La fiscal del Tribunal Supremo Pilar Fernández Valcarce ha defendido en la vista que se ha celebrado este jueves sobre la inhabilitación de Quim Torra, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de condenar al presidente catalán por un delito de desobediencia: “Todas estas decisiones de la Junta Electoral Central (JEC) no lo son contra manifestaciones políticas sino en el marco de un proceso electoral”, ha confirmado la fiscal de Sala.
Fernández Valcarce ha recordado al abogado de Torra que la ley atribuye a la Junta Electoral Central la competencia para resolver las reclamaciones. Y según el artículo 52 de la Ley del Régimen Electoral Central se las actuaciones del presidente catalán debe ser sancionadas, según ha completado la funcionaria pública.
Y finalmente, la fiscal ha especificado, al contrario de lo argumentado por el letrado Gonzalo Boye, que las manifestaciones de los lazos amarillos y las pancartas no son actividades políticas: “Es administrativo, no político”, aunque se llevó a cabo “en un marco de actuación político y se hace en un proceso electoral”.
Tras la intervención de la fiscal, el tribunal ha dado por finalizada la vista. Torra ha acudido al Tribunal Supremo, que revisa su condena de inhabilitación por desobediencia al no retirar los lazos amarillos y una pancarta de apoyo a los presos del procés de edificios públicos en periodo electoral.
El fallo, en dos semanas
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el tribunal no tiene previsto adelantar el fallo al término de la vista, sino que todo apunta a que se hará público una vez se dicte la sentencia, que según explican fuentes del Supremo a Vozpópuli podría demorarse casi dos semanas.
Al tribunal le corresponde revisar la condena a un año y medio de inhabilitación y 30.000 euros de multa por un delito de desobediencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso a Torra, una sentencia que, al no ser firme, no implicó que fuese apartado de su cargo.
La resolución tendrá firmeza en el momento en el que sea dictada y, por tanto, de ser condenatoria, será ejecutada de inmediato independientemente de que la defensa de Torra promueva un incidente de nulidad, añaden las fuentes, que precisan que ninguna maniobra jurídica podría paralizar su ejecución, que correspondería al TSJ de Cataluña.
En la vista, los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Susana Polo, Vicente Magro y Antonio del Moral están escuchando los argumentos de ambas partes en presencia de Torra, que se ha sentado entre el público, ya que solo sus abogados están habilitados para intervenir.
