La crisis dura ya cinco años, pero también va para largo, aseveran una y otra vez todos los entes públicos, organismos, compañías y cualquier persona jurídica o física metida en esto de hacer previsiones macro. Y entre vaticinio y pronóstico, está el desierto de lo real: la pobreza. Esta semana trascendió un informe presentado por Cáritas y elaborado por la Fundación Foessa alertando que en España se siguen los pasos de la ajada Grecia pues ya hay más personas en riesgo de exclusión social que nunca: 11,5 millones.

Un informe que casa con la petición llevada al Congreso de los Diputados esta semana por parte de la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales. Se trata, como indica el nombre, de los responsables de organizar estos servicios en las administraciones locales y autonómicas, que en total reúnen a 20.000 profesionales. La petición: o se aumentan las partidas destinadas a esta rama o se producirá "la quiebra de la cohesión social".

"Suicidio social"

"Actuar es arriesgado, pero no actuar es un suicidio social", afirma el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, según recogen algunas agencias. "Todo lo que no se gaste en protección social, el Gobierno se lo va a tener que gastar en seguridad ciudadana. Dinero que se recorte en políticas sociales, dinero que a la larga van a tener que gastar en policías, en Guardia Civil y en cárceles".

Lo más aterrador de la demanda no es eso. Lo más aterrador es el temor de Ramírez: “El drama es más humano. Más que un estallido social, estoy convencido de que el aumento de suicidios va a ser brutal, junto a las enfermedades mentales, el fracaso escolar, la violencia doméstica; más que salir a la calle y romper los cristales de los bancos va a ser un goteo incesante de dramas humanos, hasta que la gente pierda el miedo".

Moratorias hipotecarias o pausas de alquiler

Aparte de los recortes en gasto social, la asociación alerta del devenir de las más de 300.000 familias que han sufrido ejecuciones hipotecarias en los últimos años. Gran parte de las propuestas piden remedio a este mal, como la de introducir fórmulas de mediación para pactar una salida antes de acudir al procedimiento judicial, previo al desahucio.

Esta medida habla de crear una nueva figura jurídica de protección dirigida a las familias en riesgo de exclusión económica y social. "No se trata de condonar deudas sin más", matiza el responsable del redactar las propuestas, Luis Barriga, “sino de buscar soluciones similares a las que ya hay en otros países de la OCDE”, tales como moratorias hipotecarias o pausas en el pago del alquiler.