La ministra de Sanidad comparecía el jueves en rueda de prensa tras el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia para explicar que en los primeros seis meses de 2013 han entrado 45.515 nuevos beneficiarios al sistema y que en el último año y medio la lista de espera se ha reducido un 31,3% con 21.000 personas menos que tenían prestación reconocida pero estaban pendientes de recibirla. 

Entre una serie de medidas anunciadas, Mato explicaba que se había acordado crear un Sistema de Información para hacer más transparente la gestión y evitar las irregularidades que detectó el Tribunal de Cuentas entre 2007 y 2011. Para ello, las Comunidades Autónomas deberán enviar todos los meses un certificado con las altas, bajas, modificaciones, revisiones y traslados que reflejen los organismos encargados de su gestión, además de un certficado anual que valorará cómo se han aplicado los créditos presupuestarios destinados a la financiación de la atención a la dependencia y la aportación de cada comunidad. 

"Hemos logrado consolidar un sistema sostenible", alardeaba Mato mientras repetía varias cifras del sistema. Según Sanidad, desde 2012 las incorporaciones han superado las bajas, ya que 132.000 personas más han sido beneficiarias. Además, la lista de espera se sitúa en los niveles más bajos desde el inicio del sistema después de reducir el número de personas pendientes de concesión de la prestación un 24%. Por último, el nivel mínimo de dependencia habría aumentado en 120 millones de euros. 

Sin embargo, estas cifras chocan con las que presentaba el miércoles el Observatorio para la Dependencia en su XI informe, ya que según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en el primer trimestre de 2013 hay 20.605 personas atendidas menos que en junio de 2012 (748.000), datos que apuntan a que no se está manteniendo la tasa de reposición. 

"La reducción del llamado 'limbo de la dependencia' que difunde el ministerio como un logro de la reforma al pasar de 305.941 personas pendientes de atención a 1 de enero de 2012 a 213.824 personas a 31 de mayo de 2013 se ha obtenido eliminando personas acreedoras del derecho a ser atendidos. Por un lado se impide que nuevos dependientes accedan al sistema (RD-Ley 20/2012 que retrasa la entrada de personas con Grado I hasta julio de 2015) y por otro, por los fallecimientos de aquellos que esperan ser atendidos o por la revisión y rebaja de calificación a Grado I", explica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. 

Según el informe presentado, el ritmo de pérdidas de beneficiarios es de 70 personas al día, ya que hay 39.501 dependientes que han perdido el derecho. Además, el Estado ha ido reduciendo su aportación al sistema dejando el mayor peso sobre las Comunidades Autónomas - en 2013 el presupuesto de Dependencia es de 1.087 millones de euros, menos de un 20% del coste total del sistema, y el último programa de reformas enviado a la UE habla de una reducción adicional de 1.108 millones, cifra superior a la propia partida presupuestaria-. 

Todo ello ha supuesto que la mayoría de las comunidades hayan reducido el número de personas atendidas, siendo Castilla y León y País Vasco las únicas que en el primer semestre han mejorado su puntuación general en la Escala de la Dependencia, mientras que otras nueve no alcanzan el aprobado. Además, está pendiente ver cómo afecta al sistema de dependencia la próxima modificación de las administraciones locales y la aprobación de tres reales decretos pendientes que tiene el Ejecutivo sobre la mesa. 

"Es inadmisible revestir de eufemismos como 'mejora' o 'sostenible' lo que no es más que la destrucción planificada del sistema. Mentir pretendiendo haber reducido la lista de espera jugando con los datos y ocultando las restricciones de acceso y el abandono a las personas es insultante", admite Ramírez. 

En la misma línea se manifiestan las trabajadoras sociales del Consejo General del Trabajo Social, desde donde explican que mientras se desmantela el sistema público se están dando pasos hacia la beneficencia. La presidenta del Consejo recuerda que la atención a los servicios sociales se financiaba en parte con el Plan Concertado que el Gobierno dejará de pagar en 2014, un acuerdo tripartido entre Estado, Autonomías y Ayuntamientos. La aportación del Estado ya sufrió un recorte del 42,2% en 2012 y del 40% en los presupuestos de 2013. "Se está abriendo la puerta a la privatización de la gestión íntegra de los servicios sociales de base debilitando lo público. Dejen de criminalizar a los beneficiarios de la Ley de Dependencia y recuerden que 213.824 personas siguen esperando una ayuda reconocida por Ley", concluye Ana Lima, presidenta del Consejo.