La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) informa de que en 2012 se realizaron en España un total de 112.390 abortos, lo que supondría 5.969 menos que los 118.359 registrados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2011.
Esta entidad confirma así el descenso del 5 por ciento que ha adelantado este lunes el diario 'El País', y asegura que la disminución "sería aun más acusada" si el Gobierno "no hubiera impedido" la aplicación de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que habilitaba "mecanismos necesarios y suficientes como para prevenir el embarazo no deseado".
Además, las clínicas aseguran que un total de 101.151 mujeres interrumpieron su gestación "por voluntad propia" y un total de 3.124 por anomalía fetal grave. En ambos casos, recuerdan, acogiéndose a supuestos que no están contemplados en el nuevo anteproyecto de ley que el Gobierno aprobó el viernes en Consejo de Ministros.
"En consecuencia, y toda vez que la ley del PP entre en vigor, más del 90 por ciento de las mujeres estarán abocadas al éxodo abortivo o a someterse a un aborto clandestino, circunstancia que pondrá en riesgo su salud y su vida", ha señalado ACAI en un comunicado.
"Más del 90 por ciento de las mujeres estarán abocadas al éxodo abortivo o a someterse a un aborto clandestino, circunstancia que pondrá en riesgo su salud y su vida"
Además, informan de que un total de 6.372 mujeres abortaron por peligro para la salud de la madre, un supuesto por el que con la nueva ley las mujeres "tendrán que someterse a un periplo legal, médico e ideológico de inciertos resultados", según aseguran.
ACAI califica además de "aberración" el hecho de que en el anteproyecto de ley se obligue a los psiquiatras, "poniendo en riesgo su seguridad jurídica", a ser "confesores" de la vida íntima de las mujeres que desean interrumpir su gestación.
"Resulta de una crueldad sin precedentes que una mujer pierda su privacidad, al verse obligada a comparecer ante los que serán custodios voluntarios u obligados de la moral religiosa de una minoría", según denuncian.
Por último, también advierten de que dicha norma aleja "completamente" a España de la realidad europea, ya que las mujeres tendrían "enormes dificultades" para "encontrar en su periplo médico y vital, profesionales que las puedan ayudar", ya que "los médicos y sanitarios podrían verse expuestos a 3 años de cárcel y 6 de inhabilitación si sus diagnósticos o informes preceptivos no se adecuan a la ideología política de los hacedores de esta ley".
