El Ayuntamiento de Palma está preparando una reestructuración de la Policía Local tras la imputación por corrupción de, al menos, 25 agentes del cuerpo, 9 de ellos detenidos este domingo acusados de pertenencia a banda criminal, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.
El juzgado número 12 de Palma es el impulsor de la investigación que culminaba con la 'Operación Sancus', comenzada en 2013 con la irrupción de la Policía Judicial en el cuartel de San Fernando, según recoge el digital UH. Los investigadores se centraron en los supuestos amaños en las oposiciones policiales.
"Estamos trabajando para hacer cambios", ha asegurado este lunes la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, que ha comparecido en rueda de prensa para "lanzar un mensaje de total colaboración" con la justicia, que investiga la manipulación de exámenes de ascenso y una presunta trama policial de trato de favor y extorsión a empresarios del ocio nocturno.
Pastor ha hecho hincapié en que el equipo de gobierno municipal conoce pocos detalles de la investigación porque está bajo secreto de sumario, ha resaltado el apoyo a la Policía Local y ha recordado que el principio de presunción de inocencia ha de aplicarse a la "minoría" de agentes que ensucian la imagen del cuerpo.
La concejala ha expresado su preocupación por los presuntos delitos que están aflorando en este caso y ha afirmado que "parece difícil" que los responsables políticos no conocieran la existencia de irregularidades en las que estaban supuestamente implicados altos mandos policiales.
Los denunciantes temen por su vida
A raíz de las detenciones de los implicados en la trama, un agente y un oficial, ambos testigos protegidos de la Fiscalía Anticorrupción, han pedido poder disponer de sus armas reglamentarias las 24 horas del día por temor a represalias, ya que ambos alegan temer por sus vidas debido a la supuesta peligrosidad de las personas inmersas en el caso.
Los dos policías denunciaron haber sido objeto de amenazas en el campo de tiro de Puntiró por parte de los policías imputados ahora en la causa de la presunta corrupción por amaños de exámenes. Otro de los motivos argumentados es que algunos de los imputados han incumplido las órdenes de alejamiento fijadas por el juzgado.
Según los policías detenidos e imputados, los dos agentes que solicitan protección son los responsables de las denuncias que destaparon la trama y que inició la investigación que dirige el fiscal Miguel Ángel Subirán.
