El boca y boca, pero también dos informaciones publicadas en la prensa búlgara. Ese es el origen último del fraude a la Seguridad Social destapado por la Guardia Civil y que había permitido ‘colar’ en las listas de espera para recibir un trasplante de riñón a 14 ciudadanos de nacionalidad búlgara. Seis ya habían recibido el órgano y los otros ocho estaban en tratamiento de hemodiálisis en nuestro país tras hacerse con una tarjeta sanitaria simulando trabajar en España como albañiles, jardineros o empleadas de hogar.
Además, hay otro seis investigados (término que sustituye al de imputado tras la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por facilitar falsos contratos de trabajo. Entre ellos, dos españoles que cobraron entre 100 y 200 euros por dar de alta en empresas ficticias a varios de los enfermos.
La Operación Renibus (riñón en latín) se inició a finales de 2014, cuando los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid detectaron un número inusualmente alto de pacientes de origen búlgaro que habían pasado a engrosar las listas de espera para recibir un trasplante de riñón en nuestro país. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 21 de la capital y en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que inició una investigación ante la sospecha de que detrás hubiera una trama organizada de turismo sanitario con origen en este país del Este.
Entre la llegada a nuestro país de los enfermos y su entrada en la lista de espera pasaba sólo entre uno y dos meses
Según ha detallado el comandante Reina en rueda de prensa esta mañana, las pesquisas descartaron la existencia de una red organizada, “aunque de no haberse cortado ahora hubiera podido dar pie a la entrada en el fraude de alguna organización criminal”.
De hecho, la investigación permitió detectar siete empresas ficticias que daban de alta ilícitamente a trabajadores extranjeros, entre ellos los pacientes búlgaros, así como numerosas altas ficticias en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomomos (RETA) de la Seguridad Social. También aparecieron compatriotas con residencia en nuestro país entre los investigados que habían dado de alta a algunos de los pacientes como empleados de hogar para facilitar el acceso a la tarjeta sanitaria e, inmediatamente, al tratamiento de hemodiálisis, paso previo para entrar en la lista de espera de trasplante. El hecho de que la mayoría eligiera como supuesta actividad laboral trabajos no compatibles con las dolencias que sufrían -jardinero o albañil- terminó por reforzar la sospecha sobre la existencia del fraude.
Entre la llegada a nuestro país de los enfermos y su entrada en la lista de espera pasaba sólo entre uno y dos meses, según detalló a Vozpópuli el comandante Reina. Luego, la espera se prolongaba durante meses a la espera de la operación de trasplante. Durante todo este tiempo, los 14 pacientes vivían en España gracias a sus recursos económicos, dada su situación acomodada en Bulgaria. Uno, incluso, había viajado con anterioridad a Pakistán para comprar un riñón, pero rechazó el órgano y estaba de nuevo en tratamiento de hemodiálisis. Tras la imputación de los 14 pacientes (seis mujeres y ocho hombres), los ocho que aún estaban a la espera de recibir su órgano han sido apartados de la lista, según confirmó Rafael Matasanz, director de la Oficinal Nacional de Trasplante.
Un 'manual' para recibir trasplante
Matasanz también ha destacado que, tras detectarse los primeros indicios de fraude en Madrid, se dio traslado de las sospechas a las otros 16 comunidades por si se había detectado también en ellas un aumento inusual del número de pacientes extranjeros. Sin embargo, aseguró que, en el año largo que han durado las pesquisas, sólo se ha detectado “algún caso aislado sospechoso”.
El director de la Oficina Nacional de Trasplante destacó que de haberse mantenido la práctica irregular, potenciada tras la publicación en dos medios de comunicación búlgaros de algo parecido a un ‘manual’ para lograr ser operados en nuestro país, se hubiera podido comprometer “la capacidad de nuestro país para tratar a nuestros ciudadanos”. De hecho, los pacientes fraudulentos recibían riñones de personas jóvenes, los más demantados.
Matasanz también detalló que en la actualidad reciben en nuestro país tratamiento de diálisis 25.500 enfermos, de los que 4.327 están en la lista de espera para recibir un órgano. Aproximadamente, el 8% son ciudadanos de otros países con residencia legal en nuestro país.
