El juez acusa a Hernández Moltó y a Ildefonso Ortega de administración desleal y falseamiento de las cuentas. Les da diez días para depositar la millonaria suma por el perjuicio económico que pudieron ocasionar en la caja, la primera entidad española en ser intervenida, en marzo de 2009.
La Fiscalía acusa tanto a Moltó como al exdirector general Ildefonso Ortega de utilizar una "maniobra contable" para ocultar el agujero de la entidad. Pide 2,5 años para cada uno.
Según la Fiscalía, aprobaron "una serie de operaciones singulares" que habrían derivado en perjuicio patrimonial para la entidad. El Banco de España ha cifrado en uno de sus informes periciales el agujero patrimonial de la caja en 267 millones de euros.