El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con 69 votos del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013, que permite que la Comunidad de Madrid amplíe la externalización sanitaria y que fomenta la instalación de proyectos como el de Eurovegas en la región.
Esta norma a la que hoy ha dado el visto bueno la Cámara de Vallecas cuenta con medidas que permiten que la Comunidad de Madrid lleve a cabo la externalización los seis hospitales de gestión mixta de la Comunidad, así como la de 27 centros de salud de la región, unas iniciativas que al igual que la regulación del euro por receta, que también contiene la ley, han sido muy discutidas, dentro y fuera del hemiciclo.
En esta norma también se da más libertad a los comerciantes para establecer sus periodos de rebajas y se crean los Centros Integrales de Desarrollo (CID), con los que el Ejecutivo regional busca que se instalen grandes proyectos en la Comunidad de Madrid y que la oposición considera que están hechos para beneficiar al proyecto Eurovegas del magnate Sheldon Adelson.
Asimismo, se modifica la ley del juego, se permite contratar a profesores nativos en centros educativos públicos y, entre otras cosas, se da la posibilidad a los trabajadores públicos de pedir una reducción de jornada, pero no se obliga a la Comunidad a reponer este hueco.
El PSOE: No es una ley, es un escándalo
"Esto no es una ley. Es un escándalo", ha afirmado el diputado socialista Antonio Miguel Carmona en el atril de la Asamblea de Madrid, donde ha propuesto un reto: "el reto de andar hacia delante y poder hacer planes de empleo".
"El black jack no nos va a traer la felicidad"
En primer lugar se ha centrado en los cambios sanitarios que contiene la ley, que son "un escándalo para la sanidad pública" y que, según ha asegurado, ya se veían venir. "En nombre de mi grupo parlamentario le exijo solemnemente que presente su dimisión", le ha pedido al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, como también lo ha hecho su homólogo de UPyD Luis de Velasco.
Asimismo, ha acusado al presidente de la Comunidad, Ignacio González, de haber convertido la política "en un ataúd en busca de un cementerio", y ha considerado que la ley "no es una ley", sino "una inmoralidad" y un "salvoconducto a la corrupción". Por ello, ha explicado, su posición es "un voto en contra de Adelson, la privatización de la sanidad y en contra de los privilegios". "Hagan juego con la sanidad, hagan juego", ha exclamado Carmona, que ha criticado que con esta norma los populares están "haciendo juego con la democracia".
"El black jack no nos va a traer la felicidad", ha insistido Carmona, quien frente a esta política que atribuye al PP, ha asegurado que sus enmiendas son a favor de la sanidad, la educación y los servicios sociales.
IU habla de ley Voldemort
Por su parte, la diputada de IU Libertad Martínez ha considerado que la Ley de Acompañamiento es la "Ley Voldemort", en referencia al personaje de Harry Potter que nunca debe ser nombrado. Y es que ha criticado que detrás de esta norma está Adelson. "Es la ley de la rabia y la ignominia", ha recalcado Martínez, que ha puesto la vista en los miles de desahucios que se producen en la región, porque, a su juicio, las medidas que lleve a cabo el Ejecutivo regional no deben sólo buscar proveer de vivienda social a los ciudadanos que estén pasando una mala situación, sino de tomar medidas que eviten que se produzca esa situación.
"El PP perdona 1.800 millones anuales al casino y no pueden dedicar 8 millones a impedir desahucios", ha criticado Martínez a renglón seguido, para reclamar, como ya ha hecho en todo el debate parlamentario, recuperar la fiscalidad que tenía anteriormente la Comunidad de Madrid.
Por último, ha sostenido que los populares han gobernado para los ricos, lo que ha generado "rabia, cabreo e indignación que han sido incapaces de afrontar y responder con valentía". En este punto, ha rechazado las palabras del presidente sobre el derecho de huelga y ha dicho que ellos seguirán "haciendo huelga".
Dimisión de Lasquetty
El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, que ha comenzado su intervención reclamando la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, para poder llegar a una solución en el "enquistado" conflicto sanitario, ha mostrado su oposición a la "privatización" sanitaria.
La ley crea "la república independiente de juegolandia"
Y es que en su opinión, "no es compatible" la búsqueda del beneficio de una empresa con el derecho a la salud de los ciudadanos. En otro orden de cosas, se ha referido a los apartados dedicados a Eurovegas, a pesar de que la ley no les nombra, y ha considerado que la norma lo que hace es "elaborar un traje a medida" a Adelson y así, crear "la república independiente de juegolandia".
En este sentido, ha desgranado que con esta norma, "se permite que intermediarios busquen personas para que jueguen o ir eliminando poco a poco los adelantos realizados en cuando a la prohibición del consumo de tabaco". Asimismo, ha reclamado a la Comunidad de Madrid que inicie "acciones para exigir responsabilidades penales" en el caso de Caja Madrid.
El PP critica al "repentino puritanismo progre"
En respuesta a los grupos, el portavoz presupuestario del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha explicado que cuando se habla de Eurovegas se habla de un proyecto de ocio, que pretende invertir 18.000 millones de euros, que son miles de puestos de trabajo. Así, tras criticar el "repentino puritanismo progre" de los socialistas, ha defendido que lo que busca la Comunidad de Madrid con las medidas contenidas en esta norma es atraer inversiones extranjeras.
En materia sanitaria, el otro tema que ha copado la mayoría del debate de este jueves, el popular ha aseverado que "la atención sanitaria en la Comunidad de Madrid seguirá siendo pública, gratuita y de la máxima calidad". Por último, en materia de impuestos también ha criticado la opinión de la oposición en la materia, que ha tildado de "carta a los Reyes Magos". En concreto, se ha referido a la recuperación del impuesto de patrimonio que reclama la oposición, una medida que, de aplicarse, no permitiría recaudar nada.
