"Somos sustancialmente más pobres que el año pasado. El hambre es real, y estamos cruzando líneas rojas de la dignidad humana. Esos brotes verdes que llaman a la esperanza, esas mejoras de macroeconomía que se empiezan a predicar no están llegando a la sociedad y las familias", declaraba Gustavo García, coordinador del informe sobre el Estado Social de la Nación, que evalúa la situación actual desde verano de 2012 hasta julio de 2013 en lo que a servicios sociales se refiere.
En unas jornadas celebradas el pasado jueves y viernes, y coincidiendo con el XX Congreso de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (AEDYGSS), diferentes expertos abordaron el debate desde el punto de vista de la reforma local, el sistema tributario español, la Justicia como garante de la igualdad o los Derechos Humanos. Y las conclusiones, con los datos en la mano, no dejaban mucho espacio al optimismo.
En el segundo trimestre de 2013 hay 636.000 hogares sin ingresos, 53.000 más que un año atrás, mientras que en ese año también hay 47.000 millonarios más en España
En la Asociación de la Prensa de Madrid se habían reunido más de cien personas, responsables de política social de partidos políticos, sindicatos o gerentes de servicios sociales como residencias, comedores o albergues, llegados de todos los puntos de la geografía española y algunos ataviados con su característica camiseta naranja. Todos, pese a lo negativo de los datos, reflejaban esa actitud de "no renunciar a pelear por los derechos de los menos favorecidos", de poner en común los puntos fuertes del sistema y denunciar las grietas del mismo.
El informe realizado presentaba una realidad que empeoraba los datos del año anterior. En el segundo trimestre de 2013 hay 636.000 hogares que no tienen ingresos, 53.000 más que un año atrás, una cifra que contrasta con un informe del banco suizo Credit Suisse de octubre de 2013 que afirma que en ese mismo periodo hay 47.000 millonarios más en España. "Existe un incremento y una banalización de las desigualdades, algo en lo que arrasamos en Europa. A veces si los recortes no los acompañaran de las frases y afirmaciones hirientes que dicen no sentarían tan mal", defiende Gustavo García.
Y es que según el documento presentado, las reformas aprobadas por el Gobierno actual están profundizando aún más en la brecha que existe entre ricos y pobres. Dentro de la Unión Europea de los 27, y en base a índices como el Gini o el 80/20, España es el país donde más han aumentado las diferencias, donde los pobres están pagando más caro que en otros países las consecuencias de la crisis. Sólo Bulgaria nos supera en pérdida de ingresos y en desmantelamiento de políticas sociales España va por detrás sólo de Bulgaria y Rumanía. Gasta en protección social un 20,3% de la riqueza, frente al 27% de la media europea.
"Nuestro sistema no es eficaz ni eficiente ni progresivo, y no hace nada para luchar contra el fraude fiscal", explica el inspector de Hacienda Raúl Burillo
Fiscalidad regresiva
Uno de los aspectos que influyen en esta situación es lo que llaman "un sistema fiscal débil e injusto". Para explicar esta fiscalidad los presentes contaron con la presencia de Raúl Burillo, inspector de Hacienda y jefe de la delegación de Hacienda en Baleares durante 6 años, tras los que fue enviado a Zaragoza después de descubrir la trama corrupta de Jaume Matas. "Las claves para un sistema tributario justo, que aparece recogido en el artículo 31 de la Constitución, es que debe ser eficaz y y eficiente, que paguen más aquellos que más tienen y facilitar que se localice a quienes incumplen sus obligaciones. Nuestro sistema no es ni eficaz ni eficiente ni progresivo, y no hace nada para luchar contra el fraude fiscal. Y la crisis no es la culpable de esta situación. Tiene algo que ver, pero no es crucial", decía.
Según sus cifras, la presión fiscal se ha rebajado del 38,8% al 31,4%, uno de los porcentajes más bajos de Europa, mientras que el esfuerzo fiscal para una renta media -soltero sin hijos- es del 41,4%. "Tenemos un sistema fiscal caótico, de los más bajos en rendimiento. Del Impuesto sobre Sociedades, se ha perdido el 52,7% desde 2007. Del IVA, se ha perdido el 9,64%, y del Impuesto Sobre la Renta casi toda la recaudación es por retenciones del trabajo -93%-, de manera que la sufren las rentas más bajas. Tenemos un 47% de tipos marginales, los más altos de Europa", informa.
Con estos datos Burillo concluye que la progresividad del esfuerzo del sistema es falsa, y que se han perdido 121.000 millones en acumulado desde 2007 pero no sólo por la crisis. Todo esto para explicar que el propio sistema, sin tener en cuenta la crisis, ya es un coladero de fondos, caótico y basado en las rentas del trabajo. Por eso el inspector de Hacienda hacía una defensa de su profesión, diciendo que son 26.700 efectivos que tienen los medios y la preparación, pero que son muy pocos para poner freno al fraude fiscal. Además, proponía la creación de nuevos impuestos, como recuperar las ecotasas, tasas turísticas o los impuestos sobre transacciones financieras.
La reforma local amenaza con destruir una red básica del sistema de servicios sociales que hacía de dique de contención tras el que podría venir exclusión social o violencia
Reforma local y propuestas
Otro de los asuntos sensibles de los responsables sociales es la anunciada reforma de la administración local, algo que dejará en mínimos las competencias de los Ayuntamientos respecto a este tipo de servicios que suponen el 1,5% del PIB. "De los 5.000 millones que gestionan las entidades locales, el 0,6% lo paga el Estado, y el 38% es gasto de personal. En el documento que se ha enviado a Bruselas se prevé un ahorro de 1.000 millones en gasto de personal", comenta Luis Barriga, experto de la asociación, quien añade que "la reforma va a destruir una red básica del sistema de servicios sociales que llevaba mucho trabajo detrás y tenía más efectos reales de los que el Gobierno cree, porque hacía de dique de contención tras el cual vendrá una avalancha de ruptura, exclusión social o violencia".
Para Barriga, la única esperanza que les puede quedar es que este proyecto de reforma ha encontrado mucha oposición también entre presidentes autonómicos del PP, aunque no se sabe si podría influir la cercanía de las elecciones municipales. De hecho, esta misma semana el partido gobernante introdujo dos enmiendas: una referente a los consultorios médicos de los pueblos para que sigan perteneciendo a los Ayuntamientos, y otra para ampliar el plazo de transferencia de los servicios, de un año a dos, algo que aunque positivo, es insuficiente para los gerentes sociales, que cifran el mínimo necesario en cinco años.
José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, concluía el viernes que el informe vuelve a poner de relieve el 'grito desgarrador de miles de personas que están en el borde del precipicio de la exclusión social, y que si se quiebra la cohesión social los problemas económicos también son mayores, ya que una persona que cae en la exclusión tarda unos 10 años en recuperarse. Por eso presentan tres propuestas para intentar reducir las desigualdades.
La asociación propone una revisión del modelo de relaciones laborales, una reforma fiscal justa y progresista y un par de enmiendas básicas para la reforma local
La primera de ellas busca una revisión del modelo de relaciones laborales donde la estabilidad en el empleo y las condiciones de trabajo y salarios dignos sean el requisito para un desarrollo económico más sólido. También promueven una reforma fiscal justa y progresista, que corrija los desajustes estructurales de los que hablaba Burillo y que reduzca la brecha de 9 puntos porcentuales que separa a España de la media europea en ingresos fiscales en relación con el PIB.
Por último, se refieren al llamado Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que supondrá un traspaso de servicios que las Comunidades Autónomas no podrán asumir. Por ello han presentado dos enmiendas: una para ampliar las competencias a la red básica de servicios sociales y a la prestación de los servicios y la segunda para ampliar a cinco años el plazo para realizar la transferencia de los 'servicios impropios'.
