El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobaba el que hasta ahora se considera el paquete de medidas más austero que ha llevado a cabo cualquier Gobierno en los últimos años, por las decisiones tomadas y por la cantidad de ámbitos a los que afecta. Entre ellos se encuentra el de la Dependencia, cuya Ley 39/2006 ha sido en los últimos meses el centro de numerosas críticas, ya que en opinión del Ejecutivo, es una norma que nació viciada y con fallos de cálculo en la estimación de las necesidades económicas, superando la realidad a las previsiones (se han beneficiado 324.416 personas más de las esperadas).
A la situación de estancamiento, e incluso retroceso que vive el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) había que ponerle freno, y eso es lo que ha pretendido el equipo de Gobierno. La primera decisión adoptada ha sido la de fomentar los cuidados profesionales a las personas dependientes, y para ello ha reducido un 15% las ayudas a los familiares que se hacían cargo del paciente con necesidades diarias. La reforma pretende así generar puestos de trabajo y proteger a los grandes dependientes.
Se revisa el modelo de cotizaciones de los familiares cuidadores no profesionales y se les reduce un 15% las ayudas, además de exigirles unos conocimientos mínimos
Además, para acceder a la asignación por su tarea, a los cuidadores-familiares se les exigirán unos conocimientos mínimos, decisión acorde con la idea de buscar una mayor profesionalización del sector que defendía el Ejecutivo. Y esto es algo que desde diferentes organismos del ámbito de la dependencia se venía pidiendo. "Profesionalizar los cuidados familiares permite generar puestos de trabajo y aumentar los controles de calidad asistencial, además de potenciar la formación de los cuidadores para que la atención prestada sea la necesaria", explicaba esta semana Mario García, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
Otra de las reformas ha sido la desaparición de los dos niveles en que se dividía cada grado de dependencia, aunque aquellos que ya tuvieran su situación valorada y reconocida seguirán manteniéndola, pese a que desde algunos foros, como la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales se alertaba de que se estaban dando casos de personas que eran sometidas a una nueva valoración, rebajando el grado o nivel inicialmente asignado.
Por otro lado, también se anunciaba el viernes que se revisará el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar, aunque los que ya cotizan, "no saldrán de la Seguridad Social hasta que no se determine el nuevo régimen", según explicaba el Ministerio de Sanidad. La evaluación del Gobierno indica que el Imserso ha acumulado de 2007 a 2011 una deuda con la Seguridad Social de 820 millones de euros por las cuotas correpondientes a este tipo de cuidadores, ya que "no se había previsto adecuadamente el gasto".
Antes la renta, ahora también el patrimonio
Hasta ahora el cálculo para definir la capacidad económica de la persona dependiente era su propia renta. Con la reforma anunciada, de aquí en adelante la Ley fija unos criterios comunes para determinar tal capacidad, que además de la renta incluye también el patrimonio. No obstante, las personas dependientes cuyos ingresos estén por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, actualmente en 532 euros mensuales) no tendrán que pagar nada por la atención y a partir de ese punto la aportación se medirá de forma progresiva (a mayor renta, más desembolso) hasta llegar al 90% del coste del servicio.
Se ha eliminado la valoración en dos niveles que dividía cada grado pero quienes lo tuvieran asignado lo mantendrán
Además, y quizás como el anuncio más dramático está el de la ampliación a dos años del plazo para que las personas que aún están a la espera de que se les reconozca el grado de dependencia, o que lo tienen reconocido pero están en 'el limbo de la dependencia' (derecho reconocido pero a la espera de recibir las ayudas) reciban la prestación. Conviene recordar que desde que una persona o familiar solicita una valoración del dependiente hasta que esta se lleva a cabo suelen pasar varios meses, el mismo periodo o más que transcurre hasta que una vez valorado recibe la prestación. Ahora el plazo se aumenta a dos años, en los que será la familia o el enfermo el que deba correr con las atenciones necesarias. Actualmente existen más de 300.000 personas en lista de espera.
Otro de los ajustes que anunciaba el Ejecutivo en materia de dependencia era la unificación de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y el Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia en un único órgano de participación.
Primeras reacciones
Tras el anuncio del viernes, y pese a que varias de las medidas fueron anunciadas por la ministra Ana Mato el martes en el Consejo Territorial de Dependencia, las primeras reacciones contrarias a las reformas no se han hecho esperar. Desde COCEMFE se pide un Pacto de Estado para que la reforma se tramite como Proyecto de Ley y el sector de la discapacidad pueda ser escuchado y realizar sus aportaciones para recuperar el consenso con el que nació. "Las reformas rápidas y no estudiadas conllevan errores que pueden producir enormes fracturas sociales", afirmaba su presidente.
Además, considera 'inaceptables' e 'injustas' algunas de las modificaciones anunciadas, ya que cree que los problemas de financiación se deberían solventar por otras vías que no perjudiquen directamente a los usuarios actuales y futuros y sus familiares.
Varios afectados del sector ya han calificado las reformas de 'inaceptables, injustas y de varapalo para el ámbito de la dependencia'
Desde otros ámbitos como el de las enfermedades raras se denuncia también que la reforma anunciada perjudica a los niños con movilidad reducida, ya que elimina las ayudas para renovar las sillas de ruedas en menores de cinco años.
También los empresarios de la dependencia han declarado que estas reformas suponen un 'fuerte varapalo' para el sector. La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) mostraba su "enorme preocupación y rechazo" al anuncio de la subida del IVA, ya que "el incremento del tipo impositivo (del 8% al 10%) para servicios sociales acarreará perjuicios económicos que afectarán a empresas y profesionales implicados, poniendo en peligro los 200.000 empleos directos y los más de 100.000 indirectos que supone", señalan en un comunicado.
Para denunciar los recortes y las nuevas medidas, los trabajadores sociales han puesto en marcha una iniciativa para impulsar su 'marea naranja', una campaña que consiste en vestir una camiseta naranja que ya siguen los colegios de profesionales sociales en toda España. Su objetivo es "visibilizar que el tijeretazo está poniendo en peligro la supervivencia de los servicios sociales y acabará rompiendo la cohesión social, con el peligro que ello supone para la convivencia y el bienestar de la ciudadanía", explican desde el Consejo General del Trabajo Social.
