Dieciséis familias de Gerona esperan a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre su desalojo del Bloc Salt, paralizado cautelarmente la semana pasada. El edificio, perteneciente a la Sociedad de Gestion Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) -el llamado ‘banco malo’-, fue ocupado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con el objetivo de alojar a las 43 personas que actualmente residen en él.
Este martes, 29 de octubre, Estrasburgo decidirá si mantiene o no la suspensión cautelar. Este proceso se inició tras un recurso interpuesto por la PAH, al considerar que el desalojo viola la Convención Europea de Derechos Humanos, concretamente los artículos 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar, incluida la inviolabilidad del domicilio), con especial afección a los menores.
El pasado jueves, la Sareb manifestó, en declaraciones a Efe, su intención de dejar que el caso siga su curso en Estrasburgo. Lo hizo tras una reunión con la PAH y el secretario de vivienda de Cataluña, Carlos Salas, en el salón inmobiliario Barcelona Meeting Point. La reunión fue ‘forzada’ por la ocupación en el evento inmobiliario del stand del organismo que preside Belén Romana.
Según trascendió posteriormente a la prensa, el encuentro estuvo orientado a abrir vías de negociación entre la PAH, la Sareb y Banco Mare Nostrum (BMN), a quien pertenecía el inmueble antes de pasar al ‘banco malo’. La Sareb también explicó a la PAH que actualmente dispone de más de 15.000 viviendas de alquiler social, precisamente una de las soluciones que la Plataforma demanda para las familias desahuciadas.
Consecuencias de la sentencia
Rut González, profesora de Derecho en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), ha explicado a Vozpópuli que la decisión de Estrasburgo “podría abrir la caja de Pandora”. Asimismo, Gónzalez insiste en que la medida es cautelar, únicamente hasta que el TEDH se pronuncie y cree que el caso ha llegado hasta Estrasburgo por la presión y la alarma social.
“Tanto si la sentencia es positiva como si es negativa, tendrá repercusión”, predice. Si el caso se resuelve en favor de los afectados, abriría la puerta a la ocupación de los inmuebles de las entidades bancarias, una situación que considera “peligrosa”. Si se resuelve en contra, multiplicará las críticas y las protestas.
En cuanto a cuál puede ser el resultado del proceso judicial, González explica que en este caso no existe un título de propiedad que ampare a los ocupantes. Sin embargo, sí que hay que dar unas garantías, y para esto se ha marcado un plazo al Gobierno autonómico, que es quien tiene las competencias en materias sociales. “El plazo que se da al Gobierno es para que dé una solución”, destaca, “sobre todo en el caso de los menores”.
En este sentido, lo que la Plataforma demanda es un alquiler social. González indica que no está bien definida la naturaleza del alquiler social y que la sentencia de Estrasburgo puede ser más un toque de atención a España por no haber actualizado la legislación de consumidores y usuarios.
Casos similares al Bloc Salt
Además del Bloc Salt de Gerona, la PAH ha indicado a Vozpópuli hay otros dos edificios de la Sareb que se encuentran ocupados, uno en el barrio de Gracia de Sabadell y otro en el distrito madrileño de Carabanchel.
Este último, conocido como Cadete 7 por su ubicación (el número 7 de la calle Cadete Julio Llompart), acoge desde el 3 de octubre a seis familias. Este inmueble es el primero ocupado en Madrid en el marco de la campaña de ‘realojos’ Obra Social de la PAH, en este caso con la colaboración de las asambleas de vivienda del 15-M. En este caso, aún no se ha abierto ningún proceso judicial.
El otro caso, en Sabadell, es el de un edificio de 40 viviendas que llevaba cuatro años vacíos. Ahora, viven allí 11 familias, alojadas por la campaña Obra Social. El pasado mes de agosto, 300 personas se concentraron en los juzgados de Sabadell para protestar contra la petición de desalojo del ‘banco malo’. La juez denegó la petición de desalojo cautelar al estimar que podría significar un perjuicio para las familias y que mantenerlas en el edificio no suponía ningún daño a la Sareb.
La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sea cual sea su resultado, no sólo marcará el destino del Bloc Salt, sino también de estos otros dos inmuebles, y dictará las pautas que deberá seguir España en este tipo de casos.
