La Ley de ayuda a la dependencia se aprobó, está en vigor y el Gobierno del PP acaba de anunciar que inicia la segunda fase de implantación a casi 450.000 dependientes moderados. Sin embargo, no hay dotación suficiente en los presupuestos del Estado presentados este martes, y las Comunidades Autónomas están asfixiadas a la hora de tratar de implementar la Ley. Esa es al menos la conclusión del Observatorio de la Dependencia presentado este miércoles por el Asociación Estatal de Directoras y Gerente Sociales, un lobby sectorial formado por “doscientos trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, educadores y abogados”.
En el mapa por regiones de aplicación de este programa de ayudas, tres comunidades destacan con calificación de notable: Castilla y León (9.6), País Vasco (7.9) y Andalucía (7.5). Dos están en el bien: Extremadura (6.7) y La Rioja (6.7). Seis están cerca de aprobar con 4.58: Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Cantabria y Galicia. Y seis suspenden. Baleares (3.7), Aragón (3.7) y Murcia (3.7) también están en zona de vigilancia. Madrid se queda la tercera por la cola (3.3), sólo antes que Ceuta y Melilla (2.5) y la Comunidad Valenciana, la peor de todas (1.25).
El caso de Madrid es destacable porque, siendo la región más rica, recibe un varapalo. Destacan que el Gobierno de Esperanza Aguirre ahogó la dotación. La situación ha mejorado desde 2013, cuando “mejoró la estrategia”, como por ejemplo haber mantenido la lista de espera por debajo del 10%. Además, no toda la culpa es de Madrid. “Los recortes de la Administración General del Estado y el sistema de financiación han sido especialmente perjudiciales para esta Comunidad Autónoma" se lee en el informe. Y ello tanto por infrafinanciación y para las personas dependientes dados los elevados precios de mercado de los servicios de dependencia.
El sistema mide doce variables: el gasto público en dependencia por habitante o año, el incremento anual de personas atendidas, el número de personas en el “limbo” o pendientes decisión, el equilibrio entre los servicios y las prestaciones o la innovación y buenas prácticas, entre otros.
Del lado de los alumnos aventajados están Castilla y León, País Vasco y Andalucía. Castilla y León es la única comunidad que ha completado la fase de implantación de este sistema, técnicamante llamado Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD. Su atención se acerca al 100%. “Mantiene el número de atendidos y ha sido modélica en agilidad”. Andalucía ha incrementado el número de atendidos un 3% y los servicios en un 10% y con ello “ha generado en el último año 5.000 empleos directos”. Sin embargo, “mantiene una elevada desatención del 22%”. Además, ha dejado de recibir 342 millones de euros como consecuencia de los recortes estatales, afirman. El País Vasco, por su parte, presenta el mayor incremento de personas atendidas, un 12%.
Problema de financiación desde el Estado.
“Se va a asfixiar” a las regiones que quieran aplicar la Ley, asegura José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación. La financiación en teoría debe recaer a partes iguales en el Estado y las Comunidades. Sin embargo, en la actualidad, la media de aportación se sitúa en un 78% por parte de las administraciones autonómicas y en un 22% por parte del Estado. En el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2016 la dotación se ha aumentado 75 millones de euros, un un 6,4% hasta 1.252 millones de euros. “Después de los recortes, la prestación extra para los dependientes moderados desde el Estado es de 43 euros por cabeza; supongamos otros 43 de las CCAA. Imaginen ahora qué ayuda se puede dar con ese dinero a las duras tareas diarias de los dependientes”.
La Ley de Dependencia fue firmada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006. “Mariano Rajoy dijo en campaña que la Ley de Dependencia era inviable, y es la única promesa electoral que ha cumplido”, afirma Ramírez, presidente de este un lobby sectorial formado por “doscientos trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, educadores y abogados”.
Desde el Gobierno se defienden asegurando que continuamente están incorporando personas al sistema. A fecha 30 de junio de 2015, el número de personas beneficiarias se sitúa en 746.142. Y "la cantidad de personas a la espera del reconocimiento de prestación ha descendido un total de 175.181 personas con respecto a diciembre de 2011”, cuando se inauguró el Gobierno. Esto es un 57% menos, “lo que supone los niveles interanuales más bajos de personas pendientes de recibir prestación desde el inicio de la Dependencia”.
