El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) ha condenado a España por no actuar de manera diligente en la protección de una víctima de violencia de género, y de su hija, de 7 años, asesinada por el padre en una visita sin supervisión, según recoge Efe.
En su dictamen, el Comité explica que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la hija de Ángela González por el maltratador y condena al Estado por no haber protegido ni a ella ni a su hija, no castigar al maltratador y no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados, según explica Women's Link Worldwide.
Esta organización presentó la demanda en septiembre de 2012 ante la ONU en nombre de la mujer, quien ha estado durante más de una década pleiteando en distintos tribunales de justicia sin éxito. Había denunciado en más de treinta ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitado medidas de protección para ambas, aunque su hija, de 7 años, fue asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor.
La madre maltratada llevaba desde que su hija tenía tres años reclamando protección para la pequeña y para ella misma por los malos tratos de su expareja
"Tras once años de búsqueda de justicia, hay un pronunciamiento que no sólo me satisface a mí, sino que se convierte en una oportunidad para que no haya más mujeres y niñas que tengan que pasar por lo que mi hija y yo vivimos", ha explicado Ángela González a través de la ONG.
La condena obliga al Estado español a reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente a Ángela González -quien pedía protección para su hija desde que tenía tres años-, así como a realizar una investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas.
Para evitar la repetición de situaciones similares, exige que se tomen "medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia de modo que se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos". Además, manda a que se refuerce la implementación del marco legal para responder adecuadamente a la violencia de género y obliga a que los jueces y personal administrativo competente reciban formación sobre estereotipos de género.
La ONG ha destacado la "histórica condena" al Estado español, ya que asegura que por primera vez un tribunal internacional condena a España por su negligencia en materia de violencia de género. En el dictamen, el Comité señala la obligación que tienen los Estados de "investigar la existencia de fallos, negligencia u omisiones por parte de los poderes públicos" que dejan sin protección a las víctimas de violencia de género y recuerda que para hacer esto realidad se necesita de "voluntad política y el apoyo de agentes estatales".
Reconoce que España ha hecho frente a la violencia de género por medio de la formulación de leyes, concienciación, educación y capacitación, incluyendo la Ley Contra Violencia de Género de 2004, pero señala que persisten costumbres y prácticas por parte de jueces, fiscales, trabajadores sociales y otros agentes que constituyen discriminación contra las mujeres.
España tiene seis meses para remitir al Comité las medidas que haya tomado y debe difundir ampliamente la decisión para "alcanzar todos los sectores pertinentes de la sociedad"
Según el Comité, estas prácticas se traducen en estereotipos de género en el sistema judicial que llevan, con frecuencia, a que no se proteja de manera efectiva a las mujeres víctimas de violencia, ni a sus hijos. "Los estereotipos afectan el derecho de la mujer a un proceso judicial imparcial, lo que en el caso de Ángela la colocó a ella y a su hija en una situación de vulnerabilidad", ha señalado Paloma Soria, abogada de Women's Link, quien además ha recordado que el documento expresa que "el interés superior de los niños y niñas tiene que prevalecer, y eso quiere decir que los y las menores tienen derecho a ser oídos".
España tiene seis meses para remitir al Comité, mediante un escrito, las medidas que haya tomado en cumplimiento de esta decisión y debe de difundir ampliamente la decisión "a fin de alcanzar todos los sectores pertinentes de la sociedad."
La mujer, sobreviviente de violencia de género, huyó de la casa familiar con su hija Andrea, que entonces tenía 3 años, denunció el maltrato que sufrían y solicitó la separación del agresor, aunque los ataques continuaron después del divorcio, incluso a través de su hija Andrea, quien era interrogada acerca de la vida sentimental de su madre y amenazada con no ser llevada de vuelta con ella si no le contestaba.
