"Extender el sistema foral a Cataluña supondría cargarnos el Estado que tenemos, además del lastre en eficacia que supondría, por ahí no podemos ir. Las forales deberían aportar más, eso habría que revisarlo pero no empeoremos el problema extendiéndolo". Así lo ha planteado Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, en la cuarta sesión de los Encuentros Fedea-CGE sobre cuestiones estructurales de la economía española bajo el título Financiación y Fiscalidad Autonómica: Problemática y posibles reformas, que se ha celebrado este jueves.
También han intervenido el director del IEB e investigador del Servicio de Estudios del CGE, José María Durán, y el investigador de Fedea Diego Martínez-López, y ha moderado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas.
"El sistema foral no ha funcionado bien para el resto del país, para ellos [País Vasco y Navarra], sí. Ahora se plantea extenderlo, no es la forma de avanzar, sería una mutación de la naturaleza del Estado hacia una estructura confederal, los ricos tendrían la capacidad de quedarse todo o casi todo lo que ahora aportan a la caja común. No podemos ir por esa vía, si se lo dan a Cataluña, al día siguiente Baleares lo pedirá y puede que Madrid", ha insistido De la Fuente.
El director ejecutivo de Fedea no es partidario de trocear la Agencia Tributaria (AEAT), sistema que defiende Salvador Illa. "Los alemanes lo han hecho, recaudan los länder y no funciona bien, por cuestiones de escala, de fraude y porque es mucho más caro". Con todo, plantea que depende de cómo se haga. Defiende ir a "una AEAT única compartida. Un consorcio con 16 socios, no 16 consorcios, independiente, profesional, al servicio de todos".
Han coincidido en este punto el resto de expertos. Durán y Pich se han preguntado si tiene sentido en un mundo global como en el que estamos. Pich apuesta por un consorcio que integre a todos en aras de la eficiencia.
Durán ha advertido de que "significaría impuestos distintos, fraccionar normas y administraciones. Me cuesta entender que en una economía moderna se vaya a ir fraccionando. Ningún país del mundo tiene un sistema como el foral".
A esto ha añadido que en Cataluña muchos parecen quererlo, pero ahora mismo parece que otras comunidades, no.
Fondo de 3.000 millones para CCAA infrafinanciadas
Ángel de la Fuente ha señalado que "puesto que una reforma integral del sistema es una tarea compleja que exigirá muchos meses de negociaciones, sería deseable aprovechar el tiempo para ir introduciendo en el sistema algunos retoques que ayuden a paliar los principales problemas del modelo actual, así como a dejar bien encarada la fase final de la reforma.
En primer lugar, cree que sería "urgente" introducir un fondo transitorio de nivelación que complemente los ingresos de aquellas comunidades de régimen común que están por debajo de la media en términos de financiación por habitante ajustado. El fondo se mantendría operativo hasta que se completase la reforma del modelo de financiación autonómica, integrándose entonces sus recursos en el sistema general. El coste de esta medida rondaría los 3.000 millones de euros, que se repartirían entre Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla la Mancha.
"Riesgo moral" de condonar deuda
En este punto, Martínez se ha mostrado partidario de una condonación parcial asimétrica de la deuda para que las comunidades puedan acudir a los mercados, aunque ha reconocido un "riesgo moral evidente, que habría que minimizar. Desde el punto de vista político es delicado pero desde el económico debemos poernlo encima de la mesa"
De la Fuente es "reacio". Hace 20 años, con menos deuda opinaba parecido, pero ahora lo rechaza "por el riesgo moral". "Es verdad que el FLA es un problema, pero no vamos a repartir dinero gratis", ha dicho.
Durán comparte la idea de Martínez de que "hay que buscar una solución objetiva y transparente".
Según, De la Fuente, "también deberían abordarse algunas cuestiones en principio técnicas pero que ayudarían a mejorar la equidad del sistema y permitirían ir sentando las bases para avanzar hacia la plena responsabilidad fiscal de las CCAA". Con este fin, sería necesaria una revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta de forma que las primeras reflejen con rapidez las decisiones tributarias de las comunidades autónomas y las segundas sean más sensibles a la evolución real de la recaudación. De esta forma, las posibles subidas o bajadas de los impuestos autonómicos (y en especial las del tramo autonómico del IRPF) se trasladarían inmediatamente a los contribuyentes y a las comunidades (y no con el retardo de dos años que ahora impone el sistema hasta la llegada de la correspondiente liquidación).
También ha señalado que sería necesario mejorar el cálculo de la recaudación normativa de los tributos cedidos que no recauda la AEAT para que esta variable recoja correctamente este componente de la capacidad fiscal real de las comunidades y regular con claridad las escalas de referencia que se utilizan para el cálculo de la recaudación normativa de todos los tributos cedidos, estableciendo mecanismos explícitos para su revisión"
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