El pasado lunes, los representantes legales del partido enviaron a los miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que deben decidir sobre la recusación de Enrique López y Concepción Espejel más de ochenta folios para defender la imparcialidad de ambos. En los mismos, recalcan que Génova 13 "no tiene ni ha tenido nunca interés en que el presente procedimiento sea enjuiciado por un magistrado en particular".

Todos ellos han tenido que declarar ante el juez, bien como testigos o como imputados, o han sido acusados por el instructor. El exsecretario general del PP Ángel Acebes, imputado por un supuesto delito de apropiación indebida, forma parte de la institución como vocal. Este laboratorio político, el que recibe las mayores subvenciones públicas, obtuvo este año 1,3 millones de euros de Exteriores y Cultura.

La Unidad de Investigación Tecnológica remite al juez Ruz un informe en el que justifica la lentitud en el tratamiento informático de los correos electrónicos intervenidos en el registro de las oficinas de la empresa que hizo la reforma en la sede del PP en “la gran cantidad de información tratada”. El material no pasó a manos de la UDEF para su estudio hasta el pasado 8 de enero.

Doce meses han bastado para convertir lo que para algunos eran unas simples fotocopias en el mayor escándalo político de los últimos años. Un año con cinco fechas esenciales para entender un sumario que acumula ya 36 tomos, 25 imputados y muchos indicios sobre la existencia de una caja 'B' en el PP.

El magistrado decidió ampliar sus pesquisas sobre la supuesta contabilidad B del PP a La Rioja y Pontevedra pese a que un informe de la Intervención General del Estado concluía que no había "reflejo contable" de movimientos de dinero irregulares. En noviembre ya hizo caso omiso de otro documento de este organismo en el que insitía en restar validez a los apuntes contables del extesorero.

Tras recibir un informe de Hacienda, el magistrado reactiva la investigación sobre dos apuntes contables del extesorero referidos a la compra de una sede en Logroño y la devolución de una deuda por parte de la dirección del partido en la provincia gallega. Este último movimento fue relacionado por el extesorero con el pago en 2010 de 50.000 euros en sobresueldos a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.