Pedro Sánchez ha frenado la escalada de presión del Gobierno sobre el Rey Felipe VI para que tome medidas cuanto antes contra su padre, tras conocer la crítica de varios barones del PSOE, incluido Felipe González, y sobre todo, según ha sabido Vozpópuli de fuentes parlamentarias, tras saberse en La Moncloa que Juan Carlos I no está dispuesto a renunciar motu propio al título de Rey emérito que las Cortes le concedieron al abdicar en junio de 2014.
Esa negativa deja a su hijo poco margen de maniobra, más allá de una especie de extrañamiento de la que ha sido su residencia en el último medio siglo, el Palacio de La Zarzuela, rumbo a alguna instalación privada. Por eso, la Casa Real hizo llegar a La Moncloa su "contrariedad" por las palabras de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, afirmando que la iniciativa de retirar el título "compete a la Casa Real" y que el Gobierno sería un mero ejecutor de la decisión.
En el entorno del presidente se sostiene que nunca ha estado detrás de esa interpretación legislativa de su número dos -es "un disparate", llegan a admitir- ni tampoco de las declaraciones de la secretaria de los socialistas andaluces, Susana Díaz, que el domingo declaraba a Infolibre sobre la supuesta corrupción de Juan Carlos I durante su reinado: "Es muy grave y la Casa Real debe dar una respuesta contundente, inmediata y ejemplarizante".
Calvo reculó este miércoles en el Congreso sus palabras de hace una semana, cuando dio pábulo a la retirada del título de Rey emérito a Juan Carlos I al asegurar que "compete a la Casa Real" pedirlo
"Nosotros no vamos a defender a Juan Carlos I como ha hecho Felipe (González)", avisan las fuentes de La Moncloa consultadas por este periódico, "pero eso no significa que el presidente vaya a presionar a la institución en un momento tan delicado y a quien hoy la encarna".
Es más, Pedro Sánchez es consciente del mal momento que atraviesa la Corona y está "a disposición de Felipe VI y para ayudarle en lo que necesite". Tiene por delante una larga tarea para consolidar su reinado y, sobre todo, para garantizar la institución para su hija, la Infanta Leonor. El PSOE ayudará al monarca y, de hecho, la propia Carmen Calvo, en una intervención muy alejada de la de hace una semana, este miércoles usó una pregunta parlamentaria del diputado de Bildu Jon Iñarritu para zanjar el debate: "La jefatura del Estado no está en cuestion".
Temor a la convalidación
Además de la negativa del anterior jefe del Estado a pasar por la humillación de retirarle el título cuando, además, todavía no se sabe si los tribunales le juzgarán o no -González reclama para él la presunción de inocencia frente a las acusaciones de su ex amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein y del comisario de policía encarcelado José Manuel Villarejo-, en el Gobierno pesa también el temor a que la convalidación en el Congreso del decreto-ley de retirada del título abra la Caja de Pandora del muy peligroso para los socialistas debate monarquía/república.
Con el PP en contra -Pablo Casado no ha defendido a Juan Carlos I pero sí ha cargado contra Sánchez por su tibieza en la defensa de Felipe VI- además de Vox y, probablemente, Ciudadanos, el PSOE quedaría en medio del sándwich que formaría ese bloque monárquico, por un lado, y enfrente del bloque republicano capitaneado por su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y formado por Unidas Podemos, PNV, Bildu, ERC, Junts pel Cat, las CUP, Compromis y Más País.
De hecho, todos ellos han pedido una comisión de investigación de los dineros de Juan Carlos I y sus relaciones turbias con el régimen de Arabia Saudí, al amparo de la decisión del presidente de dejar a su socio de gobierno atacar al Emérito a condición de no salpicar a Felipe VI; una decisión que en el PSOE los barones ven con inquietud porque "esto se sabe como empieza pero no como acaba", señala a Vozpópuli un dirigente territorial socialista viendo la escalada de los morados:
https://twitter.com/pnique/status/1285224023044096002?ref_src=twsrc%5Etfw
En Moncloa se defiende la iniciativa que el propio presidente lanzó hace semanas de reformar el artículo 56.3 de la Constitución para que nunca más el jefe del Estado pueda usar su inviolabilidad en provecho económico personal y para cometer presuntos delitos de corrupción que amenazan la institución, pero reconocen que es de difícil ejecución.
La citada reforma sería conveniente si se incluye en una más amplia de la Carta Magna, admiten todos los sectores socialistas consultados, pero a los más críticos les alarma la inutilidad de ese debate sin consenso del PP y, más que nada, que está sirviendo a Podemos para cuestionar "la utilidad de la monarquía" en su momento más delicado en estos 45 años de democracia.
