La firma digital del director general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Víu, en los protocolos de hospitalización de ancianos durante la peor fase del coronavirus puede poner en serios aprietos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y por elevación a la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ante una eventual judicialización de la gestión en las residencias de mayores.
La Fiscalía investiga a una decena de geriátricos de la región por su actuación en la fase más crítica de la pandemia. Y el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha remitido este viernes al Tribunal Supremo la querella presentada por familiares de fallecidos en residencias de ancianos contra Ayuso y otros responsables del Ejecutivo madrileño la gestión de la pandemia en estos centros.
PP y Cs se han enzarzado en una guerra abierta en las últimas horas para defenderse de posibles imputaciones en el terreno judicial, al dar publicidad a correos internos y protocolos enviados entre Escudero y el consejero naranja de de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Entre medias está Mur de Víu, el alto cargo de Sanidad que estampó su firma electrónica en los citados protocolos.
Este director general es, a día de hoy, el único responsable sanitario cesado durante la pandemia dentro del Gobierno regional de Madrid. Ocurrió el pasado 13 de mayo, cuando Escudero prescindió de él para colocar en su puesto a Francisco Javier Martínez Peromingo. Hubo una dimisión muy sonada con carácter previo, la de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, al no estar de acuerdo con la petición oficial de avanzar a la fase 1, pero se trató de una decisión personal de esta última.
Un cese que pasó desapercibido
La destitución del doctor Mur de Víu pasó de puntillas en aquel momento porque ocurrió justo el día que se aprobó la nueva estructura de la Consejería de Sanidad, en la que que el exdirector del hospital de Ifema, Antonio Zapatero, se puso al frente de una nueva Viceconsejería de Salud Pública y Plan Covid-19.
El testimonio de Mur de Víu cobra ahora una enorme importancia porque es la persona más indicada para aclarar si dichos protocolos eran únicamente unos borradores, como argumenta Ayuso y el consejero de Sanidad, o si cumplían con todos lo requisitos de legalidad y fueron distribuidos por los hospitales de la región.
Vozpópuli ha tenido acceso a uno de estos documentos, fechado el 20 de marzo, en el que aparece claramente la firma electrónica del director general de Coordinación Socio-Sanitaria y la hora precisa de la rúbrica. Fuentes del Gobierno madrileño subrayan a este medio que la colocación de la firma electrónica es el trámite administrativo con el que un documento deja de ser borrador para convertirse en legal a todos los efectos.
Entre los populares madrileños hay temor ahora a que un eventual testimonio de Mur de Víu ante un juez instructor pueda salpicar a sus superiores jerárquicos. Por ejemplo, en los correos internos entre Reyero (Cs) y Escudero (PP) desvelados por El País, el consejero naranja expresa su impotencia para contener el avance del virus y le advierte que si no le ayudaba en ese momento podría darse la circunstancia de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna”. También subraya a su compañero del Ejecutivo regional que si no se auxiliaba a las personas con discapacidad de cualquier edad, se podía incurrir "en una discriminación de graves consecuencias legales”.
Por su parte, El Mundo indica que la Consejería de Políticas Sociales envió en al menos tres ocasiones los mismos criterios de hospitalización de ancianos durante la pandemia que considera "ilegales". Las comunicaciones son del 22 de marzo, el 30 de abril y el 11 de mayo. Y en ellas se copia literalmente las mismas directrices de las que Reyero dijo estar "radicalmente en contra" el pasado lunes en la Asamblea de Madrid y que, señaló, "se habían distribuido en contra del criterio de Políticas Sociales".
La polémica de los borradores
La medicalización de las residencias ha sido el principal punto de fricción entre PP y Cs en la crisis sanitaria y en el partido naranja se subraya que la Justicia les está dando la razón. El TSJM desestimó a finales de mayo un recurso del Ejecutivo de Ayuso sobre este asunto y obligó a la Comunidad de Madrid a derivar médicos y enfermeros a cuatro residencias de la localidad de Alcorcón.
La polémica de esta semana ha sido los borradores sobre el trato a los ancianos en las residencias que primero sacó a la luz Infolibre. Ayuso no negó la existencia de los mismos, pero insistió en que no hubo tal orden, sino "la filtración de un borrador". Su propio consejero le enmendó parcialmente al reconocer uno de estos protocolos fue enviado "por error a los centro sociosanitarios".
El consejero de Sanidad ha explicado este viernes en Onda Madrid que "se trabajaron con hasta seis borradores" y que había sido un error enviar uno de ellos "porque era una propuesta que necesitaba del visto bueno de los geriatras, que son los que establecen el criterio clínico definitivo".
Así pues, el documento final es el del 25 de marzo, dos días después de que asumiera las competencias de Reyero en el cuidado sanitario de las residencias. "Los criterios de derivación son clínicos y estas decisiones corresponden a los profesionales. Se valora al paciente desde siempre. Desde antes de la crisis por el coronavirus", ha hecho hincapié.
"Cuando utilizas un recurso en el sistema sanitario tiene que ser para salvar vidas y no para prolongar la agonía. Siempre se ha actuado así", insistió. Y preguntado por las acusaciones de Reyero el pasado lunes, Escudero ha respondido incómodo: "No entiendo las actitudes del consejero de Cs".
