El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca, que investiga una supuesta financiación ilegal del PP en Castilla y León con motivo de las elecciones primarias que celebró en 2017, ha citado a declarar como testigos a dos militantes del PP de esta ciudad.
Se trata de Agustín Gómez Vicente, que declarará el próximo 30 de julio, y César Gómez-Barthe Celada, que lo hará al día siguiente, según han informado a Efe fuentes judiciales. Este último fue secretario general de Nuevas Generaciones en Salamanca y llegó a ir en las listas del PP a las Cortes de Castilla y León en las elecciones de 2019.
Las elecciones primarias del PP en 2017 se celebraron para elegir al sucesor de Juan Vicente Herrera al frente del partido y en las que el actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ganó al otro aspirante, el entonces alcalde de León, Antonio Silván.
El caso se remonta a mediados de junio del año pasado cuando en plenas negociaciones entre el PP y Cs para conformar un Gobierno en Castilla y León -que finalmente prosperó-, este Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca abrió diligencias previas para investigar una denuncia anónima que se refería a la petición de dinero, entre 300 y 500 euros, a cargos y asesores del PP para pagar cuotas atrasadas de afiliados que necesitaban regularizar estos pagos para participar en las primarias del PP-CyL en 2017.
El juzgado investigó la supuesta comisión de delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y falsedad documental, después de que una persona anónima presentara una denuncia en la que acusaba al entonces alcalde de Salamanca y actual presidente del PP-CyL y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de promover estas prácticas para ganar las primarias.
Semanas después, el mismo tribunal decretó el archivo de las diligencias al considerar que carecían de "tipicidad penal" ya que, en opinión del juez instructor, "el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva".
Ante este sobreseimiento, el Foro de Izquierdas-Los Verdes de Salamanca, que se había presentado en las diligencias como acusación popular, recurrió ante la Audiencia Provincial.
La Audiencia de Salamanca, en un auto con fecha de 8 de abril de este año, ordenó al Juzgado de Instrucción que volviera abrir el caso ya que consideraba necesario agotar la investigación a efectos de comprobar el destino final de las cantidades aportadas" con el objetivo de "comprobar si se ha podido cometer algún delito en la actividad llevada a cabo por el PP".
De este modo, el máximo órgano judicial de Salamanca revocó el auto judicial de archivo del Juzgado de Instrucción y dejó "sin efecto el sobreseimiento libre acordado, debiendo seguir adelante la investigación penal" que debe encaminarse "a comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político".
Y añadía en su auto: "Por el momento no se disponen de datos suficientes que acrediten que, o toda la recaudación efectuada en los términos expuestos en la denuncia y confirmado por los testigos, se ha destinado única y exclusivamente al pago de las cuotas debidas por otros afiliados o que las cantidades recaudadas fueron insuficientes para atender las cuotas debidas, de forma que habría sido necesario acudir a otras formas de financiación (en la denuncia se habla de dinero B), para cubrir el resto de cuotas adeudadas y así permitir a un mayor número de militantes acceder al voto".
