de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sugiriese esta medida a nivel nacional como método de ahorro en gasto farmacéutico.
De media, España gasta un 0,98% de nuestro PIB en medicamentos, mientras que el promedio europeo se encuentra en un 0,67%. Según el departamento de María Jesús Montero, durante 2018 el gasto farmacéutico hospitalario más el de recetas creció en el total de comunidades autónomas un 4,63%, hasta los 17.482 millones de euros. Esta cifra se eleva hasta los 22.094 millones si se añade el consumo en productos sanitarios.
Ahora, el Partido Socialista, aunque nunca se ha manifestado públicamente al respecto, ha incluido las subastas en el plan presupuestario recientemente enviado a Bruselas, y fuentes del sector farmacéutico consultadas por Vozpópuli apuntan a que desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social siempre les han dejado intuir que formará parte de sus medidas de lograr quedarse en el gobierno.
Ciudadanos centra su apuesta en la creación de una Tarjeta Sanitaria Única, una de sus propuestas estrella que también suscriben PP y Vox.
Unidas Podemos, por su parte, habla en su programa de aumentar el gasto sanitario tras los recortes sufridos en la crisis financiera, eliminar los copagos -algo que suscribe el PSOE- o poner freno a la privatización del sector, pero no especifica medidas sobre la financiación pública de medicamentos.
El que sí ahonda en el tema es el partido de Íñigo Errejón, que va más allá y ha puesto sobre la mesa la creación de un laboratorio farmacéutico público.
Por parte del Partido Popular, aunque sí apuestan por la compra centralizada de medicamentos desde el Estado central, se muestran contrarios a la medida, tal y como han demostrado desde que están en el poder en Andalucía. De hecho, en su programa afirman claramente que van a apoyar financieramente el “medicamento genérico para preservar la accesibilidad y sostenibilidad que aporta al sistema sanitario y su impacto en el tejido industrial”. Tradicionalmente, los populares siempre han sido los que más se han alineado con la industria nacional en este aspecto.
La formación verde de ultraderecha, Vox, también habla de centralizar la compra de medicamentos, esta vez “mediante el uso de Internet, que permita optimizar la eficiencia y garantizar la transparencia de las decisiones económicas”. No obstante, no ahonda en detalles.
La industria está de acuerdo: subastas no
A pesar de la falta de consenso entre los políticos sobre este sistema, con el PSOE como la única fuerza que ha puesto sobre la mesa esta medida, lo que la propuesta sí ha conseguido es lograr consenso por otro lado. Farmacéuticos (Consejo General y FEFE) laboratorios (Farmaindustria), distribución (Fedifar) y genéricos (Aeseg) han hecho frente común para cargar ante lo que consideran su mayor enemigo: las subastas.
El principal objetivo de una subasta de medicamentos es ahorrar costes y funciona de la siguiente manera: la Administración licitaría la venta en farmacias de determinados medicamentos cubiertos por la sanidad pública, por los que los laboratorios tendrían que competir entre sí en una puja económica.
A pesar de que supone una importante medida de ahorro -en Andalucía se ahorraron 560 millones- perjudica a los fabricantes de medicamentos, ya que perderían muchísima cuota de mercado, al tiempo que dejarían de estar financiados en gran parte por la Seguridad Social.
Alegan que aumentaría el desabastecimiento
Por otro lado, los farmacéuticos perderían el descuento que reciben de estos laboratorios por suministrar una marca de genérico u otra. No obstante, el argumento más repetido por el que se oponen a esta medida es porque provocaría desabastecimientos, algo que se ha convertido en una importante problemática en el último año.
El sistema se inspira en las subastas eléctricas, algo que critican duramente desde el Colegio General de Farmaceúticos (CGOF). Lamentan profundamente "que el modelo de subasta propuesto solo atienda a objetivos de ingeniería financiera energética" y no a las necesidades sanitarias reales de los ciudadanos.
"Subasta y salud es un binomio difícil de entender para nuestros pacientes y nuestros mayores con enfermedades crónicas. Ningún paciente entendería, ni aceptaría, que su medicación dependa del mejor postor en cada momento, porque la salud y los tratamientos farmacológicos no pueden depender de su código postal", alegaba Jesús Aguilar, presidente del CGOF.
Por parte de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), hablan de “graves consecuencias” para los pacientes. “Nunca tantos habíamos estado de acuerdo”, apuntaba su presidente, Luis del Palacio, haciendo referencia al consenso entre el sector.
Acabaría con la industria del genérico
Desde la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), durante una entrevista con Vozpópuli, explican que el método de las subastas supondría el fin del ecosistema de fabricantes de estos medicamentos en España.
Además, afirman, en línea con los Colegios de Farmacéuticos y Farmaindustria, que sólo aumentaría el problema de los desabastecimientos. “Cualquier medida que conlleve la exclusividad de una marca sobre las demás va a implicar desabastecimientos”, explica Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general de la patronal.
“Poner en marcha este tipo de propuestas supone un riesgo muy grande, porque cuando haya desabastecimiento de la marca que haya ganado la subasta, no habrá plan B”, apunta. A su modo de ver, esta iniciativa provocará que las compañías dedicadas a la producción de genéricos dejen de fabricar estos medicamentos, ya que será prácticamente imposible entrar en el mercado y por tanto, dejará de ser rentable.
Por otro lado, apuntan que este tipo de sistemas no existe en ningún otro lugar de Europa, al tiempo que supondría un “auténtico drama” para un sector de la industria farmacéutica que es principalmente nacional y que dista mucho de parecerse a las grandes multinacionales como Bayer, Johnson & Johnson o Pfizer. “Sería malo para un sector que es marca España, al tiempo que no supondría ninguna ventaja para los pacientes”, señala.
Desde Farmaindustria, la mayor asociación en España de empresas de la industria farmacéutica, creen que las medidas "son de ahorro a corto plazo" y que no tienen en cuenta el impacto "sobre el tejido productivo e innovador del país", refiriéndose a la inversión en I+D que llevan a cabo las farmacéuticas españolas, que es de más de 1.150 millones de euros al año.
