Vozpópuli informaba esta semana de que las compañías eléctricas consideran que la mejor forma de luchar contra la pobreza energética y evitar los cortes de luz y gas por impago era hacer un buen uso de la partida de en torno a 200 millones de euros que cada año se destinan al bono social.
La Ley del Sector eléctrico establece un bono social de la luz cuyos laxos requisitos hacen que las ayudas no se repartan equitativamente. Al no establecer claras distinciones por renta, se dan paradojas tales como que una familia numerosa de alto poder adquisitivo o jubilados con grandes patrimonios puedan beneficiarse de los descuentos que establece el bono, que se creó para ayudar a las economías más débiles a pagar el recibo.
Las compañías eléctricas, que son las que costean el bono social muy a su pesar, han alertado de que parte del dinero destinado a estas ayudas llega a familias que no lo necesitan. Y Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ha hecho también bandera de ello y ha pedido formalmente al ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, que introduzca cambios en el artículo 45 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para, en primer lugar, elevar del 25% al 50% el descuento sobre la factura final de la luz para los hogares acogidos al bono social.
Carmena pide el cambio del artículo 45 de la Ley del Sector eléctrico para afinar los requisitos para ser beneficiario del bono social y que éste llegue a las familias "vulnerables" de verdad
En segundo lugar, Carmena, a través de su concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, también ha pedido que se modifiquen los criterios de concesión del bono social eléctrico porque ahora contemplan unos supuestos que pueden dejar fuera a muchas personas vulnerables, o beneficiar a consumidores que no están en situación de necesidad.
"Los requisitos son tener contratada una potencia inferior a 3 Kilovatios; ser un consumidor de 60 años o más percibiendo las cuantías mínimas por la pensión de jubilación, incapacidad o viudedad; ser familia numerosa o que todos los miembros estén en situación de desempleo", ha señalado la concejala. Dentro de estos colectivos hay un gran número de hogares, no cuantificado por ahora, que están acogidos al descuento sin necesitarlo.
Otro de los planteamientos que el equipo de Carmena le ha hecho al ministro es que incluya en la Ley el concepto de “hogares vulnerables” y fijar los criterios para que así se consideren. Entre ellos estaría el criterio principal, a juicio del ayuntamiento, que serían aquellos hogares “cuyos gastos energéticos superen el 10% de los ingresos", además de aquellos "donde se esté percibiendo la renta mínima de inserción u otras circunstancias por definir”.
Mientras tanto y a la espera de que el Gobierno tome cartas en el asunto, el Ayuntamiento ha dado un paso al frente y se ha ofrecido a costear “los impagos de familias vulnerables, hasta un máximo de dos facturas por suministro, para que la compañía eléctrica no proceda al corte", según ha dicho la concejala Higueras, que también ha trasladado esta propuesta a dos de las grandes eléctricas, Endesa e Iberdrola. La petición se trasladará al resto de suministradoras. El Ayuntamiento ha puesto en marcha su plan para luchar contra la pobreza energética, al poco de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, lanzara la propuesta para crear un fondo solidario para evitar cortes de la luz y gas este invierno a las hogares más desfavorecidos.
Adicionalmente, Ahora Madrid considera que los hogares "vulnerables" deberían tener acceso a “una tarifa social en su consumo energético”, y que esa tarifa sea “progresiva”, de forma que “en caso de extrema pobreza se pueda alcanzar el 100% de la tarifa y así progresivamente”. También se ha pedido un “plan de asesoramiento para deducir los costes de los suministros para promover el cambio en los hábitos de consumo”.
La financiación de estos programas, según la 'filial' de Podemos en Madrid, "podría ir con cargo al fondo de contingencia de los presupuestos o se podrían buscar vías de financiación alternativas a través de la reestructuración de los bonos sociales ya existentes”.
