Primero fueron las denuncias de los sindicatos, luego las querellas contra el presidente y varios de sus ministros. A la lista de acciones legales emprendidas contra el Ejecutivo por su gestión del coronavirus se han sumado ahora los escritos de víctimas de la pandemia. Algunas han optado por eludir las acusaciones contra altos cargos por la vía contencioso-administrativa en el Tribunal Supremo; han preferido perseguir, por la vía penal y a través de primera instancia, una condena contra funcionarios. Con esta línea de actuación intentan asegurar indemnizaciones por parte del Estado.
Una de las diferencias entre ambos caminos legales reside en que al acudir al Alto Tribunal y apuntar a una figura como Pedro Sánchez es necesario que los magistrados requieran un suplicatorio. Es decir, que pidan permiso al Congreso de los Diputados para llevar a cabo la investigación porque el acusado tiene condición de aforado. No tienen que pasar por dicho procedimiento quienes acudan a primera instancia y apunten a cargos medios que no cuentan con tal amparo. Existe, además, el precedente de una sentencia condenatoria contra funcionarios que ha derivado en la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración.
Este viernes, ha sido presentada una querella en los juzgados de Madrid contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, funcionario de la Administración que no está aforado. Le atribuyen un presunto delito de homicidio imprudente y uno de falsedad documental por su actuación en el marco de la gestión de la crisis de la covid-19.
Las indemnizaciones por la colza
En el documento, que aún no ha sido admitido a trámite, se hace referencia a la 'sentencia de la colza', un caso que -según apuntan fuentes jurídicas a este diario- sirve de precedente en materia de indemnización por parte del Estado. En aquella ocasión no fue condenado ningún alto cargo.
"Fueron condenados dos funcionarios públicos: Manuel Hernández Bolaños, director del Laboratorio Central de Aduanas, y Federico Povedano, responsable de importaciones de la Dirección General de Política Arancelaria", señala en el escrito la abogada Verónica Suárez, del despacho SF Litigación, en representación de una mujer que falleció a causa de la pandemia el pasado marzo en un hospital de Móstoles.
Aquella resolución condenó a la Administración al pago de las indemnizaciones porque dos funcionarios públicos estaban incluidos entre los responsables penales, según explica el abogado del Estado Emilio Jiménez Aparicio en su ensayo 'La ejecución de la sentencia de la colza', publicado en 2003 en la Revista Administración Pública (RAP). Para llegar a ese resultado condenatorio hubo que tramitar dos procesos penales sucesivos sobre los mismos hechos; fue en el segundo que se logró la condena estatal.
La Justicia consideró que el Estado era responsable civil subsidiario en el caso de la colza en virtud de la "solidaridad social" con los afectados. "La condición formal de responsable subsidiario requiere el incumplimiento previo del deudor principal —responsable civil directo—, algo que tuvo lugar a raíz de un auto de la Audiencia Nacional de 14 de abril de 1998, que declara la insolvencia de los dos funcionarios responsables directos", precisa Jiménez Aparicio.
27.000 muertes por coronavirus
La intoxicación masiva por la colza, que tuvo lugar en diferentes puntos de España desde abril de 1981, dejó alrededor de 350 fallecidos. Según los cálculos realizados por el abogado del Estado que consta en el ensayo, esta crisis de salud pública provocó un agujero a la Administración de 2.500 millones de euros.
En la querella presentada contra Simón, la dirección letrada ha pedido que se lleven a cabo diligencias por los "más de 27.700 homicidios por, cuando menos, imprudencia grave, si no mediante dolo eventual, dada la especialísima posición de garante del querellado que supone el puesto laboral que ocupa desde 2012".
Desde que se decretara el estado de alarma, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha ofrecido diariamente una rueda de prensa para comunicar la evolución de la pandemia. En el texto se le acusa de facilitar "una serie de directrices erróneas y contradictorias, haciendo creer a toda la población que el impacto de la covid-19 en nuestro país sería mínimo". Un juzgado de Madrid deberá determinar si resulta o no pertinente emprender una investigación penal contra el funcionario.
