“¿Presupuestos con gasto social dicen? En lo que a dependencia se refiere, eso es falso”. Así ha resumido este miércoles José Manuel Ramírez el sentimiento de los profesionales del sector ante los exiguos 70 millones de euros de aumento de la dotación para la dependencia incluidos en el proyecto de presupuestos presentado ayer por Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda. “Abandonan absolutamente a los 445.000 dependientes moderados que están en la lista de espera y que claramente no van a ser atendidos con este incremento”, ha proclamado, visiblemente irritado, el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerente Sociales en la presentación del XV informe del Observatorio de la Dependencia. Esta asociación es un lobby sectorial formado por “doscientos profesionales: trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, educadores y abogados”, según su página web.
A 75 millones de euros extra se tardaría 25 años en incorporar a ese casi medio millón dependientes desatendidos, aseguran. “Mariano Rajoy dijo en campaña que la Ley de Dependencia era inviable, y es la única promesa electoral que ha cumplido”, afirma Ramírez. “Y eso que es una de las mejores inversiones productivas que se pueden hacer” desde el Estado.
El Gobierno, por el contrario, subraya el incremento porcentual del gasto en Dependencia: la partida sube un 6,4% hasta 1.252 millones de euros.
“Mariano Rajoy dijo en campaña que la Ley de Dependencia era inviable, y es la única promesa electoral que ha cumplido”
El problema es que este año el conjunto de beneficiarios debería aumentar en 445.000 personas. Son los dependientes moderados que Moncloa se ha comprometido a incorporar al sistema. Es la segunda fase, tras la inicial con los dependientes de grado más severo. Esta etapa ha arrancado oficialmente el 1 de julio, tras haber sido prorrogada ya en dos ocasiones. El plan debía estar totalmente implementado en 2013, pero la crisis drenó las dotaciones y el ritmo de implantación.
Desde 2012, unas 100.000 personas han muerto esperando las ayudas, según esta asociación profesional. Desde el Gobierno afirman que continuamente están incorporando personas al sistema. "Las personas pendientes de recibir prestación han disminuido de manera constante: a fecha 31 de diciembre de 2011, la cifra de personas pendientes de recibir prestación se situaba en 305.941 personas, mientras que a fecha 30 de junio de 2015 se ha situado en 130.760 personas", aseguran. Así, la cantidad de personas a la espera del reconocimiento de prestación ha descendido un total de 175.181 personas con respecto a diciembre de 2011, cuando se inauguró el Gobierno. Esto es un 57% menos, "lo que supone los niveles interanuales más bajos de personas pendientes de recibir prestación desde el inicio de la Dependencia".
A fecha 30 de junio de 2015, el número de personas beneficiarias se sitúa en 746.142, 7.555 más que a 31 de diciembre de 2011, según datos del Minsterio de Economía sobre el programa oficial, llamado Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Tanto la organización profesional del sector como los sindicatos afirman que el dinero gastado puede acabar siendo devuelto en IRPF e incremento de la actividad económica, y por tanto puede salir a coste prácticamente cero. “De hecho, el gobierno ha hecho caja con la implementación hasta ahora”, afirma Ramírez. Los retornos obtenidos por la Administración Central el año pasado habría ascendido a 1.899 millones de euros, más de 700 millones por encima que lo que el Gobierno destinó el año pasado a ese asunto. Afirman que por cada dos plazas de dependencia se crea un puesto de trabajo, por ejemplo un trabajador social que sustituye o ayuda al cuidador principal.
Castilla y León, Extremadura y Andalucía, las mejores en Dependencia
La Ley de Dependencia firmada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 obligaba a que el sistema se cofinanciara a partes iguales entre las Comunidades Autónomas y la Administración Central del Estado. En la actualidad, la media de aportación se sitúa en un 78% por parte de las administraciones autonómicas y en un 22% por parte del Estado. “Después de los recortes, la prestación para los dependientes moderados desde el Estado es de 43 euros por cabeza; supongamos otros 43 de las CCAA. Imaginen ahora qué ayuda se puede dar con ese dinero a las duras tareas diarias de los dependientes”.
Tres comunidades destacan con calificación de notable en este Observatorio: Castilla y León (9.6), País Vasco (7.9) y Andalucía (7.5). Dos están en el bien: Extremadura (6.7) y La Rioja (6.7). Seis están cerca de aprobar con 4.58: Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Cantabria y Galicia. Y seis suspenden. La peor de todas es la Comunidad Valenciana (1.25); Baleares (3.7), Aragón (3.7) y Murcia (3.7) también están en zona de vigilancia. Madrid se queda la segunda por la cola (3.3).
La Asociación asegura que va a llevar a cabo una demanda en los juzgados de lo contencioso-administrativo, porque consideran que se vulnera una Ley aprobada [la 39/2006]. “Este gobierno, con los meses que le quedan, no lo va a poder realizar”, concluye Ramírez. “El nuevo debe pensar que hay 1.2 millones de personas dependientes y sus familiares que también votan: no hay leyes de primera y de segunda, y el que las incumple es un insumiso”.
