El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs (Castelló) ha decretado la apertura de juicio oral, equivalente al auto de procesamiento, por un delito medioambiental, para dos directivos de la empresa Escal UGS SL, adjudicataria del Proyecto Castor y sociedad controlada en un 66,7% por ACS, una decisión que ha extendido a la propia empresa como persona jurídica.
El auto señala a la Audiencia Provincial de Castellón como órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos. Además, requiere a los acusados para que presten fianza por cuantía de 23.126 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles determinadas hasta el momento.
"Peligro catastrófico"
El juez dictó auto de procedimiento abreviado para estos dos directivos en octubre del pasado año, al entender que generaron “una situación de peligro potencialmente catastrófico” entre septiembre y octubre de 2013 por continuar con la inyección de gas en la planta de almacenamiento ubicada en la costa de Vinaròs pese a ser conscientes del riesgo sísmico que ello acarreaba.
De hecho, esa actividad provocó hasta 519 sismos que ocasionaron daños tanto en esa localidad como en la de Sant Mateu (Castellón), así como en Amposta y en Sant Carles de la Ràpita, en la provincia de Tarragona.
