El pasado 20 de mayo se aprobó en el Congreso la quinta prórroga del estado de alarma con 177 votos a favor, 162 en contra y 11 abstenciones. A los partidos que forman el Gobierno se sumaron los votos afirmativos de Ciudadanos, PNV, Más País, Coalición Canaria, Partido Regional de Cantabria y Teruel Existe. La prórroga, sin embargo, quedó eclipsada por el revuelo armado por otra noticia. Al final de la tarde se conocía el acuerdo político firmado por Adriana Lastra, Pablo Echenique y Mertxe Aizpurua en nombre de sus respectivos grupos parlamentarios. Que los socialistas lleguen a un acuerdo con EH Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 tenía que causar estupor e indignación, como ha sucedido. No es sólo el qué, sino con quién.
La lectura del documento firmado deja claro, desde el encabezamiento, el propósito del mismo: es un pacto para la prórroga del estado de alarma. La retórica del ‘escudo social’ viene envuelta en el celofán nacionalista, pues se trata de un escudo para ‘el conjunto de pueblos y trabajadores del Estado’. Los pueblos delante y en plural naturalmente. Pero no todos los pueblos son iguales, de modo que el punto segundo del pacto establece que las comunidades vasca y navarra tendrán una capacidad de endeudamiento aparte. El punto principal, con todo, es que las tres fuerzas ‘se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral’ realizada por el gobierno de Mariano Rajoy y se fijan un plazo para ello, pues la derogación será efectiva ‘antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno’ para la gestión de la crisis provocada por la covid-19. A cambio de ese compromiso en tiempo y forma de los partidos que sustentan el gobierno, los abertzales se comprometen a ‘no obstaculizar la prórroga del estado de alarma’. Un eufemismo transparente para la abstención.
Para no obstaculizar la prórroga, efectivamente, ocultaron el acuerdo hasta después de la votación. Su conocimiento hubiera puesto difícil el apoyo de Ciudadanos y deja en posición desairada al PNV. Releyendo ahora las actas de la sesión, es difícil no ver una alusión velada al acuerdo en la respuesta del presidente a la portavoz de Bildu: ‘A la señora Aizpurua (…) le diré, como he dicho en otras muchas ocasiones, que ese compromiso de investidura que se puede materializar claramente en un gran acuerdo de distintas fuerzas progresistas, también con la suya, de derogar la reforma laboral, permanece indeleble’. ¡Ventajas del capitán a posteriori!
Lo cierto es que al día siguiente descalificó el acuerdo en los términos más contundentes: ‘Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar inseguridad jurídica"
El partido socialista envió a las pocas horas una nota aclaratoria a los medios, pero la aclaración suponía una rectificación en toda regla de lo pactado. El punto primero y fundamental se anula, dice la nota, que ofrece además una redacción alternativa sustancialmente distinta: ya no se trata de derogar la reforma laboral en su integridad, sino de corregir sus aspectos más lesivos para los trabajadores, recuperando derechos laborales y el papel de los convenios colectivos en el marco del diálogo social, sin fijar plazo. Mucho se ha especulado sobre el papel de la vicepresidenta económica en esa rectificación apresurada. Lo cierto es que al día siguiente descalificó el acuerdo en los términos más contundentes: ‘Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar inseguridad jurídica en estos momentos’. En caso de aprobarse sería Calviño quien tendría que vender la reforma de la reforma en Bruselas.
No puede decirse que el acuerdo haya sido un éxito político. En un momento tan delicado como el actual, deja al descubierto las costuras mal hilvanadas del Gobierno de coalición. Tampoco ha gustado nada a sindicatos y patronal, pues la CEOE ha cancelado los encuentros previstos con el gobierno. No parece la mejor manera de iniciar el diálogo social que el país necesita para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia. Por último, las cosas están peor en cuanto a los precarios apoyos parlamentarios del gobierno y no me refiero únicamente a mantener abierto el diálogo con Ciudadanos. Con las elecciones autonómicas a la vista, un acuerdo de esta naturaleza con Bildu y a sus espaldas no podía ser peor recibido por el PNV, cuyos dirigentes avisan que el tacticismo de Sánchez ha reducido la confianza a mínimos. ¿Y todo para qué? A cambio de cinco abstenciones completamente irrelevantes, que no hacían falta aritméticamente y que los abertzales habían ofrecido por adelantado. Si era un seguro, ha salido carísimo.
El mensaje del gobernado
La cosa tendría trazas de sainete si no fuera por la gravedad que imprimen las circunstancias. Hace unos días el gobernador del Banco de España advirtió en sede parlamentaria de la envergadura de la crisis económica que se avecina: por la magnitud de la caída del PIB, sin parangón desde la Guerra Civil, por la duración incierta de la pandemia y por afectar a toda la economía mundial. Alertaba así de la destrucción del tejido productivo y de sus devastadores efectos sobre las rentas de las familias, el empleo y las empresas. No hace falta tener un doctorado en economía para darse cuenta de que estamos en el peor momento para crear incertidumbre acerca de la legislación laboral y el mercado de trabajo. Si Hernández de Cos pedía el lunes un gran acuerdo político a la altura de la severidad del reto económico (¡capaz de mantenerse durante varias legislaturas!), nada más lejos que el papel firmado por Lastra, Echenique y Aizpurua: sectario, contraproducente, sin más alcance que salvar la votación del día.
Hay otra cosa. El mismo día en que se firmaba el acuerdo fue atacado el domicilio particular de Idoia Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Junto a los charcos de pintura roja arrojados a la entrada hemos visto las octavillas en las que se llama ‘asesinos’ a los socialistas vascos y a su actual líder. No se trata de un incidente aislado, pues se han producido más ataques contra sedes de partidos políticos como parte de las movilizaciones de grupos abertzales en favor de un preso etarra en huelga de hambre. Sin embargo, ha sido imposible consensuar una declaración conjunta en las diferentes instituciones, incluyendo el Parlamento vasco, porque EH Bildu se ha negado a condenar el ataque. Preguntada al respecto, la propia Aizpurua ha recurrido a un ejercicio de contextualización al viejo estilo batasuno, en el que las cosas malas suceden por una suerte de mecanismo causal despersonalizado: ‘El ataque que tuvo (sic) Idoia Mendia en el domicilio viene a consecuencia de una situación extrema que está pasando un preso vasco. Si no existiera esa situación, no sucedería esto’. Viene con contrafáctico abertzale por si no habíamos captado el nexo causal.
Los años del plomo
No puede decirse que sea una sorpresa. Es lo mismo que la izquierda abertzale, en sus sucesivas reencarnaciones de Batasuna en adelante, ha hecho durante los años de plomo en que la banda terrorista asesinaba a sus adversarios políticos, ya fueran militantes socialistas o concejales populares. Se entiende que el PSE afirme en un comunicado que ‘se han cruzado todas las líneas rojas’ con ese ataque, o que la propia Mendia señale la responsabilidad moral de la formación abertzale en el suceso. Lo que es del todo inexplicable es que a la vez la portavoz del grupo socialista, con el conocimiento del presidente de Gobierno, firme un acuerdo de esa naturaleza con los mismos abertzales a los que señalan sus compañeros del País Vasco, reconociéndolos así como socios parlamentarios perfectamente respetables. Eso era una línea roja antes de Sánchez.
Pacta sunt servanda. El vicepresidente segundo, seguido por Otegi, ha recurrido al adagio para recordar la necesidad de atenerse a la literalidad del acuerdo y la obligación de cumplir lo pactado. Por los clásicos sabemos, sin embargo, que el dicho latino se complementa con la cláusula rebus sic stantibus, es decir, lo pactado obliga mientras las circunstancias no cambien sustancialmente. Pocas dudas habrá de que la pandemia lo cambia todo y que los compromisos de la legislatura no pueden permanecer inalterables cuando todo lo demás ha cambiado. Cuando las promesas se basan en un error, o llevan a consecuencias desastrosas, es locura mantenerlas, decía Séneca. Pero la calidad moral de una promesa no sólo depende de lo que se promete, sino a quién y por qué. Ahí está lo peor de este asunto.
