Los duques de Palma están decididos a sustituir su ostentoso palacete en Pedralbes por una residencia que se adecue más a su nueva situación, publica este jueves el periódico ‘La Vanguardia’.
La vivienda costó a la pareja 6 millones de euros más la reforma, algo que en el año 2004 causó estupor entre la opinión pública española, mucho antes de conocerse los detalles del caso Nóos. Por si esto no fuera suficiente para plantearse un cambio de vivienda, el palacio de 1.063 metros cuadrados útiles soporta una hipoteca y genera altos costes de mantenimiento.
Por todo ello, y atendiendo a razones de seguridad, la familia Urdangarin pretende vender el palacio para trasladarse a una vivienda unifamiliar ubicada en una población cercana a Barcelona, donde vivirían en régimen de alquiler.
Siguiendo esta renovada imagen de austeridad, desde que regresaran a España este lunes, los duques de Palma se han trasladado por la Ciudad Condal en un viejo modelo Volkswagen Polo que la infanta Cristina llevaba años sin utilizar.
Los 400.000 euros que desaparecieron de Andorra
La investigación del caso Nóos sigue arrojando nuevos datos sobre la gestión del duque de Palma y de su socio, Diego Torres, al frente del instituto ‘sin ánimo de lucro’ del mismo nombre. Según publica este jueves en portada el diario ‘El País’, el juez del caso ha hallado indicios de evasión de 400.000 euros a una cuenta de Andorra que desaparecieron días antes de producirse la orden de bloqueo.
Siguiendo pistas sobre repetidos viajes en coche al principado, la comisión rogatoria ordenada por el juez ha podido comprobar que personas físicas vinculadas al instituto Nóos ingresaron dicha cantidad en metálico en una cuenta andorrana. La comisión ha determinado que este movimiento de capitales implica un supuesto delito fiscal más a añadir a la causa contra el yerno del rey.
La investigación judicial, encabezada por el juez Castro y el fiscal Pedro Horrach, ordenó hace ya un año la creación de tres comisiones rogatorias en Luxemburgo, Suiza y Andorra, tres enclaves de larga tradición como paraísos fiscales, para comprobar si parte de los siete millones de euros que recibió el instituto de los gobiernos balear y valenciano entre 2004 y 2006 se habían intentado ocultar al fisco de España.
A pesar de que el dinero haya desaparecido de la cuenta, la mera constancia de los ingresos ya se considera determinante en el plano penal. Al duque de Palma y a su socio se les imputan los delitos de malversación de caudales públicos -por desviar fondos de Nóos a empresas privadas-, falsedad documental –por irregularidades en los eventos facturados- y fraude a la Administración –por la evasión fiscal-.
